En la segunda entrega del especial sobre violencia institucional, Marcha pone el foco en Tucumán. La provincia, donde se siguen perpetuando lazos entre fuerzas de seguridad y empresarios, genera resistencias para que los derechos humanos tengan la vigencia que se necesita.
Por Iván Barrera / Foto de portada por Hernan Vitenberg
La provincia de Tucumán fue epicentro de la última dictadura militar. Epicentro de los fusilamientos, las desapariciones, la violencia, el terror, la complicidad de la sociedad civil y de los poderes económicos. También fue epicentro de las resistencias a los distintos golpes, desde las y los trabajadores azucareros agrupados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), el nacimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y desde las distintas resistencias obreras a la violencia evocada por las fuerzas represivas.
A 45 años del Operativo Independencia y a 37 de la vuelta a la democracia, la violencia represiva y racista sigue a flor de piel: los asesinatos por “gatillo fácil”, las torturas en comisarías, la violencia selectiva y racial tienen su continuidad, así como también sigue vigente la complicidad que los ingenios azucareros tuvieron con la última dictadura en la persecución y desaparición de personas, hoy funcionando cual feudos sin protocolos ni elementos de higiene, condenando a trabajadores y trabajadoras a su suerte frente a los contagios de COVID-19
El aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO) dictado a partir de la pandemia provocada por el covid-19 visibilizó lo más crudo de la violencia policial. Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años, fue asesinado por la policía y su cuerpo permaneció desaparecido una semana. Ceferino Nadal fue asfixiado hasta la muerte cuando era detenido, mediante la misma técnica que le quitó la vida a George Floyd en Minneapolis. En la comisaría de Famaillá realizaron un asado y practicaron técnicas de tortura contra los detenidos. En los ingenios azucareros se suceden los contagios y las muertes por coronavirus por la falta de protocolos.
Sin embargo, la tercera ley de Newton nos enseña que “en toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”. Esa reacción igual y contraria la protagonizan comunidades, organizaciones y movimientos que dedican su trabajo a contraponer esos avances violentos del Estado y las fuerzas represivas, a defender los derechos humanos, a las personas y los territorios.
Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida de la policía?
“La pandemia ha venido a profundizar lo que ya existía: la pobreza, la desigualdad, la brecha digital. Pero además de esa profundización, lo ha materializado de una forma muy cruel, muy brutal. Con la violencia policial sucede lo mismo. No solo se ha profundizado, sino que la ha vuelto más material, más brutal, y sin dudas es una continuidad de patrones de prácticas que existieron siempre”. Quien da su testimonio es Fernanda Marchese, directora de Andhes.
Andhes es una organización multidisciplinar que surge al fragor del 2001. Su nombre es el acrónimo de Abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, dado que en su origen fue fundada por abogados y abogadas y estudiantes de derecho, “entendiendo que el derecho es del pueblo y debe ser una herramienta de cambio social y no solo de opresión a las clases oprimidas”, según explica Fernanda. Y agrega: “El objetivo de Andhes es incidir en la creación y en la transformación de políticas públicas, con una fuerte perspectiva e identidad del NOA. En nuestro nombre hay una ideología de democratizar las políticas públicas, combatir las desigualdades geográficas y contextualizar y democratizar el derecho.” Si bien Andhes fue formada por abogadas y abogados, hoy se define como una organización integrada e interdisciplinaria. Andhes aborda distintas áreas como Memoria Verdad y Justicia, Géneros, Pueblos Originarios, Niñez y Derechos Humanos, Empresas y DDHH, Derechos Económicos Sociales y Culturales y Seguridad Pública y Cárceles.
Como parte de estos abordajes, hace más de 15 años que la organización trabaja en un proyecto de reforma policial. Desde sus comienzos allí, Fernanda se involucró en la formación y por eso detalla de qué se trata el proyecto: “Trabajamos durante varios años analizando el sistema educativo de la policía, entendiendo que a la policía se la cambia desde adentro, que la educación es ese caballito de Troya que te permite entrar y poder modificar algunas cuestiones. La reforma busca una policía más próxima a la comunidad, más democrática, con un sistema educativo que deje de ser de la policía hacia la policía, sino que dependa del órgano competente. La reforma policial es una patita chiquita de pensar en una seguridad pública, respetuosa de DDHH. La reforma es un paso para dialogar con el Estado sobre qué tipo de seguridad queremos”.
