| Por Darío Aranda para Tierra Viva
Desde el lunes al mediodía, Andalgalá vive una seguidilla de allanamientos arbitrarios y violentos contra asambleístas socioambientales. Como en años de la dictadura cívico-militar, hubo procedimientos policiales durante la noche. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Soledad Rodríguez y Hugo Costilla, y el juez Rodolfo Cecenarro, y apuntaron estratégicamente contra referentes de la lucha contra la megaminería. El trasfondo de la represión es la instalación del proyecto Agua Rica, en manos de las multinacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont).Policías de civil, en autos sin patentes, intimidan a vecinos. Investigadores del Conicet y de la Universidad de Catamarca repudiaron la oleada represiva.
A las 22.10 llegó el audio de WhatsApp con una voz entrecortada. “En estos momentos están allanando la casa de personas que luchan contra la minería. Detienen a personas que solo marcharon el sábado, incluso a comunicadores que solo registraron la caminata. Nos sentimos totalmente desprotegidos, perseguidos ideológicamente y atemorizados ante un Estado que no respeta las garantías constitucionales”. Era la descripción y sentir de Ana Chayle, comprometida asambleísta que enfrente desde hace cinco días amenazas y campañas difamatorias en redes sociales por trolls.
La Asamblea El Algarrobo, principal víctima de la represión, denunció ayer a la tarde “hostigamiento y persecución policial”. Y enumeró:
-Vehículos sin patentes (en particular una camioneta blanca Chevrolet) apostados frente a las casas de los asambleístas.
-Policías filmando de manera ilegal a activistas socioambientales.
-Drones sobrevolando las casas de personas relacionadas a la defensa del agua.
-Policías con rostros cubiertos y armas largas que se apostaron frente a viviendas de vecinos que suelen asistir a las caminatas de los sábados (en rechazo a la minería).
-En el centro de Andalgalá, una combi negra y un patrullero que “hacen guardia” ante familias conocidas por defender el agua.
Los operativos policiales se produjeron luego de la masiva movilización del sábado pasado, que incluyó el incendio de las oficinas de Minera Agua Rica y destrozos en el local del Frente para la Victoria.
Horas después del comunicado, ya de noche, comenzaron nuevos allanamientos contra vecinos de Andalgalá.
“Estamos frente a una caza de brujas. No sabemos qué delitos se le imputan a nuestros compañeros, solo se está persiguiendo a quienes estuvieron activamente sosteniendo los bloqueos selectivos e informativos desde el 22 de Marzo, Día Mundial del Agua, a quienes pusieron el cuerpo y la cara. Y no se está investigando ni la participación de terceros, ni la sospechosa demora de los bomberos. Y mientras la población es fuertemente intimidada, las máquinas siguen perforando el cerro, que es el centro de nuestro reclamo”, denunció la Asamblea El Algarrobo.
Cárcel por defender el agua
La Asamblea El Algarrobo recordó que el juez Rodolfo Cecenarro no ofrece garantías legales porque “en más de una oportunidad” manifestó que quería ver preso a Aldo Flores, docente jubilado e histórico asambleísta. Flores fue detenido el lunes y aún sigue incomunicado sin saber de qué se lo acusa.
También están detenidos Walter Mansilla, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela y Damián Abel.
La Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa (Fatpren) denunció la detención de comunicadores: “Exigimos la inmediata libertad del reportero gráfico Walter Mansilla y del periodista Enzo Brizuela, detenidos por hacer su trabajo, y de todas las personas apresadas injustamente en Catamarca”.
La Asamblea exigió la inmediata libertad de los vecinos y remarcó que el único motivo de las detenciones es la defensa del agua y del territorio. “Entendemos que estos atropellos pretenden intimidarnos, amedrentarnos para que discontinuemos nuestra presencia, para que el miedo nos paralice”, afirmaron.
La Unión de Asamblea de Comunidades (UAC), que reúne a colectivos de todo el país en resistencia frente al extractivismo, apuntó al fondo de asunto: “Se abrió un nuevo capítulo en el enorme libro de nuestras luchas contra la megaminería: MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) comenzó a operar ilegalmente en el Nevado del Aconquija. Y lxs catamarqueñxs dijeron una vez más que no (…) Somos muchxs lxs que sentimos ese nudo en la garganta, esa angustia asfixiante de saber que están perforando los cerros y de tener compañerxs presxs”.
“En Andalgalá se ha socavado la democracia”
El Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (del Conicet y la Universidad Nacional de Catamarca) emitió un detallado documento donde repudió la violencia contra los asambleístas y realizó una análisis estructural e histórico de la violencia que la megaminería (junto con el sector político y judicial) aplicó sobre la población.
“En Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo primero que violenta la voluntad popular y el Gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los ’90, fácticamente una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos”, explica.
Detalla que el marco normativo que rige la minería transnacional “ha creado un muro de privilegios para un tipo de explotaciones completamente controlada” y dominada por el capital extranjero. Firmado por catorce investigadores, recordaron que la la minería trasnacional no tiene licencia social en Andalgalá y afirmaron: “Perseguir (a quienes cuestionan la megaminería) es un acto de injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer que, en pleno Siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y lacerante de América Latina. La vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia”.
