Diputados de La Libertad Avanza visitaron a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci asistieron al penal de Ezeiza y se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda.
Todos permanecen detenidos pese a haber cumplido más de 70 años porque están acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos.
Desde los organismos de Derechos Humanos del NOA manifestaron su repudio y rechazo. “Bajo el pretexto de “visita humanitaria” es un claro mensaje a la sociedad junto con otras actitudes gubernamentales de legitimar el accionar del terrorismo de estado en nuestra historia reciente”. Para el gobierno encabezado por Javier Milei y Victoria Villaruel, lo que sucedió durante el terrorismo de Estado fueron excesos.
“Es pertinente una vez más manifestar que los hechos acaecidos por los cuales han sido condenados los personajes que recibieron la visita de los diputados, violaron toda la normativa vigente, desde nuestra Constitución Nacional hasta tratados internacionales de DDHH de los cuales nuestro país es parte estando obligado a respetar y cumplir, incluido el Poder Legislativo que los diputados integran”, expresaron en un comunicado.
Además reforzaron que “los cientos de juicios de lesa humanidad que se tramitaron y tramitan a lo largo y ancho del país corroboraron los delitos que los miembros de las fuerzas de seguridad de los cuales los condenados que fueron visitados, fueron parte del terrorismo de estado”.
Por último, apuntaron que “los juicios por delitos de lesa humanidad son irreversibles en cuanto hay convenciones internacionales con jerarquía constitucional que impiden las amnistías o indultos por este tipo de crímenes. Jurídicamente, cualquier medida que implique un perdón es contraria al derecho y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, sería violatorio del derecho constitucional argentino y atenta contra nuestra democracia”.
