El diputado nacional, uno de los candidatos a ser ministro de Salud de la Nación, se pronunció sobre el pedido de cierre de una causa iniciada por la fiscal Adriana Giannoni para investigar una práctica de interrupción legal del embarazo a una niña que denunció haber sido abusada. El pedido fue presentado por Mujeres x Mujeres.
A partir de un pedido de archivo y cierre de la causa penal caratulada “Personal de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes s/Aborto” formulado por MujeresxMujeres, el diputado nacional Pablo Yedlin, cuyo nombre suena con fuerza para ser el futuro ministro de Salud de la Nación, se pronunció sobre la interrupción legal del embarazo.
A través de Twitter, compartió el comunicado firmado por Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Asamblea Permanente por loa Derechos Humanos, y expresó: “La Interrupción LEGAL de un embarazo, producto de una violación, o por riesgo materno, es un derecho en este país. En TODO el país”, reforzó.
La Interrupción LEGAL de un embarazo, producto de una violacion, o por riesgo Materno, es un derecho en este país. En TODO el país. Perseguir a quienes dan cumplimiento a este derecho es una aberración jurídica intolerable. pic.twitter.com/6Cqslte9pQ
— Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) November 28, 2019
La investigación penal fue iniciada de oficio por la Fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios de Tucumán, para investigar una práctica de interrupción legal del embarazo a una niña que denunció haber sido abusada, un hecho que en Argentina no es delito.
El aborto no punible está contemplado en el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921, además de que fue reforzado por el Fallo FAL en 2012 que remarcó lo alcances del mismo.
Sobre este punto, el diputado agregó: “Perseguir a quienes dan cumplimiento a este derecho es una aberración jurídica intolerable“.
Giannoni es también la protagonista de la causa iniciada contra los médicos José Gigena y Cecilia Ousset, quienes garantizaron la interrupción legal del embarazo en el caso “Lucía” a pedido expreso del SIPROSA.
“Repudiamos el avance indebido del Ministerio Público en crear causas penales contra el accionar legal de efectores de la salud. Este tipo de acciones funcionan como un dispositivo de poder que busca amedrentar a quienes cumplen su trabajo de garantizar el acceso a la salud integral de niñas, adolescentes y mujeres en situación de aborto“, afirmaron en el comunicado.
Por último, exhortaron al ministro Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a “condenar la persecución penal de los agentes públicos que garantizan los abortos permitidos por la ley, para así afianzar una política pública central para la autonomía de las personas gestantes y así poder cerrar un capítulo de violaciones de derechos que en Tucumán escribe las peores páginas de la historia de las mujeres que abortan con violencia, tortura, cárcel y muerte”.
