Hace algunos días, Tucumán estuvo en el foco de la tormenta luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara medidas restrictivas, a través de un decreto, en contra de los estudiantes que se vieran involucrados en peleas callejeras a la salida de las instituciones educativas.
El decreto que lleva la firma de Jaldo, da luz verde a la policía de Tucumán para detener a los y las adolescentes menores de edad, lo cual a pesar de estar redactado en un decreto oficial, sigue siendo ilegal ante menores de 16 años.
Actualmente en Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, la edad de imputabilidad se estableció en los 16 años. Sin embargo, Jaldo parece haberse adelantado a un proyecto que pronto llegará al Congreso de la mano de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, el cual consiste en que a partir de los 14 años puedan ser juzgados por la Justicia como un adulto.
La expresión “adolescentes en conflicto con la ley” se refiere a adolescentes menores de 18 años que han entrado en contacto con el sistema judicial por ser sospechosos o estar acusados de cometer algún delito. La mitad de los adolescentes conducidos a los juzgados no ha terminado la educación primaria, tienen varios años de atraso escolar, provienen de hogares desintegrados o son niños de la calle y casi la totalidad han sido maltratados psicológica o físicamente por sus padres o cuidadores. La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley han cometido pequeños delitos o faltas menores. Otros, la minoría, han cometido delitos graves, principalmente manipulados por el crimen organizado y redes delictivas.
Pero esto ¿resuelve la problemática?
Bajar la edad de punibilidad es una medida que se viene planteando periódicamente en nuestro país y para muchos parece ser la respuesta a la crisis de inseguridad que se vive actualmente. Al respecto hablamos con Florencia Vallino, abogada y directora ejecutiva de ANDHES, para conocer y profundizar si esto efectivamente resuelve la problemática.
“Desde la organización venimos sosteniendo desde siempre nuestra posición en contra de esta medida porque entendemos que es regresiva en materia de derechos humanos, en materia del paradigma de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No resuelve la cuestión de fondo porque no aborda esas causas estructurales que llevan a los y las adolescentes al conflicto con la ley penal”, expresa Vallino.
Recientemente la Universidad Torcuato Di Tella reveló estudios que indican que la pobreza es del 51,5%, esto determina que 24 millones de personas argentinas son pobres. Por su parte UNICEF estima que la pobreza multidimensional es de un 70%, es decir que 7 de cada 10 niños y niñas de nuestro país está en un contexto de pobreza.
“Estas cifras son alarmantes en materia de protección integral para los chicos y las chicas y sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos donde el rol del Estado es justamente garantizar el acceso a los derechos a las infancias que por su edad tienen una protección reforzada por parte del mismo. Además, hay otro principio en la materia que es el principio de progresividad y es que una vez que se fija el estándar del acceso a derecho en un determinado piso, se parte para adelante, no pueden haber medidas regresivas”, cuenta la especialista en derechos humanos.
En este sentido, reducir la edad de imputabilidad a 14 años, iría en contramano de este principio de progresividad en la garantía de los derechos humanos.
No es absurdo recordar que la labor del Estado es garantizar el acceso a los niños y a las niñas a sus derechos básicos, no criminalizarlos. El proyecto presentado por el gobierno de Milei, va en línea de criminalizar la pobreza, criminalizar a las infancias y adolescentes que se encuentran en esos contextos y además, da cuenta de todas las deudas de nuestra democracia para con ellos y ellas: “Los adolescentes que llegan a la conflictividad con la ley penal, en su mayoría son varones o de manera prominente varones, que vienen de un contexto popular caracterizado por la pobreza y por la falta de acceso a el derecho a una vida libre de violencias, a una alimentación saludable, a la salud, sin acceso a la vida misma”, enfatiza la abogada.
¿Por qué este sector?
La pobreza y sus actores no son un factor menor en esta problemática, ¿pero por qué este sector es el más afectado por estas medidas? “Porque el sistema penal es selectivo, se caracteriza por esa selectividad. No afecta a todas las personas por igual, porque no tiene las mismas estrategias para abordar los conflictos para todas las clases sociales, es decir por un lado, se aplica la selectividad misma de quienes en los territorios están gestionando la conflictividad que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales y en ese mismo olfato policial, la selectividad va dirigida a adolescentes varones, pobres, negros, con gorras, que tienen toda una caracterización de quienes la Policía detiene efectivamente”, apunta Vallino.
Ante la duda de si los y las adolescentes presentan altos niveles de incidencia en el delito, agrega: “La incidencia de los adolescentes en el delito es ínfima y la participación que tienen es comparativamente muchísimo menor a la de los y las adultas. Pero se conjuga todo un abordaje mediático cuando tienen una participación en delitos, sobre todo violentos, que se caracteriza por la espectacularización, la estigmatización, recrudecen estos discursos de ‘delincuentes peligrosos’, pero en términos de política criminal no son la principal preocupación, lejos están de ahí porque son otros los delitos más preocupantes y son en general con participación del mundo adulto”.
En concordancia con los explayado, Vallino explica que lo que lleva a los y las adolescentes al conflicto con la ley penal son esas causas estructurales y se pregunta: “¿cuáles son las posibilidades concretas que tienen efectivamente los chicos y las chicas de estos sectores populares?, ¿cuáles son los proyectos de vida posibles?, ¿por qué no tienen la posibilidad de imaginar otro proyecto de vida por fuera del conflicto con la ley penal?. Porque esas son las condiciones concretas en las que viven, esas condiciones materiales no les permiten pensarse de otras maneras o generar proyectos de vidas propios porque están absolutamente condicionados por esa falta de acceso a derecho que les permita educarse y acceder a herramientas para imaginar otros desarrollos, o quehaceres profesionales”.
Las medidas regresivas del gobernador de la provincia fueron respaldadas con discursos como el del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad y expresó: “Los hechos de violencia pública reiterada entre jóvenes en Tucumán son una muestra contundente de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años”, afirmó. Por último, señaló que “es necesario un sistema penal juvenil que sancione la conducta del menor en el marco de una normativa integral seria y responsable que castigue y reinserte al menor a la sociedad saneado y con futuro”.
Es importante resaltar que entre las medidas emitidas por Jaldo, se encuentra la expulsión y negativa de recibir en otra institución educativa a cualquier estudiante que se esté involucrado en las mencionadas peleas callejeras.
Hay una construcción de la identidad propia de “qué quiero ser” que se va condicionado por ese contexto en el que nacen y crecen los chicos y las chicas, que no solo es fuerte en el seno familiar sino también en la escuela. De esta manera, acceder a distintos derechos para garantizar ese pleno desarrollo permite pensar qué proyecto de vida quieren tener para sí mismos. Pero aquello que es un derecho para todos, termina siendo una suerte de privilegio de unos pocos, sobre todo de quienes tienen garantizadas sus condiciones materiales. Para los y las adolescentes que no cuentan con esas condiciones, las posibilidades empiezan a ser muy finitas y concretas, entonces la disyuntiva termina siendo el delito para poder acceder a otros derechos, en particular a la seguridad alimentaria.
