El hecho sucedió el fin de semana. El acusado, Juan Federico Isas, quedó detenido con prisión preventiva. Desde AMMAR, Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina, acompañan a la mujer en su reclamo por justicia y denuncian que no se trata de un hecho aislado.
María Elena, tiene 30 años y es trabajadora sexual. El domingo, fue víctima de un brutal ataque en la zona de la ex Terminal de ómnibus de San miguel de Tucumán. Ese día, Juan Federico Islas, un policía de 49 años, se acercó a la zona para contratar servicios sexuales y enfurecido porque los servicios serían prestados por una trabajadora sexual trans, agredió a quienes se encontraban en el lugar.
Según testigos, el oficial se dirigió a su auto donde tomó un arma 9 milímetros y empezó a disparar indiscriminadamente. María Elena, una de las mujeres cis que se encontraba en el lugar, recibió dos disparos por la espalda y fue internada en el Hospital Padilla donde la operaron de urgencia. Ayer fue dada de alta y se encuentra en recuperación.
Desde AMMAR, Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina, acompañan a la mujer en su reclamo por justicia. El lunes 17 de mayo se realizó la audiencia judicial solicitada por el Ministerio Fiscal. El fiscal Ernesto Salas López pidió la prisión preventiva de 6 meses para Islas y el juez la otorgó por 3 meses. “Esperamos que en este periodo la Justicia actúe y que este hecho de violencia incitado por el odio a la orientación sexual y a la identidad de género no quede impune”, expresaron en un comunicado.
Además, señalaron que “en múltiples oportunidades lxs trabajadorxs sexuales hemos denunciado el desamparo estatal en el que se encuentra nuestro colectivo por no contar con políticas públicas que garanticen nuestros derechos. La clandestinidad nos expone a mayores situaciones de violencia y no contamos con canales de denuncia por el estigma que existe hacia nuestro trabajo”.
“Históricamente hemos sufrido violencia policial y en mayor medida lxs compañerxs trans por su identidad de género. Exigimos que se haga justicia y que el Estado reconozca nuestro trabajo para salir de la clandestinidad y contar con herramientas de amparo”, finalizaron en el comunicado.