Lo cierto es que estas fuerzas represivas, educadas por sí mismas y obedeciendo sus propias órdenes, tuvieron un recrudecimiento durante el ASPO, como bien nos contaba Fernanda. Uno de los casos de violencia represiva que más visibilidad cobró al principio de la pandemia fue el de Luis Espinoza. Luis vivía en el monte tucumano y el 15 de mayo se dirigía a la casa de su prima junto a su hermano Juan para llevarle dinero, cuando ocho policías los interceptaron y los golpearon fuertemente. Juan quedó inconsciente y solo llegó a escuchar un disparo. El cuerpo de Luis apareció una semana después en la localidad de La Banderita, en la provincia de Catamarca, con un disparo letal en la espalda a la altura del omóplato.
Un mes después, el 24 de junio, Ceferino Nadal fue detenido por la policía luego de ser acusado de robar un supermercado. La policía lo tiró al piso y le puso una rodilla en la garganta, con la misma técnica que le aplicaron a George Floyd en Minneapolis. ¿El resultado? El mismo. Ceferino murió asfixiado.
Respecto de estas dos historias, Fernanda agrega las incongruencias que existen entre las fuerzas policiales y la investigación judicial: “En el caso Espinoza y en el caso Nadal, en los dos donde la policía estaba involucrada, sospechada, fue la misma policía la que intervino en el proceso de investigación”. Y afirma: “¡No puede estar involucrada la policía en el proceso en el que está siendo investigada ella misma!”. Una afirmación que interpela en cada caso donde las fuerzas de seguridad están involucradas en todo el país: los primeros informes, las fuentes policiales con discursos que señalan a las víctimas y las investigaciones por irregularidades recaen sobre esas mismas fuerzas.
También Alejandro Mamani, referente de Identidad Marrón, quien nos dio su testimonio en el informe sobre Chaco, nos da su parecer al respecto. Identidad Marrón es un colectivo que se planta contra el racismo estructural, ese racismo que ataca todas las identidades marrones, las identidades racializadas, las individualidades y los colectivos con raíces indígenas, percibidos o no como tales. Identidad Marrón trabaja con la pedagogía de la pregunta y nos invita a reflexionar.
Las historias de Espinoza y Nadal nos interpelan. Le preguntamos a Alejandro qué componentes observa, tanto desde el accionar policial como desde la sociedad civil, para que algunas historias se masifiquen y recorran los medios y las calles del país y otros queden en un silencio cómplice.
Mamani afirma: “Estos casos tienen un componente múltiple: son personas racializadas, de clase popular, que su existencia para el aparato policial proyecta impunidad. Proyecta un ‘¿quién puede preguntar por esta persona?’, proyecta el silencio acordado socialmente respecto a estos cuerpos. ‘¿Cuánto puede durar en agenda?, ¿va a aguantar hasta el juicio el tema?, ¿quién es?’, y la gente se olvida. ‘¿Qué cuerpos son más descartables? ¿Qué cuerpos son menos empatizables?, ¿qué cuerpo puede ser el de un peón de los que cosechan o de un obrero de los que construyen mi casa y quiénes son los cuerpos que pueden ser mi tío, mi primo, mi hermano?’. Con estas preguntas me pongo en el lugar de quienes hacen las noticias y de quienes se ocupan de ser transmisores a la sensibilidad social. Ahí es donde la empatía se plantea selectiva. Y cuando la empatía se plantea selectiva a ciertos cuerpos, y cuando los cuerpos marrones no producen este nivel de empatía, en el no reclamo de justicia es donde terminamos garantizando la impunidad”.
