El femicidio de dos niñas en esa provincia y un posterior linchamiento sacaron a la luz la falta de formación en materia de violencia de género en las fuerzas policiales, y dejaron al descubierta la desidia estructural para abordar las problemáticas en los barrios vulnerables. Especialistas y activistas en género y derechos humanos, analizan la situación de una provincia que ve atacado su Estado de derecho.
Por Maby Sosa para Tiempo Argentino
La provincia de Tucumán vivió una semana convulsionada luego del asesinato de Abigail Riquel el domingo 18 de octubre. La nena de 9 años había salido hasta la casa de una vecinita a menos de 200 metros de la suya, en el barrio Villa Muñecas, San Miguel de Tucumán. Una hora después, y alertada por la ausencia de la nena, Sofía, la mamá, salió a buscarla. Supo que Abigail había llegado a la casa de la vecina pero como su amiguita no estaba debía haber vuelto a su casa inmediatamente.
Con preocupación fue hasta al seccional 12, de la capital, para denunciar la desaparición de su hija y pedir que la buscasen. Sólo dos efectivos recorrieron vagamente la zona y se fueron. Familiares y vecinos fueron quienes se organizaron en patrullas para buscarla. Alrededor de las 17, ocho horas después de haber desaparecido, su papá, Pablo Riquel, la encontró muerta.
La autopsia indicó que Abigail murió por un golpe contundente en la cabeza. Pero también que su femicida había intentado asfixiarla. Además, la nena presentaba signos de haber sido violada. El culpable, de acuerdo a un testimonio sería José Guaimás, apodado Culón. Según esta persona, la vieron a la nena de la mano con él esa mañana. Cuando los papás fueron a buscarlo, la casa donde vivía (que luego fue incinerada por los vecinos) ya estaba vacía.
Tres días después del crimen, mientras se desarrollaba la marcha convocada por Ni Una Menos Tucumán junto a la familia de Abigail, una turba enardecida, mataba a golpes a José Guaimás, el sospechoso de haber asesinado a la nena. La policía no pudo contener a la muchedumbre y cuando llegaron los refuerzos, los vecinos ya lo habían matado a golpes. Allí tampoco llegó a tiempo la policía.
Desde ese caluroso domingo al mediodía, se desencadenaron una serie de situaciones que tienen como trasfondo un Estado que no garantiza los derechos de sus ciudadanos, y que no protege (ni protegió) a los sectores más vulnerados.
“Yo no puedo hablar de una ausencia del Estado, porque el Estado está presente con esta línea: con ninguneo, con la desatención de las necesidades más terribles y de una forma misógina”, dice la psicóloga Vicky Disatnik, titular de la Casa de la Mujer Norma Nassif. “El Estado responde de manera insuficiente, abandónica. En este caso hicieron lo que hacen siempre, llamaron a la mamá para buscar un abogado, se hicieron cargo del cajoncito, pero esto no es lo que hay que hacer. Porque en ningún momento buscaron a la niña y después tampoco buscaron como corresponde al femicida”, afirma la mujer que con la multisectorial estuvieron desde un primer momento al lado de la familia garantizándoles contención y apoyo.
Para Disatnik, los hechos dejaron al descubierto principalmente la ineficacia de la policía que llevó a la muerte de Abigail y al linchamiento que provocó la muerte del femicida que debía ser arrestado, enjuiciado y condenado. “Una de las personas que tendría dar explicaciones es el ministro de Seguridad Claudio Maley”, expresó.
Tucumán registraba 14 femicidios hasta el mes de octubre. A ellos se suman los dos que se produjeron el domingo: el de Abigal Riquel y el de una nena de dos años, que también se llamaba Abigail y que murió por los golpes que le propinó su padrastro.
Desde el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Celia Debono manifiesta que lo que pasó con Abigail Riquel es la punta del iceberg. “Habla de la falta de políticas de prevención. Primero que nunca tendría que desaparecer una niña. Segundo que no se debería haber sido desoído el pedido de su familia”.
