Se investiga una causa en la provincia de San Luis en el marco de un parto domiciliario atendido por ella en 2014. La atención culminó en una clínica donde la beba murió y a la madre se le realizó una histerectomía. La Asociación Argentina de Parteras Independientes reclama un juicio justo para Belén, que es la única imputada en la causa
Belén Weber tiene 32 años y es madre de un niño de dos. Es tucumana, partera, licenciada enfermería y obstetricia por la Universidad de Tucumán. También trabaja como partera independiente, atendiendo partos en los domicilios de las personas que eligen esta modalidad.
Hace dos semanas que está presa por decisión del juez Sebastián Cadelago, en un proceso judicial lleno de errores procesales, según denuncian otras parteras que se organizaron para visibilizar su caso.
Los hechos por los que se acusa a Weber sucedieron en septiembre de 2014 en la provincia de San Luis, cuando asistía a una mujer en su domicilio que estaba en trabajo de parto. Según explicaron fuentes cercanas al caso, ante la falta de progreso, se trasladaron a una clínica privada para que le realicen una cesárea. Cuando llegaron, los médicos consideraron que las condiciones de la madre y el bebé intra-útero ameritaban un parto vaginal a pesar de que la partera recomendaba una cesárea. Los médicos habrían ejecutado reiteradas veces la maniobra de Kristeller, proscripta y desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, por ser riesgosa para la salud de la madre y el bebé.
Debido a estas complicaciones, el bebé falleció y la madre tuvo que ser quirúrgicamente intervenida y finalmente le extrajeron el útero.
Belén Weber paso de ser testigo a la única imputada en el caso. Sobre ella caen las acusaciones de homicidio culposo y lesiones. La clínica y los médicos que atendieron a la mujer cuando el bebé aún se encontraba con vida no quedaron vinculados a la causa.
Las voces que defienden esta modalidad de alumbramiento consideran que “la condena al parto en domicilio es funcional al sistema de atención médico-hegemónico que incumple las leyes negando los derechos de la ciudadanía y causando lesiones y muertes”.
Los prejuicios, la desinformación y la hegemonía de la institución médica lleva a amplios sectores de la sociedad, incluidos profesionales de la salud, a deslegitimar el parto planificado a domicilio y considerarlo una “moda”.
Desde hace más de 10 años, el movimiento de mujeres por un parto respetado viene luchando para modificar esa visión y visibilizar una realidad que muchas mujeres eligen.
En Argentina, el parto planificado a domicilio está contemplado en la Ley Nacional 17.132 y en varias leyes provinciales que regulan el ejercicio de la obstetricia. Además, la Ley de 25.929 de Parto Humanizado ampara la autonomía de la mujer sobre su salud perinatal y garantiza el respeto de sus decisiones.
Sin embargo, se encuentra dentro de una gran nebulosa gris de legalidad. Desde 2015 la Asociación de Parteras Independientes piden una nueva ley que regule el ejercicio de la profesión de licenciados/as en obstetricia tanto en los partos en institución como los domiciliarios, en un contexto donde son cada vez más las mujeres y gestantes que eligen esta opción.
Este modelo de atención perinatal es reconocido a nivel internacional, respaldado por evidencia científica y médica actualizada. En uno de sus reportes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que “una mujer debe tener su parto en un lugar donde ella se sienta segura (…). Para mujeres con embarazos de bajo riesgo, puede ser el hogar o una pequeña clínica de maternidad o una unidad de maternidad dentro de un hospital general”.
De acuerdo a un informe realizado por la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI), entre 2011 y 2015, un 91,8% de los 1127 casos de parto domiciliario que fueron relevados finalizó de forma normal. El estudio afirma además que no hubo mortalidad intraparto, mientras que la mortalidad neonatal fue de 0,18%. Según los datos de la AAPI, uno de los mayores riesgos es la falta de articulación entre los equipos de asistencia domiciliaria y el personal de las instituciones que, en muchas ocasiones, condenan los traslados y dificultan la atención sanitaria fluida, sobre la base de prejuicios y descalificaciones.
En la misma línea, un relevamiento realizado entre 2012 y 2016 por Fortaleza 85, un grupo de activistas, profesionales de obstetricia y de epidemiología, sólo el 12% de 1501 partos planificados en una casa requirieron del traslado a una institución. Las causas más comunes antes del nacimiento fueron el cansancio materno, la falta de progreso y la propia elección de los padres. Sólo un 8,2% de esos casos reportaron situaciones de emergencia, lo que representa un 0,80% del total. Las estadísticas del informe muestran que, en la mayoría de los casos, los traslados se realizaron de forma planificada, en condiciones de salud y no ante complicaciones de riesgo o por negligencia del equipo que asiste el parto, como se suele creer.
Marina Lembo, también partera, fue fundadora de AAPI. En una entrevista con Infobae, consultada por el caso de Belén Weber, para ella la negligencia habría estado del lado de la clínica. “La bebé murió en un hospital, la partera acompaña el trabajo, este parto no progresa bien. Se da cuenta que no se puede tener un parto vaginal pero el hospital insiste con uno en vez de ir directamente a cesárea, el bebé estaba vivo y tenía latidos. Se le hace la maniobra de Kristeller, en donde se le exprime la panza a la mujer. Siguen las intervenciones y la bebé termina por morir. Acá, se cortó judicialmente por el hilo más fino, que es la partera. Así, se encubre judicialmente a la corporación médica”.
