La causa Ingenio La Fronterita abarca delitos de lesa cometidos contra 68 personas durante el terrorismo de Estado en las instalaciones de esa fábrica azucarera, ubicada en el departamento de Famaillá, en el sur de la provincia de Tucumán. Es el primer juicio que se desarrollará en la provincia que juzga la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos.
El 17 de febrero de 2025 comenzará el primer juicio de Tucumán que juzga la responsabilidad empresarial por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Se trata de la causa Ingenio La Fronterita que abarca delitos cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa fábrica azucarera.
“Estamos contentos de que se haya puesto una fecha para el inicio del debate, pero estamos disgustados con el retardo de la justicia respecto de esta causa que fue elevada a juicio en diciembre de 2021”, dijo a La Nota Rodrigo Scrocchi, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), quien es querellante de esta investigación.
El abogado consideró, que la dilatación de los tiempos en el inicio del juicio “tiene que ver con las particularidades de esta causa: por primera vez en la provincia se van a juzgar actores económicos muy relevantes, no solo en Tucumán, sino en la región del NOA”.
La causa tiene como imputados a los exdirectivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos.
Los tres acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas (de las cuales 11 continúan desaparedicdas), en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
“Teníamos las expectativas de poder arrancar con el juicio La Fronterita este año, teniendo en cuenta que próximamente estaría terminando el juicio Jefatura III, pero el TOF definió que comience el 17 de febrero próximo, y esperamos que efectivamente sea así, para que no se siga dilatando y seguir corriendo el riesgo de que la impunidad biológica gane para los autores económicos de estos delitos de lesa humanidad”, agregó Scrocchi.
Cuando la causa La Fronterita fue elevada a juicio eran cuatro los imputados, pero como consecuencia de las demoras de la justicia de fijar una fecha de inicio del debate, uno de ellos falleció y no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Una situación que se podría repetir para los otros acusados por su avanzada edad.
El querellante sostuvo que desde ANDHES son “muy críticos de como viene actuando el TOF, hay una complicación muy grande en todo lo que tiene que ver con la dinámica y la agenda de los juicios, a los cuales se les siguen corriendo las fechas”.
Historia del Ingenio La Fronterita
El Ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, que establecieron un ingenio en las afueras de la localidad de Famaillá, y en el predio de la empresa funcionó un centro clandestino de detención ilegal que comenzó a operar durante el Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo del 1976) y que continuó activo en la última dictadura cívico militar.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia, el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar, puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante secuestros, homicidios y desapariciones.
Investigación
Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser investigados a partir del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.
Según este informe, la empresa azucarera “creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión”.
En 2016, Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa a una multinacional mexicana, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas.
En mayo de 2019, el juez Federal de Tucumán, Daniel Bejas dictó la falta de mérito en favor de los imputados, que después fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Pero dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara Federal tucumana debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos, revirtiendo la decisión de Bejas.
La Secretaría de Derechos Humanos, junto a las otras querellas y la fiscalía, consideraron entonces que la etapa de instrucción estaba agotada y solicitaron la elevación a juicio oral, que fue concedida en diciembre de 2021.
A fines de enero del 2022, el TOF hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscalía que ordenaba embargar inmuebles del Ingenio que podrían haber sido utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad dentro de la fábrica azucarera durante su funcionamiento como CCD.
Además de los inmuebles del Ingenio, la medida cautelar incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas.
El fiscal Federal, Pablo Camuña, dijo en esos momentos a Tiempo Argentino que la medida “consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”.
“Esta es una medida que se tomó por primera vez en causas de lesa humanidad, por lo que sentó un precedente importante para investigaciones sobre la responsabilidad de empresarios en el marco del terrorismo de Estado”, valoró Camuña.
Sofía, es bastante inexacto el árticulo. Recomiendo recabar mejor la información. Por ejemplo, la falta de mérito fueron dos. En primera y en segunda instancia. Están mal puestos los nombres de los imputados, y uno de ellos ya está apartado de la causa. etc …etc..
HIce un comentario super light y me lo borraron?
Que pasa con la verdad por acá…
Error: ” la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia, el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones”. (Incorrecto. Nadie cedió instalaciones. Lo real es que existe falta de merito en primera y en segunda instancia respecto de este juicio)
Error: “En 2016, Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa” (es incorrecta esta afirmación)
Error:”en el predio de la empresa funcionó un centro clandestino de detención ilegal ” (El centro de detención se probó era en la “Escuelita de Famailla”.)
Error: El nombre de lo imputados, y no nombran quienes están apartados de la causa.
Error.”el TOF hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscalía que ordenaba embargar inmuebles del Ingenio que podrían haber sido utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad ..” (Lo real es que embargaron un finca cañera de muchas hectáreas, al lado del lugar donde dicen funcionaba el centro de detención)
Le recomiendo en rigor de verdad, que antes de publicar estas afirmaciones, investiguen un poco más.