Por Verónica Azpiroz Cleñan para el Grito Sur
Los dichos del Presidente de la República Argentina el 9 de junio sobre la identidad estatal argentina, según la cual los argentinos «descendimos de los barcos», nos da pie para instalar en la discusión pública la nueva agenda indígena en Argentina.
Desmalecemos
Estado no es igual a nación. Estado es una construcción política y jurídica que en el caso argentino se establece como república con un régimen democrático. Estado no equivale a nación. Nación es un conjunto de personas, un pueblo que porta una lengua, un territorio, una espiritualidad y una trayectoria histórica que da cuenta de un tronco cultural común, parentesco, mitos y símbolos. Tiene una forma particular de producir conocimiento y validarlo, otras epistemes y tiene una forma de comprender la naturaleza y convivir con ella como colectivo humano.
A partir de esta definición podríamos decir que la argentinidad no es una nación stricto sensu, dado que tiene una lengua impuesta que es el castellano, una religiosidad que es la católica y un territorio que fue conquistado/avasallado a los pueblos originarios. Hay capas de ocultamiento del genocidio indígena en el proceso de formación del Estado argentino que dan como resultado un andamio. Lo epigenético del Estado es que en su estructura, en su andamiaje, borra aquello sobre lo que está construido.
La ciudadanía es respecto a un Estado, por lo cual yo soy ciudadana argentina, pero pertenezco a la nación mapuche. Soy de origen mapuche y soy ciudadana argentina. Deseo que el Estado argentino sea plurinacional a través de una reforma constitucional. El giro en torno a los derechos políticos que las naciones-pueblos pre-existentes al Estado argentino queremos es político y jurídico. Pero también es cultural.
Para que el Estado argentino deje de ser monocultural y monolingüe, es necesaria la reforma constitucional. Los derechos políticos de las naciones indígenas se ejercen en un Estado Pluri-nacional. Las naciones son realidades pre-modernas. El sociólogo británico Thomas Marshall sostiene que la ciudadanía se construye en un contexto histórico (Inglaterra) donde primero se adquieren los derechos civiles, luego los políticos y finalmente los sociales.
En el caso de sociedades pluriétnicas, la ciudadanía política para naciones-pueblos originarios se ejerce en un doble status: por un lado, los derechos específicos (autogobierno, autonomía política, derechos lingüísticos, la reproducción del modo de vida como sujetos de derechos colectivos, etc.) y, por otro, los derechos universales e individuales como cualquier ciudadano/a.
Cuántos somos, dónde estamos, cuántos nacemos y cuántos morimos son datos poblacionales que debería entregar el Censo de Población y Vivienda (que viene retrasado desde el 2020) y las estadísticas vitales. Desde 2018, la organización a la que pertenezco, Tejido de Profesionales Indígenas, ha caminado, militado una propuesta para que en la etapa precensal se nominen los 39 pueblos originarios en la pregunta sobre autoreconocimiento étnico (variable) y se incorpore la pregunta (dimensión) sobre las lenguas indígenas, lenguas de señas, lenguas minorizadas en el cuestionario básico.
Ninguno de los últimos directores del INDEC, Jorge Todesca y Marco Lavagna, han aprobado nuestra propuesta, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación, no se ha pronunciado públicamente, ni ha convocado a las organizaciones indígenas a escuchar su voz. El INAI hace la parodia de la gestión. Los hechos que se describen muestran una continuidad institucional negacionista que bajo cualquier pretexto niega, expulsa, silencia la posibilidad de dar cuenta en términos demográficos cuántos somos y dónde estamos hoy.
La campaña por un millón de firmas para la inclusión de la pregunta lingüística tiene cuatro puntos para el INDEC. Uno de ellos es la incorporación de un cupo de censistas indígenas plurilingües y que se garantice la capacitación de todxs lxs censistas y se transfiera una copia de los resultados, sin procesamiento de datos, a las organizaciones indígenas. El umbral de tiempo ocasionado por la pandemia de COVID-19 abre la posibilidad al Estado para garantizar el derecho a la participación indígena en la etapa pre-censal.
Por si acaso faltara argumento para la nueva agenda indígena, detallamos algunas leyes que nos están faltando: ley de territorios indígenas (Régimen especial de propiedad por Código C y C), ley de derecho de autor ancestral y propiedad intelectual colectiva, ley de cementerios indígenas y espacios bioculturales sagrados, ley de cupo indígena, reforma judicial feminista que reconozca la justicia comunitaria ancestral y las intérpretes judiciales bilingüe, y ley de salud y modelos médicos ancestrales/indígenas para sanar la herida abierta. Va siendo tiempo…