Andhes acompaña distintos juicios de Tucumán y Jujuy, ya sea como querellante o trabajando colaborativamente con abogadas y abogados. En Tucumán, es querella de dos casos de gatillo fácil. Uno es el caso de Facundo Ferreira, quien tenía solo 12 años cuando dos policías iniciaron una persecución contra la moto en la que él iba de acompañante y lo fusilaron por la espalda a pocos metros, sin oponer ningún tipo de resistencia. El otro es el caso de Miguel ‘Reyes’ Pérez de 24 años, a quien, en vísperas de Navidad, dos oficiales de la Comisaría 4ta lo persiguieron, le dispararon una bala de goma que le dio en la cabeza y cuando cayó al piso le pegaron un culetazo. Estuvo casi 20 días en coma y luego murió. Desde Andhes definen estos dos casos como estratégicos para señalarle al Estado y a la sociedad las deudas y fallas desde una perspectiva de derechos humanos.
En esta conversación resulta inevitable conectar estas historias con la de Facundo Castro, quien permanece hace más de cien días desaparecido, y con los casos de gatillo fácil que se suceden constantemente en nuestro país. Por eso, Mamani se explaya: “No es que nos podría haber pasado a todos, ¿A qué personas les puede pasar esto? ¿Quiénes tienen más probabilidades de ser perseguidos por la policía? ¿Quién tiene más posibilidades de que se les solicite el DNI o que se le pida que abra la cartera? ¿Quién tiene más probabilidades de recibir una bala por la espalda? No se trata de sensibilizar, se trata de destapar la cuestión referida a violencia institucional y racismo: es violencia racista. Claramente es institucional, pero hay un componente que no estamos observando. No es lo mismo un chico que va al Nacional Buenos Aires que un chico que va a una escuela de contexto popular. Eso determina qué cuerpos van a ser más descartables para el aparato policial, quiénes son los cuerpos que tienen mayor incapacidad de respuesta y mayor incapacidad de reclamo”.
En ese mismo sentido Fernanda opina: “Lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo: la policía no usa la fuerza de forma proporcional, no respeta derechos humanos, no hay condiciones de detención dignas, no hay una fuerza política que lidere. La policía se organiza a sí misma. Y siempre es importante remarcar que no es un policía, es toda la institución. El problema no es el rol de la policía. El rol de la policía se tiene que jerarquizar, se tiene que profesionalizar, los escalafones terminan dañando la subjetividad de los policías”.
Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida del COVID?
Las conversaciones con Alejandro y con Fernanda necesariamente se ven atravesadas por este contexto de pandemia. Ambxs coinciden con lo enunciado al principio: la pandemia no vino a generar nuevas necesidades, sino a visibilizar las ya existentes. Le preguntamos a Alejandro qué cuestiones raciales pensaba que se habían puesto en evidencia a partir de la pandemia y la situación de aislamiento. Nuevamente con la pedagogía de la pregunta, Alejandro nos invita a reflexionar: “Se ve el racismo en el presupuesto; es decir: ¿dónde van destinadas las partidas presupuestarias?, ¿dónde se pone el foco de gastos? A todos los problemas referidos al agua, pavimentación, accesos, luz, servicios básicos, a los que muchas veces son sometidas las clases populares respecto de la vulneración de sus derechos, el COVID lo terminó maximizando. ¿Qué tipo de higienización podés tener? Y después se ve en el tipo de atenciones: ¿Cuál es el tipo de atención que se puede tener? Cuánto más alejados, menos acceso tienen a la salud, a que entre una ambulancia, acceso a los test, etc.”.
Uno de los ejes que trabaja y milita Andhes es el de la Memoria. Ese eje abarca la complicidad de los poderes económicos durante la última dictadura cívica militar eclesiástica, y los poderes políticos que aún ostentan estos grupos. Al respecto, nos cuenta: “El trabajo de memoria propiciado por los organismos de DDHH es señalar a los responsables, a los militares, al ejército y al Estado, pero de la dictadura se han beneficiado muchos empresarios que no están siendo siquiera investigados. Nosotros estamos con el caso del Ingenio Fronterita. Es muy difícil encontrar víctimas que quieran denunciar el terrorismo de Estado porque son familias que al día de hoy dependen económicamente de estos ingenios”.
