Un hombre murió luego de ser ahorcado por la policía salteña

Los vecinos aseguran que fue ahorcado por los efectivos policiales y Jefatura de Policía dispuso el lunes la suspensión de tres efectivos.

El sábado pasado, en el barrio Villa Floresta, al este de la capital salteña, el regimiento de infantería de la Policía de Salta llegó para desalojar a una mujer y a sus 5 hijos de una casilla que se había armado en un terreno baldío.

En ese contexto, según los vecinos, mientras la policía intentaba sacar a la familia de su casa, David Neri Alfonso, un vecino del barrio, intercedió de manera pacífica para evitar que los sacaran.

La versión oficial que dió la policía dice que Alfonso se descompuso y murió mientras esperaban la ambulancia, pero los vecinos sostienen que fueron los uniformados quienes lo dejaron inconsciente al tomarlo del cuello, y luego murió antes de que llegara la ambulancia.

“En el momento del desalojo, Don David le dice a la señora ‘vos no te tenés que ir de acá. Estos terrenos no tienen dueño, son de la provincia’. Tres oficiales de Infantería agarran a David del cuello, se descompone y lo tiran al piso como una bolsa de papa”, aseguró Marisol, una de las vecinas a Revista Cítrica.

Todos los testimonios de los vecinos van en el mismo sentido y coinciden en que la mujer y sus cinco hijos vivían en una casilla construida por un policía hace unos cuatro años pero que nunca habitó.

El terreno, según estableció la fiscalía, pertenecería a Soledad Rivero, quien se lo cedió a su hermano Pablo Rivero, agente de la policía salteña. Como el hombre cumple funciones en la ciudad de Orán, no reside en forma permanente en el terreno, donde sólo construyó una parte de su futura vivienda. En el lugar, que estaba virtualmente abandonado, se había instalado Miriam Gaspar, quien se encuentra en situación de calle con sus cuatro hijos.

Según los testimonios, luego de que le advirtieran que le sacarían a sus hijos la mujer aceptó irse, pero se acercó Alfonso y mientras intervenía pacíficamente fue tomado por tres efectivos y uno de ellos lo tomó del cuello y tirado sin conocimiento fuera del terreno, donde finalmente murió.

David tenía 45 años, cuatro hijos y estaba luchando para abrir un merendero en el barrio. Su pareja, Noemí, aseguró que “los policías solamente miraban y se burlaban de él” cuando ya estaba en el piso descompuesto por el ataque policial.

Tres policías fueron suspendidos por el tiempo que dure la investigación, y la la fiscal penal María Luján Sodero de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, los imputó por el cargo de homicidio culposo.

COMUNICADO DE LA MESA PROVINCIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE SALTA

La Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Salta reclama justicia por David Alfonso, un vecino de Villa Floresta muerto en un desalojo llevado a cabo por la policía el 22 de junio. Ese día, una mujer con cinco hijos intentó asentarse en la parte final de Floresta. Doce policías fueron a desalojarla y un vecino intervino pidiendo a los gritos que no los saquen del lugar. Los policías, según el testimonio de los vecinos presentes, lo tomaron del cuello, lo asfixiaron y lo dejaron inconsciente tirado en la calle y cuando les pidieron que lo auxiliaran no hicieron nada y solamente “se reían”. Cuando llegó la ambulancia, después de media hora, David ya estaba muerto. Es preciso señalar que este trágico hecho ha sucedido en el marco de un operativo ilegal, porque no hubo ninguna orden judicial en el “procedimiento”. Y que tampoco se trata de un hecho aislado, porque esta es la misma policía que acabó con la vida deNahuel Salvatierra, 17 años, asesinado en el barrio Solidaridad de un balazo en el cráneo, de Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en el barrio Sarmiento, de Diego Federico Quiroga, 32 años, asesinado de nueve disparos en el barrio El Círculo, de Nahuel Franco, 15 años, asesinado en villa 20 de junio. Es la policía de un gobierno que hace apología del gatillo fácil y garantiza impunidad a los uniformados, que tiene bien aceitado el aparato policial para someter a la población por el miedo y frenar la resistencia a la miseria producida por sus brutales políticas de ajuste, políticas apoyadas entusiastamente por el intendente Gustavo Sáenz y el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY, quien mandó a sus legisladores en el congreso nacional a votar todas las leyes de ajuste.
Aquí, donde los medios se preocupan tanto por la seguridad del ex ministro y diputado Fernando Yarade, preguntamos ¿Cuál es la “seguridad” de quienes viven en los asentamientos de Salta en viviendas inadecuadas, sin acceso a los servicios básicos, en condiciones infrahumanas, en lugares que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad? ¿Cuál es la “seguridad” de la población de los barrios pobres que sufre la amenaza diaria de la represión, que es víctima de hostigamiento e intimidación, de vejaciones en cárceles y comisarías y es asesinada a sangre fría por las llamadas “fuerzas de seguridad”?.
Y preguntamos también: ¿Dónde está el derecho a la vivienda de esa mujer con cinco hijos que va a meterse en un asentamiento porque no tiene un lugar para vivir? ¿De esa “usurpadora” que pone sobre el tapete el abandono estatal que padecen miles de familias salteñas? ¿Y dónde está el derecho a la vida de David Alfonso, de su esposa Vilma Cuellar, de sus hijos, de su familia que ha quedado destrozada y desamparada? Y dónde están los gobernantes responsables de todo esto. Porque, como con suma claridad lo han expresado en un comunicado los mismos vecinos de villa Floresta: “Es nuestra intención denunciar públicamente al gobierno Provincial y Municipal por la reiterada omisión de responsabilidades para con los Derechos Humanos Fundamentales de las personas que viven en los territorios más pobres de Floresta y en los cordones periféricos que crecen en toda Salta Capital, ante la falta de acompañamiento social, de previsión y de planificación urbana”.
Los organismos de derechos humanos de Salta exigimos justicia para David Alfonso y afirmamos que es urgente decir basta a la policía que mata con la complicidad de jueces y políticos y con total desprecio por la vida humana. Basta de policías y jueces que arman cadenas de encubrimiento, que borran rastros, que colaboran con la construcción de escenarios falsos para que los hechos parezcan otra cosa, que manipulan para que la culpa sea de la víctima. Basta de policías que disparan a una persona desarmada y por la espalda y que disfrazan casos de gatillo fácil de “enfrentamientos” con pruebas plantadas. Basta de policías que fusilan niños y siguen en libertad y en funciones. Basta de violencia, abusos de autoridad y atentados a los derechos más básicos. Llamamos a resistir esta política que degrada la democracia y profundiza el rol represivo y criminal del estado a través de sus “fuerzas de seguridad”.

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