Esas políticas de prevención en materia de género no son suficientes o se implementan demasiado tarde en el Noroeste argentino. Tucumán fue una de las últimas en adherir a la ley Micaela y aún se niega a aplicar Educación Sexual Integral en las escuelas públicas.
“No hay respuestas para esta problemática. No hay políticas públicas eficientes, no hay presupuesto, no hay sensibilidad de género. Los policías, en el caso de Abigail Riquel fueron los primeros en estar en contacto con la familia de la víctima, y más allá de la obligación que tenían de salir a buscar a la nena, no hubo sensibilidad ante el problema que tenían esos padres. Estamos hablando de una niña de 9 años”, dice Debono.
Tanto para Debono como para Disatnik, hay que identificar a los policías responsables. “Fue también un hecho brutal el no haber salido a buscar a la nena en un tiempo oportuno. Nosotros estamos en una provincia que está cerca de la frontera, entonces la policía está obligada a activar el protocolo, a cerrar fronteras y a participar a todos los organismos de prevención, y no lo hizo”, coinciden.
En ese sentido, Debono afirma, “la situación es clara y objetiva de un barrio que carece de todo lo elemental. Estas cosas le suceden a la gente pobre, pero de una pobreza que viene acompañada de la imposibilidad de información y de poder defenderse. Si ese policía no toma la denuncia, se puede recurrir a otros números de teléfono o WhatsApp, pero la gente no está informada de eso. Entonces, volvemos a la falta de políticas de prevención, para al menos informarles a la gente que hay resortes y organismos que funcionan las 24 horas”.
Los casos de violencia de género aumentaron en brutalidad durante la pandemia. En veinte días de cuarentena se habían asesinado a 26 mujeres en todo el país. Desde el Ministerio de las Mujeres y diferentes organizaciones profundizaron el trabajo para frenar estas situaciones de violencia extrema, sin embargo, septiembre y octubre fueron meses oscuros para las norteñas.
“Todas las provincias del Norte estamos con esta problemática”, explica la titular de Cladem. “En Jujuy mataron a cuatro mujeres en menos de un mes y no pasó nada. Acá tampoco hay una reacción inmediata. Desde Ni Una Menos, que está integrada por 40 organizaciones de mujeres, hacemos notas, pedidos de aplicación de protocolo de manera eficiente, pero desde la Provincia hay un silencio espeluznante”.
Desde la ONG Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Fernanda Marchese, su directora ejecutiva explica que es necesario mencionar que se trata de niñas, como sujetas. “Los casos Abigail vienen a tirarle alcohol a esas heridas que tienen que ver con el Sistema de Protección Integral de la Infancia. Son niñas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, los casos que llegan a muerte de extrema violencia son en contextos de pobreza, es decir, son niñas pobres”, aporta.
Dolor, violencia, tragedia
El día del crimen de Abigail, Villa Muñecas y el barrio Congreso fueron escenario de situaciones violentas con la policía tucumana. Primero se negaron a buscar a la nena, pero una vez que se inició el corte de calle como forma de protesta, se armó un operativo enorme que terminó en represión cuando los vecinos enfrentaron a la policía para pedir explicaciones de por qué no quisieron buscarla.
“Hay una constante falta de respuestas del Estado en lo que respecta a prevenir y garantizar derechos. Esta ausencia es tan violenta, que a su vez genera un espiral de violencia incalculable, donde la sociedad recibe ese mensaje de abandono, por eso hay una sociedad indignada, dolida, enojada, con miedo, es un pueblo que no recibe respuestas del Estado, ni antes, ni durante, ni después. Con una justicia lenta y sobre todo con las niñas”, explica la directora de Andhes.
Para Debono, hay un patrón de impunidad. “Se alargan en el tiempo situaciones que se tienen que resolver con la inmediatez que la gravedad del hecho requiere. Hay un letargo en la justicia y una incredulidad en el sistema”, describe. “En esos barrios de situación de pobreza estructural tiene que haber mayor vigilancia, tiene que haber policías con perspectiva de género, tienen que garantizar lo mínimo y elemental. Entonces por qué no se focaliza una política con perspectiva de género dirigida a esos sectores para prevención”.
