La lucha de los pueblos originarios de Argentina depende de la decisión que tome hoy el Senado, sobre si se extiende la prórroga de esta ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta situación lejos está de ser nueva: el pedido de extensión se realiza por tercera vez.
La ley 26.160 sancionada y promulgada en 2006 establece la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas y obliga al Estado a realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Además suspendía (por el término de la duración de la emergencia declarada) el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas. La norma fue prorrogada en dos oportunidades y la última prórroga vence en noviembre de este año.
De acuerdo a una auditoría llevada a cabo por la AGN (durante el período 2010/2015) de las, aproximadamente, 1500 comunidades con datos de existencia, solo se han empadronado alrededor de 500. Dos tercios no han regularizado su situación y muchas de las comunidades no han tenido las posibilidades de acceder a esta información y tener el acompañamiento por parte del Estado. Esta situación es la que motivado, desde hace 11 años, las sucesivas prórrogas.
El Gobierno Nacional ha manifestado su compromiso con la resolución de este tema. El Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó que “acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160. Estamos trabajando con las comunidades originarias del país. Recorriendo provincia por provincia para encontrar, juntos, la mejor solución a estos reclamos que llevan ya muchos años”.
Sobre los relevamientos territoriales, Tucumán tiene una gran experiencia que se refleja en los resultados obtenidos. De 17 comunidades indígenas, 14 ya cuentan con su carpeta técnica, mientras que dos están en proceso. Esta realidad lamentablemente no se replica en provincias como Jujuy, Salta o Neuquén, lo que muestra un panorama nacional bastante complejo. Cada provincia tiene una situación particular que se acentúa con las decisiones políticas de cada gobierno de turno.
