En un fallo histórico, ocho policías de la Ciudad de Buenos Aires fueron condenados por el asesinato en 2021 de Lucas González, un adolescente de 17 años que vivía en la periferia de Buenos Aires y se encontraba junto con tres amigos tras entrenar en un club de fútbol de la capital.
Tres de los oficiales recibieron condenas de prisión perpetua, otros seis fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años por encubrimiento, y cinco resultaron absueltos. El tribunal también ordenó que se inicie otra causa tendiente a investigar la actuación del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y del subjefe, Oscar Cejas, en el marco de la causa.
Las condenas a perpetua fueron por “homicidio quíntuplemente agravado, por ser premeditado, con alevosía, por odio racial y abuso de funciones” y por homicidio en grado de tentativa de los otros tres jóvenes que estaban con la víctima. Las otras condenas fueron por torturas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento.
No existen antecedentes en la jurisprudencia argentina de que se haya utilizado como agravante al racismo. La sentencia dijo que tanto Lucas, como los tres chicos sobrevivientes y los padres de todos ellos fueron víctimas de violencia institucional.
Odio racial: lo mataron porque era marrón
“La sentencia que obtuvo el caso de Lucas es un paso adelante en la búsqueda de justicia contra el racismo estructural en Argentina”, expresó Bruno Bazán, integrante de la organización Identidad Marrón, quienes denuncian que el gatillo fácil no es algo que sucede sobre la sociedad de modo aleatorio. “El gatillo fácil es sobre cierto sector de la sociedad, sobre cuerpos racializados, sobre chicos, chicas, jóvenes, marrones y también sobre este estereotipo de construcción del pibe villero”.
“Hay muchas víctimas en la historia reciente de la democracia argentina. La condena a tres agentes de la policía con prisión perpetua se debe al agravante de odio racial. Esto tiene que ver con que el Poder Judicial dé cuenta de que el gatillo fácil es racismo estructural”, señaló Bazán.
“Nos parece importante y fruto de mucho trabajo que la familia también pudo verlo y pudo entenderlo en el contexto de ese racismo y a pesar del dolor que significa la muerte trágica de su hijo por parte de la fuerza policial, también denunciar que fue por racismo, que fue por la identidad marrón de su hijo por el cual la policía accionó como accionó”, mencionó el referente.
Cintia López, la mamá de Lucas, dijo a los medios luego de escuchar la sentencia: “Sostuvimos todo este tiempo que hubo odio racial, lo sostuvimos desde el primer día. En todo momento para nosotros estaba el odio racial porque ya te dabas cuenta en la manera, en las actitudes, como los trataron a los chicos, el ‘negrito de mierda‘, con perdón de la palabra, siempre estuvo el odio racial y hoy quedó confirmado, hoy lo confirmamos”.
En Tucumán, lamentablemente sobran los ejemplos de ese tipo de asesinatos. Facundo Ferreira, Luis Espinoza, Ceferino Nadal, Miguel Reyes Perez, y la lista continúa. En todos los casos, fueron asesinados por fuerzas policiales guiados por la discriminación y el racismo.
En ese sentido, Bazán recuerda que “el asesinato de Fernando Baez Sosa es otro caso reciente en donde no se dio cuenta del racismo a pesar de que había testimonios que específicamente relataban cómo sus asesinos decían ‘negro de mierda‘ y todas las cuestiones que sabemos que hay alrededor de los insultos y las prácticas racistas”.
“Es importante enmarcar esta sentencia como un hito, como un avance para toda la sociedad en la búsqueda de justicia. No porque implique prisión perpetua. Desde identidad Marrón sostenemos que es necesario discutir el sistema penal argentino y una reforma judicial. Para que eso pase es necesario que el sistema que tenemos ahora dé cuenta de que existen delitos que se dan producto de prácticas racistas, producto del odio racial, que son figuras que se usan muy poco en nuestro país, y que lamentablemente pasa mucho”, manifestó.
“Ojalá podamos tener más sentencias que den cuenta de los crímenes que se deben a cuestiones raciales. A aquellas personas que les parece que la prisión perpetua no es la salida y que hay que repensar el sistema, que se piense invitando a los grupos de activistas, a las familias y a todas las personas que viven el racismo en Argentina, a pensar cómo sería el otro modo”, finalizó.
Antecedente histórico
Desde Andhes, también opinaron sobre este fallo, ya que implica un importante antecedente para el país. “En casos como el de Lucas, de gatillo fácil, de violencia institucional, de torturas, de prácticas de abuso de poder, lo que hay detrás es un racismo estructural, un odio racial, que los órganos de Justicia no pueden no analizar al momento de investigar los hechos o de llevar adelante las resoluciones judiciales”, expresó Mayra Latina Luna, coordinadora del Área de Seguridad de Andhes.
“En Tucumán tenemos casos en los que claramente hay una cuestión de racismo estructural como el de Miguel Reyes Pérez, el de Facundo Ferreira, el de Luis Espinosa, en donde tenemos también organismos de Justicia que reproducen esa violencia institucional, revictimizando y reproduciendo ese odio racial. Lo vimos en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en los que se dieron vuelta las condenas a los imputados en el caso de Facundo Ferreira y en el caso de Miguel Reyes Pérez. Tener este antecedente es una herramienta importante a la hora de hacer frente a estas prácticas que se reproducen en la Justicia”, manifestó.
En febrero de este año, la Corte Suprema de Tucumán decidió anular el juicio que había condenado a cadena perpetua a los policías que mataron a Facundo por la espalda y ordenaron la realización de un nuevo debate oral.
Por otro lado, Luna también señaló que es necesario analizar “las políticas públicas de seguridad y cómo esas políticas públicas también tienen que atender al racismo estructural para justamente no reproducir esa discriminación. No pueden estar apuntadas a crear o generar este enemigo interno que siempre es el sospechoso y ante la sospecha la habilitación al uso abusivo de la fuerza”.
Por último, se refirió a los peligrosos discursos de campaña política que naturalizan ese uso abusivo de la fuerza, como los discursos de Milei, Patricia Bullrich, Ricardo Bussi, Horacio Rodriguez Larreta o Gerardo Morales. “No solo los organismos de justicia tienen que tener en cuenta a la hora de juzgar de resolver casos como este sino también al momento de delinear las políticas públicas de seguridad se tiene que evitar la discriminación o la construcción de este enemigo interno que siempre terminan siendo los jóvenes, adolescentes y personas que viven en zonas populares del país”.
Existe un precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó a la Argentina en 2020 por la muerte de José Delfín Acosta Martínez, un afro-uruguayo bajo custodia policial, y ordenó al Estado a capacitar a las fuerzas policiales e implementar mecanismos que permitan un registro de las detenciones arbitrarias.
Sin embargo, si bien la Argentina aceptó la responsabilidad, no cumplió con la capacitación en sensibilización de las fuerzas de seguridad respecto al odio racial.
Sobre el caso
Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.
Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de Buenos Aires.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital.
Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.
Los tres amigos de Lucas fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente tras determinarse que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.
