Hace tres semanas que trabajadoras y trabajadores del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia se encuentran en paro por el retraso de hasta tres meses del pago en los salarios, pero también para reclamar por el fin de la contratación anualizada y por la mejora de las condiciones en las que desarrollan sus tareas. El reclamo está respaldado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
Existe una gran preocupación ante el vaciamiento del programa ya que cumple un rol fundamental en la prevención de los embarazos adolescentes no intencionales. En general siempre que hay un embarazo no intencional hay vulneración de derechos: barreras en el acceso a educación, a servicios de salud, a métodos anticonceptivos, a la justicia y a la posibilidad de vivir una vida sin violencias.
El Plan ENIA está presente en 12 provincias del país donde la tasa de embarazo no intencional en adolescentes es alta. Se trata de una articulación entre los Ministerios Nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación, para, de manera integral, garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias.
Se estima que en Argentina, cada año nacen 11 mil niños y niñas cuyas madres son menores de 20 años. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan que ese embarazo no fue intencional. En algunos casos estos embarazos son producto de violaciones. En otros, son una consecuencia de la falta de información certera y el no acceso a métodos anticonceptivos eficaces.
En esta etapa clave de la vida, el embarazo no solo representa un riesgo para la salud sino que también compromete seriamente las trayectorias de vida y las posibilidades de integración social de las niñas y adolescentes.
Es importante mencionar que la tasa de fecundidad, en los últimos 10 años, ha mostrado un decrecimiento. En el año 2010 las tasas de fecundidad adolescente tardía (15-19 años) rondaban los 67,4 por mil, en el año 2015 ya habían descendido a 62,5 por mil y en el 2020 las mismas llegaron a 30,3 por mil. En este descenso tienen mucho que ver las intervenciones de políticas públicas llevadas a cabo, entre las que se encuentran las acciones del Programa Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, la implementación de la Ley de Educación Sexual, el inicio del Plan ENIA y la sanción de la Ley 27.610 de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto.
Prevención en Tucumán
Tucumán fue una de las primeras provincias donde comenzó a funcionar el plan. Primero en 2017 como prueba piloto, y luego en 2018 desembarcó en territorio en tres municipios: Cruz Alta, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán. Actualmente son aproximadamente 74 las personas que trabajan en ENIA, entre las tres áreas.
En ENIA trabajan los asesores de Salud Sexual Integral, que están en las escuelas y en los CAPS. Luego están los asesores de base comunitaria que están en los barrios, en organizaciones y en comedores. Después están los asesores pedagógicos que son quienes capacitan a docentes para que puedan aplicar la ESI en las aulas y además está el equipo de salud sexual y reproductiva que se encargan de la parte médica del plan.
“Al principio las condiciones laborales eran buenas. Si bien éramos monotributistas con un contrato de locación de obra, cobrábamos lo que correspondía, teníamos aumento cada seis meses y nos depositaban a principio de mes”, comentó Pia Diambra, quien es la portavoz del grupo de trabajadores y trabajadoras de la provincia que se encuentran de paro.
Del contrato de locación de obra, pasaron a un contrato por locación de servicios. Este año, además les cambiaron la modalidad de contratación “Se suponía que institucionalizaba el plan, el paso previo al pase a planta. Fue todo lo contrario, porque surgieron incompatibilidades que dejó a muchas compañeras y compañeros afuera. Tenemos una compañera, que está hace seis meses sin contrato. Le dijeron ya se resuelve y después directamente le dijeron que estaba desvinculada”.
Otro de los problemas que denuncian es la sobrecarga de tareas ante la baja de recursos humanos. “Todo el tiempo alguien está renunciando por las malas condiciones laborales”, señala Diambra. El panorama se agrava ante la incertidumbre y los últimos anuncios oficiales sobre el congelamiento del ingreso de personal en todos los organismos del Estado.
“Cada asesor pedagógico tiene a su cargo 10 escuelas. En base comunitaria son seis y cada uno tiene entre tres y cuatro espacios comunitarios. En Salud Sexual son ocho y van por todo el territorio y una sola persona que hace monitoreo”, explicó Diambra.
Prevenir en el territorio
Sobre la implementación del plan, Diambra comentó: “Fue un trabajo muy fino poder instalarnos en los barrios, en las escuelas y en los CAPS. Que la comunidad sepa que estábamos ahí para asesorar en derechos sexuales y reproductivos. Hasta que nos referenciamos y hoy trabajamos con un montón de organizaciones”, señaló.
Las adolescentes empezaron a acercarse a los diferentes dispositivos para sacarse dudas, realizar consultas, acceder a los métodos anticonceptivos. Se empezó a hablar de derechos sexuales y reproductivos. “Eso permitió que bajen los embarazos, porque había adolescentes que sabían que cerca de su barrio había una persona que la podía orientar en el acceso a sus derechos sexuales. Y también intervenimos en muchas situaciones de abusos. Durante la pandemia fuimos uno de los pocos dispositivos que hemos logrado articular de una manera muy consolidada para garantizar derechos. Se empoderó a la población para que sepa cuales son sus derechos y que puedan exigirlos. Los y las adolescentes encontraron un lugar donde saben que no los van a juzgar y que les enseñan sobre sus derechos. Para que elles puedan decidir”.
Vaciamiento
El Plan ENIA se financia con fondos internacionales del Programa para el Desarrollo de las Naciones de la ONU. Está proyectado hasta el 2030. “¿Qué pasa con los sueldos, por qué no se liberan, por qué algunos cobran el 8, otros el 20 o el 29? Cuando empezó el plan teníamos un montón de recursos. Teníamos materiales para cada espacio comunitario, y eso fue de a poco bajando”, explica la referente.
Diambra, además mencionó que desde principio de año están sin implantes subdérmicos, uno de los anticonceptivos más elegidos por las adolescentes. “Antes hacíamos operativos colocación de implantes a donde van las adolescentes que ya fueron asesoradas y que eligieron ese método. Antes hacíamos aplicaciones de hasta 30 implantes, hoy en día tenemos cinco con suerte y operativos una vez cada dos meses. Se vuelve muy complicado prevenir los embarazos de esta manera”.
Los y las trabajadoras continúan sin respuestas. El panorama se agrava ante el contexto económico actual y las declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvia Batakis, sobre el congelamiento de las contrataciones del Estado.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos básicos y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a los mismos a través de este tipo de políticas públicas que en los resultados, mostró ser eficiente. Las medidas de fuerza continuarán hasta que no haya respuestas oficiales ante los reclamos.
Desde La Nota intentamos comunicarnos con autoridades nacionales pero no tuvimos respuestas hasta el momento.
