“Nos pronunciamos en relación al caso de la nena de 10 años que accedió a una ILE en el Instituto de Maternidad de San Miguel de Tucumán, nos parece prioridad respetar su privacidad” comenzaron el comunicado desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, regional Tucumán.
El lunes pasado se conoció el caso de una niña de 10 años fue víctima de un embarazo forzado producto de reiterados abusos sexuales. El acusado por el hecho, Carlos Merlos, sería pareja de su madre adoptiva y se encuentra prófugo.
A la niña le practicaron una interrupción legal del embarazo (ILE) que pueden recibir las niñas menores de 13 años
derecho luego de recibir toda la información necesaria y de firmar el consentimiento informado, con el acompañamiento de las personas que ejercen formal o informalmente roles de cuidado.
Como el embarazo estaba en una etapa gestacional avanzada, de siete meses, se le tuvo que realizar una cesarea. Por lo tanto, dio a luz a una criatura que fue puesta bajo el cuidado de Casa Cuna.
En tanto, la Campaña aclara que para acceder a una ILE “En ningún caso es necesaria una denuncia judicial o policial y el equipo de salud debe constatar y registrar en la historia clínica la atención y la práctica médica realizada”.
El rol del Estado en la protección de derechos sexuales y reproductivos
“Este nuevo caso de abuso sexual y embarazo infantil, se pone de manifiesto una vez más la urgencia de implementar Educación Sexual Integral en todas las escuelas del territorio provincial. La ESI tiene un rol esencial en la detección de los casos de abuso sexual en las infancias y adolescencias”, manifiestan.
Además la Campaña agrega: “Se destaca la importancia que tiene el acceso a las interrupciones legales del embarazo
sin dilaciones una vez que se confirma un embarazo, ya que las vidas de nuestras niñas dependen del pronto acceso a este derecho”.
“Estado el responsable de asignar presupuestos a los organismos competentes y de diseñar políticas públicas que
tiendan a la prevención del abuso sexual infantil y del embarazo infantil forzado, como así también de la protección de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de quienes dependen exclusivamente de la salud pública para ver garantizados sus derechos humanos fundamentales”, explican desde el colectivo de organizaciones que lucha por el cumplimento de los derechos sexuales y reproductivos.
Por último, exigen al “Ministerio de Seguridad y la Justicia actúen con la celeridad necesaria para encontrar y juzgar al abusador y que el Poder Ejecutivo se haga responsable del bienestar de la niña, cubriendo todas sus necesidades y garantizando su recuperación luego de este hecho traumático”.
