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El organismo detalló la preocupante situación social que se vivió el año pasado y advirtió acerca de “una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión”.
La ONG Amnistía Internacional presentó su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo. En el minucioso estudio realizado en base a 2017, se analizó la situación de 159 países entre los que se encuentra la Argentina. En el contexto local, el reporte advierte acerca de “una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión”.
El informe detalla la gravedad de situaciones que se viven en el país tales como “detenciones indiscriminadas e incluso muertes como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”, que, según remarca la ONG “tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales”.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Durante 2017 se produjeron manifestaciones que “registraron picos de violencia inusitada”, como “la marcha de diciembre contra la reforma previsional, donde hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina”.
Amnistía subraya también que “en la concentración por el Día Internacional de la Mujer varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo”.
Sin embargo, el informe destaca que la creciente pérdida de derechos no se tradujo en una caída del activismo. “El creciente descontento social llevó a la sociedad en general a salir a las calles, defender sus derechos y exigir el fin de la represión, de la marginación y de la injusticia”. Ejemplo de ello fueron las
manifestaciones multitudinarias en apoyo a Santiago Maldonado, hallado muerto tras desaparecer en el contexto de una protesta interrumpida por la violencia policial en una comunidad mapuche, y el movimiento social de masas “Ni Una Menos”, que denunciaba los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS
“Hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina entre varios otros, son ejemplo de ello”, asevera también Amnistía.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, agregó como una amenaza creciente a la práctica de los derechos humanos el hostigamiento en redes sociales realizado por trolls.
Sobre el caso particular de Argentina, se advierte que “en los últimos años este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas)”.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El informe también hace mención especial a la situación de la violencia contra las mujeres. Según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre se registraron al menos 254 femicidios. Y denunciaron que “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
El informe también señala que en Argentina, las mujeres y las niñas siguen teniendo dificultades para acceder a un aborto legal cuando el embarazo supone un riesgo para su salud o es consecuencia de una violación. Sumado a que la despenalización total del aborto continúa pendiente en el Congreso.
INMIGRANTES Y REFUGIADOS
El informe de Amnistía cuestiona el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”.
En tanto, al recordar la promesa del Presidente de recibir 3000 refugiados sirios destaca que “el sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma”.
