Durante la audiencia que se realizó esta mañana ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción por la causa contra los médicos que interrumpieron el embarazo “Lucía”, el juez Enrique Pedicone declaró la nulidad de la citación realizada por Giannoni.
El complejo caso conocido como “Lucía”, continúa dejando expuestas las tramas que se tejen para impedir el acceso a los abortos no punibles, previstos por la ley en la provincia que fue declarada “provida”.
En este capítulo, quienes están siendo perseguidos son los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, quienes garantizaron la interrupción del embarazo de la niña de 11 años, embarazada producto de una violación intrafamiliar.
Los médicos acudieron al Hospital del Este a pedido del SIPROSA, y desde entonces, están siendo perseguidos penalmente por la fiscala Adriana Giannoni, quien los imputó por “homicidio”.
Los abogados y abogadas del matrimonio médico, de la organización Andhes, entienden que se trata de una persecución y amedrentamiento, de modo de instalar y sentar precedentes para seguir negando y obstaculizando el acceso al aborto no punible. “No tiene ningún fundamento legal y creemos que es un caso de injusta y verdaderamente infundada persecusión en su contra”, sostuvieron durante una conferencia de prensa esta mañana.
El vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Enrique Pedicone, emitió un fallo la semana pasada que cuestiona la parcialidad del juez Facundo Maggio y la fiscal Adriana Giannoni en la causa. Ambos fueron recusados de la causa.
“Mis defendidos actuaron por expreso pedido de las altas autoridades del sistema de salud”, sostiene Gargiulo. Previamente advirtió la legalidad de la interrupción del embarazo por responder a las causales previstas en el marco de la ley.#NiñasNoMadres#Tucumán
— La Palta (@Col_LaPalta) August 5, 2019
El mismo día que el juez firmó la recusación, Giannoni libró una citación para indagar a Gijena y Ousset como imputados. En la audiencia de hoy, a la cual Giannoni no se presentó, el mismo juez anuló la citación y confirmó la recusación de la fiscal, sobre la que además pesa una denuncia penal por “coacción y abuso de autoridad, radicada por la diputada nacional Teresita Villavicencio.
Pedicone expresó que “una fiscal no puede tener una acción militante en sus funciones”, y agregó que “no puedo dar la nulidad en relación a todo lo actuado, pero sí puedo remitirme a la citación de mañana”.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y feministas acompañaron la audiencia en la puerta de tribunales penales.
El caso de Lucía y las repercusiones que sigue teniendo, tomó relevancia internacional. El el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Acnudh) emitió un dictamen planteando que “urge al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica (en referencia a las denuncias públicas realizadas por Gijena y Ousset) y a que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad”.
