Como tallerista de Educación Sexual Integral, capacitando docentes aprendí a valorar la pausa del café. Si bien es conocido el vínculo inalienable entre la docencia y las harinas, este momento representa algo más. Al tallerista le permite medir el ánimo de cada grupo, recordar un mensaje o para cortar un debate que se extendió demasiado. A cada docente la pausa le permite responder el celular y realizar tareas de cuidado, la mayoría los usa también para resolver algún trámite. Capacitando aprendí que modificar una idea, cuestionar los prejuicios y aprender conceptos no debe ser una tarea que se haga con el estómago vacío.
Gracias a la ESI y al Programa ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), miles de adolescentes que asisten a las escuelas públicas y privadas de todo el país pudieron pedir asesoría en salud sexual e incluso acceder a métodos de cuidado no invasivos. El implante subdérmico se volvió accesible y cuenta con una gran adherencia. De hecho, descendió la tasa de fecundidad en la provincia. Todos los índices muestran que son menos las estudiantes que transitan embarazos no deseados, es decir, son más las personas que tienen herramientas para cuidar su salud y planificar su futuro.
Los talleres de ESI habilitaron la escucha de niños y niñas para denunciar los abusos y la violencia que sufrían. Aún así, sectores conservadores se oponen a estos talleres desde que se aprobó la ley en el año 2006. Por cada avance en derechos sexuales, fueron creándose reacciones organizadas de sectores conservadores, discursos que buscan crear pánico moral para discutir una y otra vez los mismos temas y no crecer en estos debates democráticos.
En nuestro país se consolidó un marco normativo actual y respetuoso de los derechos humanos. Algunas leyes se disputaron más y otras no. La ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género dieron vuelta un paradigma histórico y modificaron el futuro. La ley de cupo laboral travesti-trans y la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, son quizás las leyes que más sirvieron para la construcción del chivo expiatorio. Las mentiras útiles del odio: miles de mensajes de whatsapp diciendo que se le daba un monto fijo mensual a cada travesti, otros miles diciendo que muchas se “hacían trans” para cobrar ese dinero. Por otro lado, la disputa por la aprobación de la ley del aborto construyó a ese arquetipo de “feminista” por parte de los sectores conservadores, lograron fijar un personaje dantesco con pañuelo verde que asesina bebés y orina en todas las iglesias.
¿Funcionaron las políticas públicas con perspectiva de género?
La creación de áreas para abordar las violencias por motivos de género y los espacios de formación fue lenta, compleja y con poco presupuesto. El Consejo Nacional de la Mujer se creó en 1992 y pasó a ser Instituto Nacional recién en el 2017. Durante décadas el movimiento feminista denunció la falta de presupuesto y de políticas con perspectiva de género. Recién en el 2019 el Instituto pasó a tener rango y nombre de Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y desde su creación está entre los tres ministerios con menos presupuesto y entre los 7 con menos planta de trabajadores. Ninguna trabajadora de la línea 144 se hizo millonaria, y ninguna vive de un solo empleo.
La primera gran trampa del lenguaje en la que caímos fue la de medir la efectividad de una institución exclusivamente con el índice de femicidios. Durante estos años varios objetores se pasearon por los medios diciendo “siguen sucediendo femicidios, no sirven para nada, se roban la plata”. Es algo así como pedir que los hospitales cierran sus puertas porque aún siguen habiendo enfermedades, o que se destruyan las escuelas porque todavía hay un porcentaje de analfabetismo en el país.
Las políticas públicas, cualquiera sea su tema, necesitan tiempo para poder ser evaluadas con seriedad. La crítica al Ministerio desde cierto sector no vino por lo que no se hizo, sino precisamente por lo que sí pudo hacer, que es dotar de espacios institucionales para la perspectiva de género y diversidad en el Estado. En las provincias y municipios se crearon espacios específicos, qué es un primer paso para garantizar derechos.
Más de 230 mil personas tuvieron capacitaciones en Ley Micaela, para empezar a abordar todo lo que pasa en los espacios laborales y reproducen violencia. Casi dos millones de mujeres y personas LGBTIQ+ fueron alcanzadas por las políticas de igualdad, prevención y abordaje integral de la violencia en todo el país. La Línea 144 recibió 1 millón 200 mil de comunicaciones y se realizaron 93.783 intervenciones.
El ministerio articuló con 147 organismos para certificar sus formaciones. Trabajar sobre los asuntos más humanos y cotidianos no es sencillo ni puede hacerse como quien aprende una fórmula matemática. Los resultados fueron dispares, pero en todas las formaciones sucedieron cosas y en muchas se iniciaron procesos de revisión de prácticas, en muchos otros de denuncia y exposición de vulneraciones de derechos.
El ministerio garantiza el cumplimiento de las leyes de protección integral de las mujeres, violencia, la ley micaela, la ley de identidad de género y otros tantos convenciones internacionales frente a los que nuestro país asumió compromisos. Y si como sociedad, o como movimientos, acordamos que lo que hizo mayormente está mal, deberíamos estar debatiendo cómo mejorarlo, hacia dónde deben dirigirse los trabajos y quienes pueden coordinar este esfuerzo. No su cierre.
Quienes habitamos espacios de género y diversidad, nos adentramos cada vez más en debates propios sobre nuestro modo de ver al mundo. En simultáneo en la calle millones de personas aún no saben bien qué significa la sigla LGBTI o de cuántos tipos y modalidades de violencia existen. Complejizamos los debates, avanzamos en la deconstrucción dentro de la deconstrucción y nos olvidamos o nos resistimos a simplificar. Que simplificar la comunicación sea un problema para quienes queremos garantizar derechos, y en contraposición se vuelva una herramienta muy usada para quienes quieren quitarlos, debería por lo menos quitarnos el sueño.
Miles de personas entre las cuales se encuentran mujeres y diversidades, desean el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad como un acto de justicia. La única certeza que podemos tener, es que eliminar las instituciones no soluciona los problemas que lo originaron en primera instancia.
Cuando baje la espuma del odio construido, cuando ya no se pueda usar la agenda de género y diversidad para culpar por los asuntos económicos, de todos modos, allí están las mismas violencias por las cuales se pide la creación de un ministerio, y por las cuales se sancionó cada una de las leyes en las últimas décadas.
