A raíz de lo ocurrido en un colegio privado de Yerba Buena, Andhes pidió por la plena implementación de la educación sexual integral en Tucumán. 37 organizaciones adhirieron al pedido.
Desde la organización de derechos humanos Andhes, y en conjunto con la adhesión de 37 agrupaciones, esta mañana se presentó ante el Ministerio de Educación de Tucumán y la Delegación local del INADI (Instituto Nacional de Lucha contra la Xenofobia y la Discriminación) el pedido para que el Estado investigue los hechos ocurridos el 19 de octubre en el Colegio Pablo Apóstol, de Yerba Buena, cuando en una clase la profesora de Humanística presentó contenido homofóbico a los y las estudiantes de nivel secundario. La ONG solicitó que se tomen las medidas necesarias para que en el establecimiento educativo se garantice una implementación adecuada de los contenidos pautados por la Ley de Educación Sexual Integral (Ley Nº 26.150), a partir de capacitaciones al equipo de gestión, al plantel docente y a los y las adolescentes que integran la institución.
“Las declaraciones de esta profesora no solo demuestran homofobia, en detrimento de derechos constitucionales, sino que remiten a una clara desactualización y falta de sensibilización en su formación profesional”
Según manifestaron desde el Área de Género y Derechos Humanos de la organización, “las declaraciones de esta profesora no solo demuestran homofobia, en detrimento de derechos constitucionales, sino que remiten a una clara desactualización y falta de sensibilización en su formación profesional”. El Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1973 y, más tarde en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) procedió de igual forma. “Este discurso discriminatorio, en el que se escucharon frases como que ‘la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar’ y ‘escuchen bien: las personas que tienen atracción por el mismo sexo no están totalmente bien’, está basado en estereotipos y prejuicios religiosos y se agrava no solo por el lugar de poder que ocupa la docente en relación a los y las estudiantes, sino porque también legitima las ‘terapias reparadoras o de conversión’ que intentan cambiar o reprimir la orientación sexual y la identidad de género de una persona, particularmente dañinas para niños, niñas y adolescentes”, continúa el comunicado.
Desde la ONG también remarcaron que “el sistema educativo es una piedra basal para transmitir contenidos libres de prejuicios que contribuyan a erradicar la estigmatización de estos colectivos, de acuerdo con lo que marca la normativa nacional y los estándares internacionales vigentes en nuestro país, y su cumplimiento busca fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”. Además, mencionaron que el agravante a nivel pedagógico resulta cuando la constante exposición a la discriminación aumenta el nivel de ausentismo escolar de los adolescentes LGBT, ya que según una encuesta realizada a nivel nacional en 2016 por la ONG 100% Diversidad y Derechos e impulsada por CTERA, el 39% de los estudiantes LGBT aseguró faltar a la escuela, al menos un día al mes por sentirse incómodo o inseguro.
Finalmente, recordaron que, entendiendo que la educación sexual integral busca transmitir herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos, resulta crucial que las y los alumnos del establecimiento tengan oportunidad de capacitarse en materia reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos relacionados con las dimensiones biológicas, emocionales, culturales y sociales de la sexualidad humana y de su expresión, para propiciar formas de vivir la sexualidad respetuosas y responsables.
