Caso Tacacho: sostienen que la Comisión de Juicio Político garantiza la impunidad de jueces y fiscales

Desde el Colectivo Ni Una Menos, señalan la complicidad de la Legislatura ante los numerosos pedidos de juicio político que se presentaron contra el juez Francisco Pisa y y la fiscal Mariana Rivadeneira por sus actuaciones en el caso Tacacho.

A pocos días de un nuevo aniversario de la manifestación Ni Una Menos, que instaló como fecha de reclamo ante la violencia machista el 3 de junio, la herida que dejó el femicidio Paola Tacacho continúa rasgándose ante la falta de respuestas.

Este caso pasó a la historia de hechos lamentables en la provincia por haber dejado al descubierto la ineficacia del Poder Judicial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Paola había realizado más de 13 denuncias durante cinco años contra Mauricio Parada Parejas, a quien solo conocía por que había sido su alumno en un instituto de inglés en 2015.

El 30 de octubre de 2020 la asesinó con un cuchillo en la vía pública y se suicidó. Desde entonces, su familia, amistades y organizaciones reclaman que se investigue y sancione a las y los funcionarios judiciales que no escucharon sus pedidos de auxilio y archivaron, subestimaron e impidieron que la joven pueda vivir una vida libre de violencia.

Así, se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra el juez Francisco Pisa, quien fue salvado por el gobernador Juan Manzur al aceptar la renuncia condicionada y luego nuevamente rescatado por la Comisión de Juicio Político el 24 de febrero de 2021 al clausurar las actuaciones, incluso en contra de lo que estipula la propia ley que supone la suspensión del trámite durante 60 días.

El Colectivo Ni Una Menos, advertidas de semejante discreción, solicitaron se reactive el proceso de juicio político contra Pisa. La comisión legislativa de Juicio Político se limitó a tomar conocimiento de los reclamos para que reactive el procedimiento. Además, con siete votos contra dos, descartaron una nueva denuncia contra la fiscala Mariana Rivadeneira, quien archivó dos de las 13 causas de Tacacho, y se desentendió de una tercera.

“No se puede esperar nada de esta comisión de juicio político, ni de esta Legislatura, garante de la impunidad de jueces y fiscales”, señaló Alejandra del Castillo, referente de Ni Una Menos Tucumán, y recordó que permitieron que al juez Pisa “lo salve Manzur dilatando los tiempos para expedirse”.

Actualmente, la esta comisión está conformada por Raúl Ferrazzano, Zacarías Khoder, Raúl Pellegrinio, Fabián Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Darío Monteros, Adriana del Valle Najar, Graciela Gutierrez, Tulio Enrique Caponio, Francisco Gómez, Mario Casali, Sergio Mansilla.

“En esto no solo tienen responsabilidad los integrantes de la comisión de juicio político sino toda la Legislatura que se llama al silencio y de esa manera convalidan la impunidad para Pisa”, expresó.

Además, alertó que “las mismas maniobras de impunidad ya la están haciendo con la fiscal Mariana Rivadeneira cuya actuación en cuatro de las causas iniciadas por Paola Tacacho son también violatorias de normativas nacionales e internacionales en materia de protección a víctimas de violencia de género e incluso contrarias a la ley”.

La Comisión de Juicio Político trató ayer el pedido de juicio político realizado por Ni Una Menos bajo el argumento de que no hay fundamentos para enjuiciar a Rivadeneira. “Son una institución reaccionaria y garante de la impunidad, su principal propósito es defender los privilegios e intereses del poder político y los poderosos. El camino para desmantelar este sistema que avasalla nuestros derechos es la lucha. No piensen que vamos a dejar que esto pase“, cerró la referente.

Las causas donde intervino Rivadeneira

-El 9 de Septiembre de 2016, Paola Tacacho inició su cuarta causa penal contra Mauricio Parada Parejas en la cual denunció “Me siento vulnerable, y temo por mi integridad física y psíquica”, y añadió que había llamado dos veces al 911 para que actuaran frente a la violación de la restricción de acercamiento, pero que el servicio policial de emergencia siempre llegaba cuando Parada Parejas ya se había ido. Esta causa fue archivada en dos meses y medio luego de una investigación de 24 horas de la policía por la que la fiscal Rivadeniera consideró que había “pruebas insuficientes”.

-El 27 de junio de 2017, Paola realizó dos denuncias en la misma comisaría 1° a distinta hora, a las 9:15 hs de la mañana y a las 20:07 hs de la tarde. En la primera manifestó que su entorno familiar y amigos habían recibido mensajes amenazantes contra su persona cuando existía una medida de restricción informando también que la asediada a ella en la vía pública. Acudió para hacer la segunda denuncia debido a la presencia de Parada Parejas en su domicilio y adjuntó fotos. Luego de 10 días Paola se presentó de manera espontánea ante Fiscalía manifestando su deseo de ser oída y posteriormente lo hizo un amigo testigo del infierno que vivía la joven. En los dichos de la fiscal, según consta en el expediente, “el hecho que la denunciante atribuye al denunciado no tipifica en delito alguno de Código Penal de la Nación” (…) “Que conforme surge de la declaración testimonial obrante en fs 27 no se puede establecer con precisión que el hecho, se haya producido el día denunciado. En consecuencia corresponde desestimar la denuncia de autos por no ser materia propia del fuero penal de la provincia y archivar las presentes actuaciones”.

-En la cuarta causa la fiscal asume luego de las actuaciones de Navarro Dávila quien deja sus funciones para asumir como Ministro de la Defensa. Este en su momento ordenó pericias psicológicas a Parada Parejas,, y en razón de lo recabado, ordenó su detención y como condición para su liberación solicitó se imponga la obligación de presentar un certificado mensual, que acredite su concurrencia a terapia. Desconociendo todas esas actuaciones Rivadeneira remite el expediente de referencia a la unidad especial para la resolución de causas donde de manera ilícita el auxiliar fiscal Isa, bajo la venia de la fiscal, aduciendo “falta de impulso procesal” y “falta de espacio físico suficiente tanto para el personal como para la cantidad de expedientes que se encuentran en trámite”, dispone el archivo de la causa.

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