“Queremos visibilizar para que no se olvide y para pedir justicia”

A cuatro años del incendio en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena, que se cobró las vidas de Ariano Biza y Emanuel Gallardo, sus familias continúan la lucha para que sus muertes no queden impunes.

La causa está caratulada como abandono de persona y tiene como acusados al subcomisario Daniel Cuellar y otros cuatro policías: Diego Alejandro Paz, Luis Alberto González, Néstor Raúl Ruiz y Sergio Elio González. Los imputados se mantienen en libertad y en funciones. Paula Villagrán, la cuñada de Ariano, contó en comunicación con La Nota que estaban a la espera de la elevación a juicio, pero por un error en la imputación la causa debía volver a la Fiscalía.

Sobre el incendio

Paula había ido a visitar a Ariano el domingo a la noche. “Cuando entré, un policía les gritaba y les golpeaba la reja con un palo. Cuando yo entro se sorprendió y me pidió que me vaya. Pude dejarle las cosas a Ariano y esa fue la última vez que lo vi. Se veía que ya había problemas y que estaba todo muy tenso”.

Al día siguiente, el 29 de junio, a través de las noticias se enteraron que había problemas en la Regional Norte, donde estaba alojado Ariano hace pocos días. Había sido trasladado junto a otros más porque se había caído la puerta en el lugar donde estaban previamente. “Estaba Canal 8 y decía motín en la Regional Norte. Al rato dicen los nombres de los fallecidos. En un primer momento los dijeron mal, pero yo me di cuenta que era él.”

Ariano había conseguido la libertad condicional, pero le pedían un fiador. “No conseguimos fiador, por eso no pudo quedar en libertad. Tuvimos todo en contra, cuando parece que todo está predestinado a que pase eso”, se lamenta.

Paula llegó a la comisaría y empezó el peregrinaje. Nunca les dijeron dónde estaba Ariano ni que ya había muerto. Les decían que aún estaba vivo y que lo habían llevado al hospital. Fueron al Carrillo, al Padilla, al Centro de Salud. Ariano no estaba. Paula se fue a la morgue, cansada de las idas y vueltas. Cuando llegó le dijeron que sí, que hacía horas que el cuerpo se encontraba ahí. “A él lo trasladaron de la Brigada a la morgue, directamente salió sin vida de la celda.”

Más de 12 horas retuvieron el cuerpo de Ariano en la morgue. “Ya era la madrugada cuando nos dejaron entrar. Desde el minuto cero la policía se portó pésimo. Ni siquiera lo habían limpiado. Cuando lo quisimos alzar para abrazarlo y despedirnos, le empezó a salir sangre por todos lados, por las suturas de la autopsia. Nadie nos dijo nada”.

“Nadie nos daba explicaciones. Los médicos nos hicieron pasar y nos dejaron solos en la sala”, continúa relatando Paula.

Reconstruir los hechos de lo que pasa en una comisaría en una situación así no es fácil, la Policía intentó ocultar información y hubieron amenazas a los presos que sobrevivieron. “A la otra familia no la conocíamos, nos conocimos ahí. Empezamos a investigar. El resto de los presos nos fueron contando, hablamos con algunos padres de los detenidos”.

Uno de los presos que se encontraba en la celda cuando sucedieron los hechos, declaró que un policía tiró un pedazo de goma espuma encendido encima de una pila de colchones que había adentro y que así comenzó el incendio.

La versión oficial que circuló fue la de un motín. Dijeron que fueron los presos los que iniciaron el incendio para impedir que realicen una requisa.

La policía nunca abrió la puerta. Alegaron que no podían tocar los candados por el calor. Cuando se realizó la reconstrucción del hecho, más de un año después, se pusieron los candados en fuego y según el cálculo, la coartada de la policía no sería válida. Los candados recién fueron rotos cuando llegaron los bomberos, pero nunca fueron hallados en la escena de los hechos.

“Es una cuestión de humanidad abrir la puerta. Así sea que abras y se fuguen, salvas vida. El comisario dio la orden de no abrir y el cuartelero, que tenía la llave tampoco abrió”, dice Paula.

Los colchones se empezaron a prender fuego y a liberar un humo espeso y tóxico. En la pequeña celda se encontraban 18 detenidos. Ariano y Emanuel fueron los primeros en refugiarse en el baño de un metro y medio y tirarse al piso para poder respirar lo que quedaba de oxígeno. Arriba de ellos fueron cayendo el resto. Cuando llegaron los bomberos y rompieron los candados, Ariano y Emanuel ya habían fallecido y 11 tuvieron que ser internados por asfixia, algunos presentaban quemaduras en las vías respiratorias. Casi todos los detenidos tenían orden judicial de ser alojados en el penal de Villa Urquiza, pero continuaban en la comisaría “por falta de cupo”.

“No ha cambiado nada”, dice Paula. “En las comisarías siguen hacinados”.

A los pocos días del hecho, la fiscala Adriana Giannoni junto al fiscal Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus correctivo colectivo en contra del Gobierno por el alojamiento de presos en dependencias policiales.

“Se encuentran alojados de 15 a 25 personas en una habitación que posiblemente está preparada para una cantidad significativamente menor”, se describe en el hábeas corpus. “Este hecho no es metafórico. Hay celdas en las que tienen que turnarse para dormir porque no entran todos acostados”, explicó en aquel momento Giannoni.

Desde el Poder Ejecutivo tucumano aseguran que en estos cuatro años se cumplió con el habeas corpus. En febrero de este año solicitaron que la acción judicial quede extinguida.

Durante estos cuatro años continuaron siendo noticia hechos que dejan en evidencia la deficiencia del sistema carcelario en la provincia. Desde venta de droga en el penal de Villa Urquiza y denuncias en contra del personal por tráfico de drogas, apremios ilegales, hasta denuncias de presos obligados a robar para los uniformados.

“Queremos visibilizar para que no se olvide y para pedir justicia. No vamos a bajar los brazos. Sabíamos desde el primer momento que esto iba a ser muy difícil, pero necesitamos esto”, concluye Paula.

Ariano Biza nació en Villa Mariano Moreno pero hacía poco vivía en Yerba Buena. Tenía 22 años y era el tercero de ocho hermanos. A él lo detuvieron a causa del robo de un celular del que nunca se hallaron pruebas.

Emanuel Gallardo vivía en El Colmenar y también tenía 22. Era un chico trabajador. Lo detuvieron por el supuesto robo de una moto, que después de una serie de irregularidades fue caratulado como robo de una cartera.

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