La Organización DILLON presentó en la Legislatura de Tucumán un nuevo pedido para que la provincia adhiera a la ley N° 26.743. Aprobada hace 12 años, la Ley de Identidad de Género sigue esperando su pleno cumplimiento en la provincia.
Desde la llegada al poder de Javier Milei se han desatado persecuciones y retrocesos en materia de derechos para el colectivos LGBTIQ+. En un contexto de crisis, de odio y violencia, se ponen en duda los derechos más fundamentales. En la provincia se han borrado los nombres de las secretarías y direcciones que velaban por las cuestiones de género y diversidad, casi como si nunca hubieran existido. En un gobierno que vino a recortar el Estado, la motosierra provincial no demoró en hacer lo propio.
Hablar de la Ley de Identidad de Género nos hace añorar el 2012, año de su sanción, cuando el Estado Nacional reconocía las identidades de género autopercibidas y abría el camino para el cambio registral, el trato digno, el acceso a la salud. No todas las necesidades fueron resueltas con el derecho, pero Argentina se convertía en pionera en este tipo de legislación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregaba en mano los nuevos DNI para personas trans que por primera vez verían sus nombres reconocidos ante la ley.
En estos 12 años han pasado tantas cosas, pero la deuda que dejó aquella ley sigue siendo el acceso pleno a la salud. Específicamente el articulo 11 que en su reglamentación establecía la cobertura de intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales hormonales, incorporándolos en el PMO (Plan Médico Obligatorio). De esta manera debía garantizarse la cobertura de salud integral tanto en el sector público como privado. Sabemos que en los hechos no fue así y muchas veces el estado o las corporaciones médicas trataron de obstaculizar este derecho. Es por eso que se sigue pidiendo la adhesión de la provincia a la Ley 26.743.
Haciendo memoria sobre las labores parlamentarias en Tucumán, la provincia demoró 16 años en adherir a la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150) promulgada en 2006 y hace 21 años que en mora para adherir a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otras leyes.
En este contexto la Organización DILLON, que lucha por los derechos de las personas trans, presentó en la Legislatura Provincial un pedido de adhesión a la normativa nacional que espera hace 12 años. Su presidente y fundador, Máximo Ramallo Sosa, junto a la activista María Luz Colombres, fueron recibidos por la presidenta de la Comisión de protección de los derechos de la Mujer, Género y Diversidad, la legisladora Sarita Assan.
En el texto solicitan que la provincia, a través del Ministerio de Salud Provincial garanticen la aplicación y cumplimiento del articulo 11. También se solicita que el efector de salud, Subsidio de Salud, garantice a sus afiliados el acceso a esta ley. La organización advierte que desde 2021 han fallecido al menos 17 personas trans por diagnósticos tardíos y falta de acceso a la salud integral. También se mencionan los datos del RENAPER que indican que el 75% de los fallecimientos de personas trans se produjeron antes de cumplir los 53 años y que el promedio de edad de muerte es 40 años.
La Legisladora Assan recibió el pedido y se comprometió en acercarlo a sus pares, para generar instancias de tratamiento y resolución a esta demanda.
Solo queda seguir esperando que la provincia de Jaldo asuma el compromiso con esta población históricamente vulnerada y que tanto la Legislatura como el Estado garanticen el cumplimiento de esta ley que espera hace 12 años.
Para conocer más sobre las acciones de DILLON podés visitar su página:
https://www.instagram.com/organizacion_dillon/
