La Comunidad de Chuschagasta exige que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirme la sentencia contra los asesinos de Javier Chocobar, luego de que quedaran libres al cumplirse el plazo de la prisión preventiva. Aún no cobraron las indemnizaciones correspondientes.
A casi dos años de la sentencia que condenó a Dario Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso por el crimen de la autoridad indígena Javier Chocobar, la Comunidad Chuschagasta realizó una jornada de visibilización exigiendo que la Corte Suprema de Tucumán confirme la sentencia contra los asesinos.
La semana pasada, los jueces María Fernanda Bahler, Wendy Kassar y Emilio Páez de la Torre dejaron en libertad a los condenados por el crimen, por un “descuido” de la Corte Suprema de Tucumán, ya que venció el plazo de prisión preventiva (24 meses previstos por la ley) bajo caución de $1 millón para los condenados, cuya sentencia aún no quedó firme.
En el marco de la movilización, realizaron una presentación a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), para que deje firme la sentencia contra Amín, Gómez y Valdivieso, condenados el 24 de octubre de 2018.
“Vemos que en la Justicia hay un vacío legal terrible, una desidia. La Justicia tucumana mira para otro lado y parece que los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales de nosotros como pueblos originarios son de segunda”, afirmó Nancy Chocobar, vocera de la comunidad Los Chuschagasta en la conferencia de prensa a la que convocaron esta mañana.
“El año pasado intentamos varias veces acercar nuestra preocupación a la Corte Suprema para decirles que por favor se expidan porque es de suma importancia y no conseguimos ninguna respuesta”, sostuvo.
La Comunidad manifestó su temor ante la liberación de los imputados, ya que recibieron innumerables amenazas durante los nueve años que duró el lento proceso judicial. “Uno no puede estar tranquilo en nuestro territorio debido a que estos asesinos están libres”, manifestaron
“Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial blanco, occidental y fascista deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad”, señalaron en un pronunciamiento.
“Creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor; sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial vuelve a actuar en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales”.
La Justicia no solo adeuda una sentencia firma, continúa pendiente la acción civil con las respectivas indemnizaciones. En el fallo de 2018 también se hizo lugar, en forma parcial, al pedido de reparación por el daño moral contra Antonia Hortensia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar, quien debe recibir la suma de 735.000 pesos, Andrés Mamaní 847.550 pesos que ayudarán a procurar su recuperación de los daños sufridos, y Emilio Mamaní 509.160 pesos.
El fallo también estipula que, cuando lo cobren, recibirán la actualización correspondiente fijada por el Banco Nación, que correrá a partir del día de la sentencia.
“Andrés Mamaní, una de las víctimas, tuvo problemas graves de salud y no pudo vivir el juicio. La indemnización que se reconoció en la Sala a él y a su familia le vendría muy bien para brindarle una mejor situación habitacional, una mejor atención a su salud”, sostuvo la abogada Julia Albarracín quien lleva adelante el proceso civil.
Javier Chocobar era el sostén de su hogar. “Todo este tiempo su familia tuvo que debatirse entre la búsqueda de justicia y saldar todo lo significaba la presencia de Javier. Por otra parte, Emilio Mamani sufrió heridas causadas por los imputados que lo dejaron incapacitado para realizar las actividades cotidianas que requiere el trabajo rural”.
“La Corte tiene que considerar que se está prohibiendo a las víctimas poder gozar de una indemnización que les es debida por derecho”, cerró la abogada.
La comunidad indígena Los Chuschagasta volvió a poner sobre la mesa el conflicto territorial que, en 2009, derivó en el asesinato del dirigente Javier Chocobar, a manos de Darío Amín, condenado en 2018 por ese crimen a 22 años de prisión. Por otro lado, los ex policías Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso condenados a 18 años como cómplices por tentativa de homicidio y portación de armas en los casos de Emilio y Andrés Mamaní.
