En nuestro país, sucedieron fenómenos migratorios de trabajadores europeos entre 1853 y 1930, en los cuales más de 6 millones de personas vinieron a este lado del continente, huyendo de la guerra, en búsqueda de una mejor calidad de vida y trabajo. Estas migraciones, trajeron consigo mucha desigualdad entre la demanda y la oferta laboral, ya que el mercado siempre favorecía la mano de obra de los varones, mientras que las mujeres debían seguir ocupándose de tareas informales y mal pagadas, parecido a lo que sucede en la actualidad. En este contexto, es que comenzó el incremento de la entonces llamada prostitución femenina.
En épocas muy cercanas es que surge el higienismo en Argentina, el cual centraba su mirada de salud en la prevención de enfermedades. El problema, es que esta corriente entendía a la prostitución como foco de infecciones y epidemias, depositando una gran responsabilidad y estigma en la espalda de las mujeres catalogadas como “portadoras de enfermedades”. La prostitución era considerada una plaga social debido a que rompía con la estructura monogámica del santo matrimonio. Debido a esto, las mujeres que ejercían esta práctica eran sometidas a constantes controles de salud y vigilancia por parte de la policía, el estado y las instituciones de salud.
¿Por qué es importante recordar todo esto? A lo largo de la historia política de nuestro país, y del trayecto de construcción feminista que se propone desde las agendas públicas, existen posicionamientos enfrentados y encontrados (muchas veces con diálogo, y muchas otras veces deviniendo en misoginia y discriminación) con respecto al trabajo sexual. La sociedad, en general, tiene una tendencia a reproducir los discursos abolicionistas que siempre han circulado. El problema reside en deslegitimizar o invisibilizar a las voces otras que se posicionan desde el trabajo sexual elegido y decidido con consentimiento.
En Argentina, no está prohibido el trabajo sexual (como si lo está el proxenetismo), pero tampoco tiene un marco legal. Al no ser reconocido por el Estado, no hay ningún tipo de seguridad social para aquellas personas que lo ejercen.
En líneas generales, no creo pueda ser polarizado con facilidad: o sos abolicionista o regulacionista. Lo que sí creo, es que urge darnos estas discusiones para el interior de las instituciones públicas, especialmente de salud, que son aquellas que ejercen prácticas de adoctrinamiento y castigo contra aquellas identidades que deciden sobre su cuerpo, estén o no en concordancia con la vara moralista subjetiva de cada quién.
Nuestro sistema de salud está fundamentado en lo que se conoce como Modelo Médico Hegemónico, el cual tiene la particularidad de tener una mirada, aparte de paternalista, sin perspectiva de género. Significa que no existe una mirada situada en mujeres e identidades feminizadas en el abordaje de la salud, ya sea en la prevención, promoción o tratamiento de patologías.
La estigmatización y discriminación que se ejercen desde las instituciones de salud, está avalada por un sistema totalmente colonial y patriarcal, en el cual quedan por fuera muchas de las disputas de autonomía corporal que se vienen sosteniendo desde las agendas feministas. Lo hemos visto con la lucha por el aborto, en Tucumán, cuando un gran porcentaje del personal de salud se ha declarado anti derecho. Entonces, ¿qué pasa con los controles y consultas de salud de aquellas personas que deciden trabajar sexualmente?
El trabajo sexual en primera persona: reflexiones necesarias
“Me llamo Estrella, tengo 31 años, me encuentro en proceso de tesis para la licenciatura de Trabajo Social. No soy tucumana, vengo de Tierra del Fuego y migré para poder estudiar.
Poder acceder a estudios universitarios era casi impensado para mí, ya que mi madre llega a Ushuaia desde Tucumán por medio de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy, cuento esto para poder relatar el proceso que me trajo hasta acá.
Luego de la Ley 26.364 y cierre de prostíbulos, mi madre decide ejercer, por sus propios medios, el trabajo sexual, con una constante insistencia de mi parte para qué se reconozca víctima. Ahí, entendí qué no estaba oyendo lo que ella percibió y cómo se sentía, definiéndose como Trabajadora Sexual.
Después de varios años en Tucumán, y tras la dificultad de poder conciliar salario digno y buenas condiciones laborales, decido ejercer el trabajo sexual virtual como una modalidad qué me permitía dedicar más tiempo a mi carrera y al desarrollo de mi vida, para poder así llegar tranquila a fin de mes.
No me posiciono de forma absoluta ante ninguna de las dos posturas extremas (qué pareciera ser las únicas dos), debido a que existen particularidades en el medio, propias de los sujetos y el contexto qué los circunda qué, si me colocara en uno u otro extremo, se perderían.
Entonces, trata de personas y trabajo sexual no son cosas iguales ni son excluyente. Aquí cabe el ejemplo de mi mamá qué comenté al principio.
Yo no creo que el trabajo sexual sea un trabajo “empoderante”, sino una estrategia de supervivencia qué utilizan ciertos sectores, especialmente los más excluidos de la sociedad.
El Estado, ¿qué mirada tiene?
Cuando hablamos del accionar estatal, en el cual lxs trabajadores sexuales transitan mayoritariamente, debemos pensar en el Sistema de Salud. Existe, a nivel macro, un discurso imperante devenido de diferentes luchas de poder qué se libraron. Lo qué tenemos qué hacer, es develar cómo se construyen esos discursos, cuáles son las evidencias sobre los cuales se edificaron y de ahí, cómo eso se baja a todas las instituciones estatales.
Tenemos, por un lado, la mirada moralista otorgada por parte de la Iglesia Católica, y por el otro, la mirada médico higienista. Ambas históricas, subyacen en la estructura no solo estatal sino en todo el conjunto social.
