El exdiputado nacional, ex intendente de Famaillá y actual legislador no podrá ejercer cargos públicos. La justicia reconoció que usó su poder para intimidar a la víctima.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último intento del exdiputado nacional José Orellana para revertir su condena por abuso sexual. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia que lo condena a tres años de prisión en suspenso y lo inhabilita de forma perpetua para ocupar cargos públicos.
El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016, en uno de los anexos del Congreso de la Nación. La víctima, secretaria de la es legisladora Gabriela Troiano, ingresó al despacho del entonces diputado tucumano para transmitirle un mensaje. En ese momento, Orellana la abordó con comentarios de tono sexual, la abrazó y le besó la oreja sin su consentimiento. El ataque ocurrió dentro de su lugar de trabajo, bajo una relación jerárquica desigual.
Un camino judicial marcado por resistencias
En 2018, el Juzgado Criminal y Correccional Nº6 dictó la falta de mérito. Aunque la Cámara ordenó profundizar la investigación, poco después Orellana fue sobreseído. La fiscalía y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) apelaron esa decisión. Gracias a su intervención, y tras una revisión a cargo de los jueces Rodríguez Varela y Seijas, Orellana fue finalmente procesado por abuso sexual simple.
Durante el juicio oral realizado en 2022, el fiscal general Sandro Abraldes, el mismo que luego actuaría en el juicio por abuso sexual contra José Alperovich, remarcó que Orellana utilizó su investidura de diputado para intimidar a la víctima. Destacó la coherencia de su relato, que repitió a cinco personas en distintos momentos, y solicitó, además de la pena de prisión, la inclusión del perfil genético de Orellana en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, Federico Salvá, coincidió con el Ministerio Público Fiscal y lo condenó. La defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal, que en 2024 ratificó el fallo y advirtió que no se trataba de un “conflicto entre particulares”, sino de un abuso cometido en el marco de una relación de poder dentro del Estado.
Desde Ni una Menos Tucumán, publicaron un comunicado y exigieron “su remoción inmediata. Un condenado por abuso sexual no puede representar al pueblo tucumano. Su permanencia en funciones no solo es un acto de impunidad, sino una afrenta a todas las mujeres y disidencias que habitan y trabajan en esta provincia”.
El poder no es impunidad
La estrategia de la defensa fue llevar el caso hasta la Corte Suprema, que desestimó el recurso por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la acordada 7/2004. Con esta decisión, se cierra un extenso proceso judicial que tardó casi una década en reconocer la responsabilidad penal de un dirigente político con larga trayectoria en Tucumán.
José Orellana y su hermano mellizo Enrique se alternaron durante años el control político de Famaillá. Actualmente, a pesar de la condena, José Orellana sigue ocupando una banca como legislador provincial. Sin embargo, la inhabilitación especial perpetua para cargos públicos impuesta por la justicia podría poner fin a su carrera institucional.
El caso representa un precedente en el abordaje judicial del abuso sexual en ámbitos de poder, donde las relaciones jerárquicas y la figura pública del agresor suelen operar como obstáculos para las víctimas. La persistencia de la denunciante y la intervención de fiscales especializados fueron claves para que se garantizara justicia.