El mismo día que fue asesinada Abigail Riquel, en otro barrio vulnerable de la capital tucumana, fue asesinada una nena de 2 años. También se llamaba Abigail. Su mamá junto al padrastro la llevaron una clínica del barrio San Cayetano. Allí los médicos constataron que estaba muerta. Su mamá, quebrada, confesó que su pareja la mató a golpes, que lo hacía periódicamente y que ella también era víctima de amenazas por parte del feminicida.
“Esta nena tenía una mamá que vivía asustada y no tuvo ningún resorte. Las mujeres saben que, si denuncian estos hechos, no va a pasar nada. La Justicia también está un poco ausente de la problemática. Hay una gran falta de coordinación para activar políticas reales y destinar un protocolo para la prevención de la violencia. Una violencia en manos de un poder machista, patriarcal e impune, que como no pasa nada, avanza. En esos casos, siempre hay un grado más de violencia, por eso hay que detenerlo antes de que suceda. Es el motivo por el que decimos que el Estado es responsable, porque frente a estos resultados no hubo una medida anterior a estos dos fatídicos eventos justo en el Día de la Madre”, relaciona Celia Debono.
Cinco días después del crimen de Abigail Riquel, el gobierno de Tucumán presentó un protocolo para mejorar el sistema búsqueda de niñas, niños y adolescentes que por su desaparición puedan estar “alto riesgo inminente”. Las medidas que llegan tardísimo, contemplan la posibilidad de una denuncia por Whatsapp o de un formulario que podrá ser recibido por cualquier autoridad presente en la comisaría para que intervengan en forma inmediata los operativos de búsqueda.
La necesidad de trazar un patrón
Entre los terribles feminicidios que se sucedieron en Tucumán durante la cuarentena estuvo el caso de Erica, una nena de tres años que fue asesinada a golpes por el abuelo y su pareja.
“Desde el caso Érica venimos preparando recomendaciones para el sistema de protección integral de la provincia que tiene que garantizar derechos y no una respuesta del Estado al final. Tiene que prevenir con acciones que ejecute el Estado de manera integral: educación, social, salud, policía, seguridad en la protección de la niñez y sobre todo de las niñas que en estos casos se agrava con una violencia sexual”, explica Marchese. “Para esas recomendaciones, trabajamos con los servicios locales de infancia para fortalecer esa capacidad territorial de atención y acompañamientos a casos”.
Marchese afirma que la única manera en que se pueden dar respuestas, es viendo la relación entre todos los casos, que a simple vista parecen aislados. “¿Por qué digo que todas las violencias tienen que ver entre sí? Porque, por ejemplo, después del fallo penal del caso Lucía, en febrero, la justicia exhorta al poder Ejecutivo a que ponga en funcionamiento una mesa de seguimiento para las violencias sexuales contra las niñas. Eso nunca se ejecutó. Ahora la volvemos a pedir, pero son patrones de la falta de respuesta del Estado. En algunos casos se torna más visible porque hay un Estado que intervino, en otros porque obstaculizó directamente y en otros ni accionó”, expresa Marchese.
Inacción y brutalidad: la gravedad de los linchamientos
La cara del sospechoso de haber asesinado a Abigail rápidamente se expandió por las redes el mismo domingo. “Que lo encuentre la policía antes, porque si lo encontramos nosotros lo matamos”, dijo uno de los vecinos en la puerta de la casa de Abigail a un cronista de la televisión local.
La policía siguió los rastros de acuerdo a los datos que les aportaban los vecinos. Según ellos dijeron, hasta les avisaron la hora en que volvía a su refugio en el barrio Elena White y la hora en la que salía hacia el cañaveral a esconderse antes que amaneciera. Hubo helicópteros y motos que buscaron infructuosamente. Hasta que tres baqueanos salieron en sus caballos y encontraron a José Guaimás, apodado “Culón”. Dieron aviso a los vecinos, y a la policía. Inmediatamente llegó una muchedumbre, indignada dispuesta a asesinar a Guaimás. Tres policías intentaron rescatarlo, pero no pudieron. Cuando llegaron los refuerzos, Guimás estaba casi sin vida.
