A poco de cumplirse un año del incendio en la Brigada Femenina de Concepción que se cobró la vida de cuatro jóvenes, familiares piden que avance la causa para que llegue a juicio oral. Críticas a los dichos del Gobernador Osvaldo Jaldo.
La crisis carcelaría en Tucumán continúa agravándose. En 2015, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo que se ocupara del problema. Sin embargo aún no llegan las respuestas.
La semana pasada hubo un intento de “motín” en la sede de la Dirección General de Investigación policial, conocida como Brigada de Investigaciones, en calle Junín 850, pleno centro tucumano. Allí hay 65 personas alojadas. Si bien las versiones oficiales insistieron con el intento de fuga y de motín, familiares aseguraron que se trataba de un reclamo por mejores condiciones de arresto y que sean trasladados al Penal de Villa Urquiza como corresponde.
Las condiciones en todas las dependencias policiales son deplorables: comida en mal estado y de bajo valor nutricional, cloacas rebalsadas, falta de agua potable, hacinamiento, falta de atención médica, entre mucho otros.
Ante esto, el gobernado Osvaldo Jaldo declaró en la prensa: “Sabemos que estamos ante un problema grave y nos estamos ocupando. Pero prefiero la tranquilidad del ciudadano común antes que la incomodidad de los presos”. Esto generó gran malestar en familiares de víctimas de la desidia institucional, como ser el caso del incendio en la Brigada Femenina de Concepción, donde murieron cuatro jóvenes el pasado 2 de septiembre.
“El gobernador no se fija en la gente que está detenida. Cuando mi hija estaba detenida en Concepción de daban de comer sandwich de salame, a la mañana y a la tarde. A veces no le daban nada. Y aún no sabemos nada de causa, el fiscal nunca salió a dar la cara”, expresó José Luis, padre de María José Saravia, una de las víctimas.
El jueves 2 de septiembre de 2021, a las 17, se registró un incendio en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepción. A raíz del incendio, Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squilán, María José Saravia y Macarena Salina murieron por asfixia dentro de una celda cerrada con candado. En aquel momento, las tres mujeres policías encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte, fueron pasadas a disponibilidad.
La querella de la familia Saravia, representada por Martín Sandez, solicitó un pronto despacho a la Justicia para que se agilice la causa. “Lo que está irritando a los familiares son las declaraciones del gobernador, que él prefiere la tranquilidad de la sociedad a la integridad de los presos”, señaló.
“Por la situación de carcelaria cuatro familias perdieron a sus hijas. La responsablilidad es de los funcionarios, no de la población ni de los presos”. Desde la querella pedirán que se impute a funcionarios del Poder Ejecutivo, por inacción a los deberes de funcionario público. Entre ellos, al secretario de Seguridad de la provincia, Roberto Ibáñez.
“El gobernador lo que quiere hacer es atribuirle la responsabilidad a los presos, como queriendo mostrase riguroso, pero el rigor lo tiene que demostrar en contra de los funcionarios incapaces que tiene. Esa inación ha llegado a los tratos crueles e inhumanos alos detenidos”, sostiene el letrado.
Desde la querella piden la imputación de las policías intervinientes, pero también sobre las responsabilidades que pudieran tener también los funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Desde Andhes, organización que acompaña como querella a la familia de Macarena Salinas, también manifestaron la lentitud en el proceso y esperan que haya novedades en el corto plazo.
Actualmente se está construyendo el penal de Benjamín Paz, que, según informaron desde el gobierno, estará listo en diciembre de 2023. También están proyectadas alcaldías en Las Talitas, Banda del Río Salí, Delfín Gallo y en Río Seco. Hasta tanto, la crisis carcelaría continuará agravándose.
