La ministra Sabina Frederic anunciará este viernes la revocación del protocolo 1149, sancionado por su predecesora Patricia Bullrich, que había desarrollado un acta específica para la detención de las personas trans.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunciará este viernes la revocación del protocolo 1149, sancionado por su predecesora Patricia Bullrich, que había desarrollado un acta específica para la detención de las personas trans y era “violatorio no solo de la normativa constitucional argentina sino también de normativas internacionales“, dijo Carolina Justo, directora nacional de Políticas de Género de esa cartera.
“Este protocolo profundizaba la situación de vulnerabilidad de las personas trans habilitando procedimientos específicos cuando no corresponde tratar a estas personas de ninguna otra manera que de acuerdo a derecho, igual que a cualquier otro ciudadano o ciudadana; en este caso lo que corresponde es proteger sus derechos por ser una comunidad vulnerada sistemáticamente”, sostuvo Justo.
“La ministra, por un lado, recogerá mañana la demanda de estos últimos años de las organizaciones LGBTI+ en relación a revocar este protocolo que había sancionado la ex ministra Bullrich, que era estigmatizante, que había desarrollado un acta específica par la detención de las personas trans que era violatorio no solo de la normativa constitucional argentina sino también de normativas internacionales, considerando además que las personas trans son una comunidad cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados y son objeto de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad con mucha frecuencia”.
Justo recordó que con el protocolo 1149 la anterior gestión de Seguridad había derogado la resolución 1181 de 2011, de la entonces ministra Nilda Garré, que fue precursora en términos de las garantías del derecho a la identidad de género del personal de las fuerzas y de las y los civiles en contacto con el personal de las fuerzas.
La funcionaria agregó que “la ministra decidió también recuperar la memoria institucional de las política históricas del Ministerio y por eso ahora revoca el 1149 y recupera la Resolución 1181 con las modificaciones que son necesarias en virtud de la existencia de la ley de Identidad de Género, de también garantizar el cumplimiento de la misma por parte del personal policial”.
“Es de destacar -continuó Justo- que el texto de la resolución que mañana va a firmar la ministra se consensuó y trabajó con las organizaciones LGTBI+ que es una línea de trabajo y una orientación política que tiene la ministra de desarrollar mesas de trabajo con esas personas respecto de quien tiene que garantizar la seguridad”.
La organización 100% Diversidad y Derechos saludó la decisión de Frederic de derogar el protocolo y dictar “una nueva norma centrada en garantizar los derechos de las personas LGBTI+, tanto al interior de las fuerzas federales y de seguridad como afuera en cuyo proceso de elaboración participó 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones”.
Greta Pena, directora ejecutiva de 100% Diversidad y Derechos sostuvo en un comunicado: “El Protocolo de Patricia Bullrich materializaba todos los estigmas que histórica y estructuralmente criminalizan las identidades LGBTI+. Esta decisión de revocarlo y sancionar una norma de respeto y prevención de la violencia por identidad de género y orientación sexual es un avance en la democratización de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, la activista trans Marcela Tobaldi, presidenta de la Rosa Naranja, integrante de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos expresó en el mismo comunicado: “La comunidad travesti trans celebra la decisión de la ministra Frederic de anular la norma que “criminaliza a la diversidad sexual y de género y la estigmatiza como un grupo de población peligroso. La medida había sido un reclamo de las organizaciones LGBTI+ que denunciaron selectividad del accionar policial en la norma dictada por la ex ministra Patricia Bullrich”.
Así, agregó la organización, “se anunciará la derogación del protocolo represivo y el dictado para perseguir a la población travesti trans que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada por la violencia que impone el sistema prostituyente y que lejos de la criminalización requiere políticas públicas para acceder a la educación, el empleo y la vivienda”.
Fuente: Télam