“La justicia por mano propia no puede existir en un Estado donde están las instituciones para que funcionen, donde hay un contrato social donde nuestros derechos deben ser garantizados por el poder estatal, tenía que funcionar la Justicia y acá no funcionó”, expresó Debono de Cladem.
Para Marchese el hecho sumado a la tardía respuesta del Estado ante el asunto (Manzur recién se refirió el jueves al linchamiento) provoca una sensación de vacío, peligrosa en la sociedad. Al día siguiente del asesinato de Guaimás un grupo de vecinos linchó a un adolescente de 16 años sospechado de haber intentado robar un celular. Lo golpearon entre 30 personas que le provocaron politraumatismos en el cuerpo y en el cráneo. El chico se salvó porque la policía y su mamá lo rescataron, estuvo internado por la feroz golpiza que recibió. No hubo ninguna denuncia en su contra ni contra sus linchadores.
“A través de los linchamientos, la sociedad manda un mensaje claro, el problema es que no sabemos cuál es el mensaje por parte del gobierno, que debe de ser de paz para frenar esta ola de violencia y de conflictividad social, un mensaje contundente y claro de que esto se tiene que acabar”, afirma Marchese. “Hay que volver a construir la institucionalidad. Estos hechos son un mensaje que tiene que tomar el gobierno, y lo debe hacer desde una perspectiva de derechos humanos”.
La falta de trabajo, la pobreza y ante todo una desigualdad que creció enormemente en los últimos años, sumados a la pandemia tomó un estado crítico. “La gente lo sabe y lo intuye: hay una desigualdad económica y hay una desigualdad en el acceso a la justicia. La justicia sí es clasista, es discriminatoria, es selectiva y es patriarcal, es misógina. Entonces, ante ese acceso desigual a la justicia hay un estado de derecho que aparece absolutamente diluído”.
“Es importante que el Estado pueda reconocer un patrón, como parte de una violencia que está arraigada en su misma estructura. Porque siempre en estos casos se suma una violencia institucional. Si ese padre no ha tenido una recepción de la denuncia como corresponde de la policía eso también es violencia institucional”, dice Marchese. “Hablar de estado de derecho en este contexto que está en crisis es bastante preocupante sobre todo por la historia de Tucumán. Es muy complicado cuando sentís que no hay ley”.
El turbulento asunto de los medios de comunicación
Apenas los vecinos encontraron a Guaimás, las imágenes del linchamiento fueron transmitidas casi en vivo en las redes sociales, y repartidas a través de WhatsApp. Lo sorprendente fue cuando los medios de comunicación las reprodujeron. Desde diferentes organismos, pidieron a los medios que no difundan ni las imágenes del momento en que encontraron muerta a Abigail ni del linchamiento de su supuesto feminicida.
La web del diario La Gaceta publicó la nota “En imágenes el linchamiento de Culón”. Ante las críticas recibidas, desde el programa de cable producido por el mismo medio, se explicó. “En las redes sociales nos criticaron por publicar estas fotos contra Guaimás. Las críticas son correctas, tal vez tratábamos de mostrar lo que pasaba, posiblemente fue un exceso. Pero seamos sinceros, vos la pasaste por WhatsApp, vos las pusiste en tus redes sociales. Estamos viviendo en un gran desorden para comunicarnos”, dijo el conductor olvidando tal vez la responsabilidad que tiene un medio de comunicación con respecto a las reglas que existen en las redes sociales.
La búsqueda del clic o del rating a través del morbo no es una novedad, aunque debiera ser una práctica en desuso al menos por los medios de comunicación.
“Los medios en general dejan mucho que desear, no sólo en este caso. No hay perspectiva del derecho en cuanto a la intimidad ni a la privacidad de la víctima; revictimizan constantemente a la víctima y a la familia con preguntas que no suman a nada, con imágenes que tampoco aportan. Es decir, perspectiva de derechos, nada”, analiza Marchese. “El rol de los medios debería ser fundamental para transmitir una información correcta, con perspectiva de derechos, chequeada y para mandar mensajes claros a la sociedad, mucho más cuando hablamos de crímenes donde están involucradas niñas y mujeres”, finalizó.
