Juan Marco Vaggione, Abogado, Doctor en Sociología, Investigador de CONICET
Mariela Puga, Abogada, Doctora en Derecho Constitucional, Investigadora de CONICET
El debate social y parlamentario sobre la legalización del aborto para las mujeres y cuerpos gestantes evidenció, entre otras cosas, la identificación con lo religioso de la mayoría de aquellos que públicamente se movilizan en contra. Esta identificación puede darse de forma directa, a través de la presencia de líderes religiosos o de justificaciones basadas en textos y documentos sagrados. Sin embargo, los casos más llamativos son aquellos en que aparece de forma mediada: profesores que representan a centros académicos de la Iglesia Católica, expertos que son asesores del Vaticano, o ciudadanos de organizaciones que tienen como propósito defender la moral religiosa.
Dentro de esta identificación mediada emergen nítidamente aquellos a los que podemos llamar “juristas confesionales”, quienes tienen por objetivo “defender la fe” y, particularmente desde mediados de los 90s, se oponen sistemáticamente a los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina desde hace tiempo venimos observando el accionar de estos juristas. Su acción se ha naturalizado de tal forma en la construcción del campo jurídico argentino que hoy no resulta sencillo rastrear los eventos claves de su incidencia, o distinguir a sus operadores de otros juristas no confesionales. Sin embargo, hay al menos dos rasgos que sirven para caracterizarlos:
En primer lugar, estos juristas se auto-atribuyen la defensa de la familia y de la vida, cuando lo que en realidad están defendiendo es una moral sexual ligada a la reproducción. Así, apelan a valores jurídicos, presuponiendo dogmáticamente que esos valores (familia, vida) sólo admiten su lectura en clave de moral sexual conservadora. Un indicador clave para reconocerlos, es que los que ayer activaron contra el reconocimiento de todos los derechos sexuales y reproductivos son los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto. De manera tal que hoy se sitúan en el lugar paradójico de disimular décadas en lo que ellos mismos han dificultado (sino imposibilitado) la existencia de las soluciones que hoy proponen para evitar al aborto: educación sexual, acceso a anticonceptivos, campañas de educación.
Esta semana vimos cómo juristas confesionales que por décadas consideraban al aborto como el peor delito, ante el corrimiento en la opinión pública, parecen entender finalmente la violencia que existe en castigar a una mujer que aborta, y aceptan su despenalización, con el único objetivo de plantar bandera contra la legalización. Despenalización que, de todos modos, continúa sancionando con la precariedad y el riesgo de vida a las personas que abortan.
En segundo lugar, si bien se trata de juristas que argumentan desde/con el derecho, sus argumentaciones reflejan con nitidez el dogmatismo de los sectores religiosos con los que se identifican. El jurista confesional entiende que no hay discusión sobre el comienzo de la vida, sobre que la mujer embarazada “es una madre”, y que el embrión es “una persona”. No importa cuanta literatura científica se le oponga con argumentos disímiles, no importa cuántos millones de mujeres aborten, ni importa cuánto argumento moral disímil los desafíe. Esos dogmas se repiten incólumes y se erigen como lo “fuera de debate”, como si la duda al respecto significara la duda acerca de la existencia de Dios, como si les perteneciera el monopolio sobre el significado de la noción de vida, madre y persona.
De esta forma trasladan el dogmatismo religioso a la forma en que instrumentalizan el derecho en la justificación de su posicionamiento contra el aborto. Trazan fronteras inflexibles e incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables.
Este rasgo también aparece claramente entre los juristas que se pronuncian por la inconstitucionalidad de la legalización del aborto. Le hacen decir a la constitución lo que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudo interpretaciones de la constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran las discusiones de la convención constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la “verdad auto-evidente” que pronuncian con exaltación axiomática.
La complejidad del debate actual implica asumir que no se lo puede resolver a través de dogmas o de verdades irrefutables, sino con verdades parciales y diálogo continuo. Quizá sea el momento para que los juristas confesionales se tomen en serio la heterogeneidad y el pluralismo de nuestra sociedad, la que se produce, incluso, al interior del campo religioso. Mientras tanto va quedando en evidencia la forma en que enmascaran su dogmatismo con un discurso legal que, al defenderse cómo único e inamovible, enturbia el debate democrático que iniciamos.
