Las protestas contra la reforma tributaria en Colombia comenzaron el pasado fin de semana y el presidente Ivan Duque decidió responder con violencia a las mismas. El conflicto se llevó la vida de 19 personas, mucho de ellos jóvenes, y provocó la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla. La Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) invitó a todos al paro nacional el próximo 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantación de la renta básica y matrícula gratuita.
Duque anunció el sábado, día del trabajador, que usaría la figura de la “asistencia militar” para combatir “a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad”. La intención del gobierno colombiano, en medio de la pandemia, era aumentar el IVA en productos y servicios al 19% e incorporarlo a los alimentos, lo que provocaría una mayor carga sobre la clase media colombiana, azotada por la crisis económica y sanitaria
La impopular reforma tributaria, se proponía recaudar U$S 6500 millones, establecía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario, eliminaba la exención de este impuesto en alimentos básicos y reducía el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos debían pagar impuestos.
El Gobierno de Iván Duque anunció a principios de abril que solicitó renovar una línea de crédito de cerca de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para tratar de mitigar los efectos de la pandemia. El ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuvo: “Tenemos reservas internacionales, tenemos unas luchas permanentes por conseguir recursos adicionales, el Fondo Monetario Internacional en este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez”.
La ola de protestas en las principales ciudades colombianas terminaron siendo fuertemente reprimidas por las fuerzas colombianas y dejó 20 fallecidos, entre ellos dos jóvenes: Santiago y Marcelo a quienes les faltaba muy poco para concluir sus estudios de bachillerato.
Además investigan 80 personas desaparecidas, una mujer detenida violada y más de 800 heridos según el último informe de la Defensoría del Pueblo. La represión solo aumentó la intensidad de los reclamos, por lo que el gobierno se vio forzado a retirar su proyecto.
Fuente: Kontrainfo
