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La posición de Argentina frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela

En el marco de del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno argentino respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“La Argentina, como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, busca una salida pacífica e institucional a la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, sin la injerencia externa de ningún tipo: ni militar, ni de seguridad, ni de inteligencia”, afirmaron desde Cancillería Argentina.

En tanto, instan al gobierno de Nicolás Maduro a “cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos” y a “implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”.

“Argentina mantiene su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana” sostienen.

A su vez promueven a “que se conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.

Antes de la presentación en el Concejo de Ginebra, el presidente Alberto Fernández había dado instrucciones a la Cancillería para que “valorar y apoyar con fuerza” el trabajo realizado por Bachelet y que se insista en “condenar los bloqueos y las sanciones” que “agreden especialmente al pueblo venezolano”.

El informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela contó con 22 votos favorables, entre ellos Argentina, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).

¿Cambios de postura?

Desde el entorno al canciller Felipe Solá aseguraron a Télam, que la definición de la Argentina en Ginebra no representa un giro en torno a la situación que atraviesa Venezuela y que “tampoco implica un cambio de mirada respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro”.

“La postura del Gobierno no se modificó en nada, ratifica la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido”, señalaron.

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