Con la irrupción del feminismo en nuestro país, los discursos comienzan a moverse. Si bien, nuestro país es abolicionista desde 1920, hoy existe esa misma bajada no solo en leyes concretas, sino en lo discursivo y en las posturas qué tiene el Estado, en donde todo es considerado trata, posicionando al otro como víctima qué debe ser rescatada de esto o de la “situación de prostitución”. Esa persona, pareciera qué pierde toda capacidad de decisión sobre sí misma.
Este discurso opera en el sistema de salud, de por sí es una institución expulsiva, especialmente con lxs trabajadores sexuales. Se sigue viendo a las trabajadoras sexuales como vector transmisor de enfermedades, por ello, cuando una TS va a una consulta, por ejemplo, odontológica qué nada tiene qué ver con su oficio, el profesional al enterarse de su ejercicio, le pide órdenes de sangre para identificación de ITS. Existen estudios realizados por la RedTraSex, las cuales arrojan que solo un 6% de TS tienen alguna ITS, en relación al resto de población que realiza otros trabajos.
Existe un pensamiento lineal entre ser trabajadora sexual y tener alguna infección de transmisión sexual. Esto es una estigmatización, como así también pensar qué son víctimas y qué necesitan cambiar su vida.
El poco acceso a la salud mental es otro factor de expulsión, no solo por la falta de turnos y la burocracia institucional, sino también porque estos profesionales pueden emitir juicios de valor sostenidos dentro de la moralidad, del “si está bien o está mal” realizar trabajo sexual. Existe una clara resistencia de les compañeres TS de acercarse a estas instituciones por lo violento qué puede ser, creando obstáculos en el acceso a derechos de la salud.
Necesitamos políticas públicas qué restituyan los derechos históricamente negados a este sector, por supuesto, pero también es necesario comenzar a desarmar esos discursos creando otros, desde la sensibilidad y concientización.
Es difícil pensar en un Estado garante de derechos siendo hoy un Estado abolicionista que no puede desbaratar las redes de trata, como así tampoco destinar los recursos necesarios para las víctimas. ¿Podría el Estado regular el trabajo sexual y garantizarnos derechos laborales a lxs trabajadores sexuales?
Ese Estado que no puede garantizar derechos laborales a sus propios trabajadores, los cuales están precarizados y tercerizados. Las expectativas tienen que estar depositadas en otros trabajadores, como los son los efectores de la salud, provocando transformaciones de abajo hacia arriba”.
Ausencia de perspectiva de género en la atención de salud
El problema actual, desde una mirada de salud, no es el trabajo sexual en sí, sino las condiciones de trabajo en las que se ejerce. La salud debería ser universal, sin discriminación racial, ideológica o de género. Se juegan en el medio muchas subjetividades del profesional de la salud que está de un lado de la mesa, y una usuaria de salud enfrente. ¿Qué trabajo es digno, cuál no lo es? ¿Por qué el estigma siempre recae en lxs que deciden con autonomía sobre sus cuerpos?
La comunidad +LGBTIQ padece, bajo esta sombra, el estigma también de ser portadora de infecciones de transmisión sexual cuando todes sabemos que son, en realidad, quienes tienen mayor conciencia y cuidado de la salud, y por eso hay un hábito en el chequeo médico anual.
Las mujeres tenemos incorporada la constancia en los controles ginecológicos debido a, entre varias otras cosas, la alta incidencia de cáncer de cuello de útero vinculado directamente con al HPV, virus de transmisión sexual. La pregunta es, ¿los varones cis heterosexuales no padecen ITS? Ellos si se enferman, por supuesto, pero no se controlan, por más promiscuos que sean aun siendo, muchas veces, los vectores que transmiten enfermedades a veces mortales a sus compañeras.
¿Acaso los controles obligados a trabajadoras sexuales son para proteger la salud de ellas mismas o para evitar que ellas contagien a varones? Bajo el paraguas de un Estado abolicionista que silencia, invisibiliza y no otorga marco legal al trabajo sexual, yo diría que sí.
Creo que es necesario que, desde la salud, la mirada enjuiciadora empiece a virar un poco y sacar del centro a la persona que ejerce el trabajo sexual para ponerla en las condiciones en las que ese trabajo sexual se ejerce.
Los feminismos hemos sabido construir desde siempre otras formas de hacer política. Si el objetivo es erradicar la violencia, conquistando derechos, es necesario construir puentes de diálogo con trabajadorxs sexuales para posicionarlos en un marco de regulación legal que les permita acceder a los beneficios a los que, finalmente, aspiramos todxs: derechos laborales, entendiendo que ese mismo Estado debe otorgar alternativas laborales para aquellxs que no eligen desde el deseo el trabajo sexual, o aquellxs que quieren abandonar el ejercicio pero no encuentran otro modo de sobrevivir a las constantes crisis económicas.
Me resulta interesante cuestionar la desinformación hacia el interior de los consultorios médicos que reproducen las lógicas estigmatizantes de vincular el trabajo sexual con una ITS, una lógica selectiva que deja por fuera la asesoría y consultoría que deberían darse a los varones sexualmente activos que ejercen sus actividades de manera irresponsable, alejadas de aburridos controles de salud, lejos de espéculos y ecografías, análisis de sangre y óvulos vaginales. La emancipación sexual, reproductiva y no reproductiva, se va a obtener en la medida que democraticemos la información hacia todxs, sin prejuicio.
Dejo el debate abierto, con más preguntas que respuestas, en el tratar de decodificar cómo repercute en el acceso a la salud, la falta de formación en género y diversidades que existe en lxs profesionales que tratan con personas.
