Desde el Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos de la Mujer publicaron un comunicado sobre la muerte de Noelia Sosa, la joven tucumana oriunda de Trancas que se suicidó luego de ir a la comisaría a realizar una denuncia por violencia de género contra su pareja. La policía le dijo que vuelva más tarde, que no había nadie para tomarle la denuncia.
El caso de Noelia, la joven tucumana que se quitó la vida o a quien asesinaron luego de que la policía de la localidad de Trancas no le haya tomado la denuncia por violencia en contra de su pareja, nos obliga a repensar la responsabilidad del estado sobre las muertes violentas de mujeres y niñas.
Desde CLADEM consideramos esencial volver a poner en discusión el concepto de feminicidio para ir más allá de la figura del perpetrador y fijar la atención en lo que el Estado y sus poderes facilitan, por acción u omisión.
El feminicidio identifica un factor mas en las muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres, y ese factor es la acción u omisión del Estado para garantizar la vida libre de violencias de mujeres y niñas. Marcela Lagarde, antropologa feminista de México, plantea que para hablamos de feminicidio cuando concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Para Lagarde el feminicidio es un crimen de Estado.
Lo que sucedió con Noelia no es un caso aislado, el Estado Tucumano viene siendo un actor importante que permite los femicidios como el de Paola Tacacho, Claudia Lizárraga, María Medina, entre otras.
Sabemos que la investigación está en curso y exhortamos a la Justicia a que esclarezca de forma urgente lo sucedido garantizando una investigación con perspectiva de género.
Seguiremos hablando de que estamos frente a un estado feminicida porque entendemos que su proceder fue determinante en la muerte de Noelia. La negativa de la policía a tomar la denuncia es un síntoma de la falta de compromiso estatal en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La fuerza policial violó la ley y los protocolos de actuación para la atención de mujeres en situaciones de violencia, revelando su incapacidad para dar respuestas efectivas a quienes denuncian.
Consideramos que desplazar a la cúpula de la comisaría no es suficiente. El estado provincial debe garantizar que las fuerzas de seguridad en su conjunto actúen en el marco de lo que la ley indica, velando por la seguridad de las mujeres y niñas que buscan respuestas en situaciones de violencia.
