Más de 60 trabajadores y trabajadoras del proyecto Cocinas Comunitarias, dependiente de la Dirección de Políticas Alimentarias, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, denuncian la precariedad de las condiciones laborales en las que deben desarrollar su trabajo.
Son más de 100 las cocinas que forman parte del programa, que representan a 12mil niñxs y adultos. Están distribuidas en diferentes localidades de la provincia, abarcando tanto capital, como norte y sur. Trabajan principalmente con mujeres que ocupan un rol activo en su comunidad, y acompañan procesos tanto grupales como individuales, garantizando y promoviendo el acceso a derechos.
A raíz de las condiciones en las que se encuentran hoy, y nucleados bajo la Asamblea de trabajadoras y trabajadores de Cocinas Comunitarias en lucha, reclaman el pago inmediato de los honorarios correspondientes a enero y febrero. Según denuncian, la situación de precarización no es nueva. “En el mes de diciembre de 2022 las y los trabajadores hicimos una serie de reclamos, reuniéndonos con las autoridades correspondientes y teniendo que llevar a cabo acciones para garantizar a fin de año el pago de dos meses de honorarios adeudados. Todo esto, intensificado por la innegable crisis económica que atravesamos como país, en la que, debido a la alta inflación, nuestros honorarios – que nunca son percibidos en tiempo y forma – quedan devaluados mes a mes”, señalan los trabajadores en un comunicado difundido a medios de comunicación.
Por otro lado, señalan que las condiciones de contratación son a través de una fundación, “con contratos que no garantizan derechos laborales básicos, y ésto lleva así ya por 12 años consecutivos”. De esta manera, están vinculados al trabajo como monotributistas y, según expresaron en el comunicado, “con cláusulas que no garantizan pagos mensuales, y que además establece montos por honorarios de servicios que se encuentran muy por debajo de la canasta básica”.
La incertidumbre laboral es otro de los puntos que señalan en el texto. “Al final de cada convenio nos quedamos sin trabajo por meses hasta que vuelve a iniciar el próximo convenio, sosteniendo la irregularidad agravante de no percibir el pago de los honorarios en tiempo y forma”.
Por otro lado mencionan que “el reciente cambio en la dirección de la que dependemos, actualmente a cargo de la Dra. Carolina Díaz Taballione, plantea una perspectiva diferente de abordaje del proyecto, la cual se encuentra centrada en garantizar únicamente el acceso a la alimentación, restando valor a otros aspectos de nuestro trabajo que tienen que ver con la promoción y el ejercicio de derechos, como así también a la formación y el acompañamiento colectivo que garantiza el crecimiento comunitario”.
El programa Cocinas Comunitarias no se trata solamente de una asistencia alimentaria, en estos 12 años, esos territorios donde se asienta el programa se transformaron en organizaciones de base en los barrios, en general a cargo de mujeres, donde se cocina, se debate y se construye. “Los dispositivos cumplen un rol fundamental en la vida de las mujeres que las constituyen, ya que no sólo permite garantizar la alimentación de sus familias, sino que además posibilitan tejer redes colectivas fundamentales para el desarrollo, en grupos sociales muy vulnerados económica y culturalmente”, expresan.
Es en este contexto, que los y las trabajadoras decidieron dar a conocer su situación laboral. “Buscamos que se reconozca y valore nuestro trabajo, y pidiendo a la comunidad hacerse eco de nuestros reclamos, que además de implicarnos como trabajadores nos implica como sujetos sociales al encontrarnos ante dispositivos que trabajan comunitariamente”.
Por último, en el comunicado exigen “el pago inmediato de los honorarios adeudados, pedimos mejoras laborales que respeten los derechos básicos de trabajo y contratación, esperamos continuidad del proyecto “Cocinas Comunitarias” desde una perspectiva de derechos y nos declaramos en emergencia alimentaria”.
No debe pasar esto con los y las profesionales de desarrollo social.