Mientras sectores políticos y judiciales impulsan proyectos para endurecer las penas por “falsas denuncias” en contextos de violencia de género, un relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos muestra un escenario muy distinto al que intentan instalar. El informe concluye que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país. Es decir: una cada 1.098 investigaciones penales.

La investigación se realizó en el marco del proyecto legislativo S-0228/2025, que busca agravar penas vinculadas a denuncias consideradas falsas en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar e integridad sexual. Sin embargo, los propios datos relevados por los Ministerios Públicos contradicen la idea de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas.

De un universo de más de 8,2 millones de causas penales analizadas, sólo 7.517 correspondieron al delito de falsa denuncia previsto en el artículo 245 del Código Penal. El informe es categórico: “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”.

Pero además, el relevamiento aporta otro dato clave: la mayoría de las falsas denuncias no están vinculadas a situaciones de violencia de género. En las jurisdicciones que pudieron desagregar la información, el 86% de los casos correspondía a conflictos de otra índole —patrimoniales, vecinales, laborales— y sólo el 8% estaba relacionado con violencia de género o intrafamiliar.

Tucumán, entre las provincias que no respondieron

El informe también deja expuesta una ausencia significativa: Tucumán fue una de las ocho jurisdicciones del país que no aportaron datos al relevamiento federal. Junto a Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis y Santa Cruz, la provincia quedó afuera de un estudio que buscaba justamente producir evidencia empírica sobre un tema utilizado de manera recurrente en discursos mediáticos y judiciales.

La falta de respuesta de Tucumán no es un dato menor. En una provincia donde distintos sectores vienen impulsando discursos sobre supuestas “falsas denuncias” en casos de violencia de género —muchas veces para desacreditar a denunciantes o cuestionar políticas de protección— la ausencia de estadísticas oficiales impide conocer la dimensión real del fenómeno local.

El propio informe advierte que la carencia de sistemas de información adecuados constituye un problema estructural en gran parte del país. Muchas jurisdicciones ni siquiera pueden discriminar cuántas causas efectivamente corresponden a violencia de género.

El problema real: la subdenuncia

Uno de los puntos más contundentes del relevamiento aparece al cruzar estos datos con estudios nacionales e internacionales sobre violencia machista. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia realizada por la Iniciativa Spotlight y la Unión Europea en 2022, el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja nunca realizó una denuncia. En casos de violencia sexual, el subregistro es todavía mayor: el 88% no denunció.

Lejos de existir una avalancha de denuncias falsas, los datos muestran el problema inverso: las violencias de género siguen profundamente subdenunciadas.

En ese marco, el Comité CEDAW de Naciones Unidas recomendó este año al Estado argentino retirar el proyecto de modificación del Código Penal sobre falsas denuncias. El organismo alertó que ese tipo de reformas puede generar nuevas barreras de acceso a la justicia y desalentar las denuncias de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.

El informe también pone en discusión cómo se construye socialmente la idea de las “falsas denuncias”. En los últimos años, organizaciones feministas, abogadas y especialistas vienen advirtiendo sobre el uso político y mediático de la categoría “falsa denuncia” como herramienta para desacreditar denuncias de violencia de género, disciplinar a quienes denuncian y reforzar prejuicios históricos sobre la credibilidad de las mujeres.