El Ingenio Fronterita fue uno de los tantos cómplices económicos y partícipes activos de la última dictadura. En el acceso al ingenio se encuentra una construcción conocida como Conventillos de Fronterita, que funcionó como centro clandestino de detención y exterminio anexo a la Escuelita de Famaillá. A su vez, dentro del ingenio, funcionaban tres locaciones que los directivos habían cedido a los militares afectados al Operativo Independencia. Entre junio de 1974 y septiembre de 1976, se registraron al menos 25 trabajadores del ingenio víctimas de lesa humanidad: 2 fueron asesinados, 9 desaparecidos, y 14 secuestrados y posteriormente liberados. Pese al impacto económico de la crisis desatada por la dictadura, y que la planta de trabajadores y trabajadoras se redujo considerablemente en ese período, el Ingenio Fronterita logró incrementar sus ganancias más del 30%, y adquirir el Ingenio Bella Vista.
Fronterita es uno de los varios ingenios vinculados a la última dictadura. Y en la actualidad, junto con el Ledesma en Jujuy, son noticia por la desidia de sus empresarios ante la pandemia de coronavirus. Fernanda nos detalla: “En pandemia los obreros están acudiendo sin protocolo, sin elementos de protección. Los contagios se están agudizando y hemos intervenido denuncias al Ministerio de Trabajo, aún sin ningún tipo de respuestas. Estamos en el trabajo de visibilizar que las empresas tienen un fin de lucro y con eso avasallan derechos. También reclamarle al Estado que tiene responsabilidades sobre las empresas”.
Respecto de esta misma mirada, Alejandro nos invita a reflexionar una vez más: “Nosotros luchamos por que las personas marrones puedan acceder a sus derechos. Si hoy leemos una nota que dice que en Estados Unidos las personas afroamericanas no pueden acceder a elementos de higiene o al análisis de covid nos idnignaríamos y la compartiríamos enojados, pero eso sucede en muchas regiones de Argentina donde las personas marrones no están pudiendo acceder a elementos de higiene, a la salud, que les piden un dinero que no pueden pagar y no pueden hacerse el test”.
Por el derecho a la tierra ancestral
La reforma constitucional de 1994 modificó el artículo 75, donde reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos. En el texto puede leerse: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Sin embargo, la inclusión de un derecho no significa necesariamente su regulación ni mucho menos que se garantice y se universalice su acceso.
En el territorio de Tucumán coexisten más de 20 comunidades originarias que engloban a más de 3000 familias. Andhes trabaja activamente con algunas de estas comunidades buscando, vía instancias judiciales, garantizar el cumplimiento de sus derechos. Fernanda detalla al respecto: “Andhes apoya y acompaña comunidades indígenas a medida que la comunidad va necesitando, construyendo o demandando. Buscamos acompañar en juicios y generar litigios estratégicos; es decir, que se busca develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos y promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos”.
Desde Andhes acompañan el juicio Chocobar, que lleva 10 años. Javier Chocobar tenía 68 años y era uno de los dirigentes de la comunidad Chuschagasta, en El Chorro, y parte del Consejo de Ancianos. El 12 de octubre de 2009, día en el que se conmemoraron 517 años de la masacre y conquista de América por parte de la corona española, Javier murió asesinado en la tierra que ancestralmente le pertenecía. Quienes dispararon contra él y otros miembros de la comunidad fueron Darío Amín, empresario que explotaba parte del territorio bajo concesión del Estado, junto a dos ex policías. Una historia repetida en el NOA, en la Patagonia y en todo territorio ancestral. El juicio lleva 10 años y, en el medio, la abogada de Andhes fue a denunciada por criticar la demora de la justicia. Respecto a la sentencia, Fernanda nos explica: “La idea es que la justicia en su sentencia incorpore la perspectiva de derechos humanos, que no juzgue los hechos simplemente como homicidio agravado. Hay un homicidio, sí, esa es la carátula, pero la historia es que los pueblos vienen peleando por sus tierras desde la célula real. Eso es muy difícil que la justicia lo tome. El desafío de Derechos Humanos es que la justicia diga que se asesinó a un cacique que peleaba por sus tierras, por sus tierras comunitarias, un derecho en la Constitución, que viene negado desde la época de la conquista y hay una violación sistemática histórica de los derechos a los pueblos y discriminación por el solo hecho de ser pueblos”.
*El término violencia institucional está en discusión entre organizaciones de derechos humanos y hay algunas que prefieren referirse a la violencia de las fuerzas represivas como violencia estatal.
