La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que investigue los hechos “con la debida diligencia”, sancione a las personas responsables, repare a las víctimas y tome medidas para cesar el uso de comisarias como lugares de alojamiento permanente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de las cuatro jóvenes en un incendio en la Brigada Femenina de Concepción. Las mujeres estaban privadas de su libertad, y no correspondía que estén detenidas en esa dependencia policial.
Desde la CIDH, instaron al Estado argentino a investigar los hechos “con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente“.
El organismo manifestó su preocupación y pidió al Estado “esclarecer los hechos, sancionar a las personas que hayan tenido algún grado de responsabilidad, y reparar a las víctimas. En particular, considerando que las víctimas eran mujeres privadas de su libertad, la CIDH recuerda a los Estados su deber de actuar con debida diligencia reforzada en la prevención, protección, investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia y discriminación basada en género”.
El hecho sucedió el jueves 2 de septiembre. Cerca de las 17hs, se registró un incendio y habrían sido los vecinos quienes dieron aviso a los bomberos. Adentro, encerradas en una celda con candado, se encontraban María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Sanquilán, ninguna superaba los 25 años. De acuerdo a los datos aportados por familiares, el centro de detención policial carecía de elementos de protección ante incendios y las instalaciones eléctricas no se encontraban en buenas condiciones. Sumado a dichas condiciones, los hechos se enmarcarían en un contexto de hacinamiento y deplorables condiciones de detención.
A través de sus distintos mecanismos, la Comisión Interamericana ha manifestado su especial preocupación por la situación en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías. En particular, advirtió que estas personas permanecen alojadas en dichos establecimientos durante meses, pese a que están destinados a detenciones transitorias, caracterizados también por falta de infraestructura y servicios básicos para garantizar condiciones de detención respetuosas de la dignidad humana.
Al respecto, la Comisión recordó que los Estados tienen un deber especial de protección respecto de las personas bajo su custodia. “Esta obligación implica garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, y adoptar medidas necesarias que permitan prevenir situaciones de riesgo que amenacen su vida e integridad personal”.
