Por Andhes
La Corte Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó el procesamiento de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por considerarlos presuntos cómplices de crímenes de lesa humanidad contra al menos 68 personas que laboraban en el ingenio azucarero. La Fronterita, o quienes vivían en sus colonias, y quienes fueron detenidos ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que operaba en las instalaciones de la fábrica. Todos fueron torturados y algunos siguen desaparecidos hasta el día de hoy.
Para estos casos, el Ministerio Público (MPF) encabezado por el Fiscal Pablo Camuña, y la organización Andhes, acusaron a los accionistas de la firma, al dueño del ingenio y a los miembros del directorio de la empresa por su complicidad en numerosos delitos, tales como como privación ilegítima de la libertad con coacciones y humillaciones, aplicación agravada de tortura, violación del domicilio, desaparición forzada de personas, entre otras gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.
Pese a las pruebas en contrario, en 2019 el entonces juez federal, Daniel Bejas, declaró la falta de mérito a favor del imputado, al considerar que los empresarios no tenían responsabilidad por los delitos ocurridos. Un año después, la resolución fue confirmada por la Corte Federal de Apelaciones de Tucumán. Sin embargo, Andhes y el MPF apelaron esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal y el 29 de diciembre de 2020 la Sala IV resolvió admitir los recursos interpuestos y anular la resolución apelada, anulando la falta de mérito emitida.
La causa contó con el apoyo nacional e internacional del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS) y del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos que se presentaron como Amicus Curiae frente a la Cámara de Casación, ofreciendo importantes elementos legales que contribuyeron a demostrar la irracionalidad de las decisiones tomadas previamente por el tribunal de primera instancia y posteriormente ratificadas por la Sala de Apelaciones.
Hoy, con otra integración, la Corte Federal de Apelaciones aceptó las propuestas de la acusación y resolvió el procesamiento de los cuatro empresarios imputados.
La denuncia de Andhes fue presentada en 2018, a nombre de la familia de Fidel Jacobo Ortíz, trabajador de la Planta Fronteriza y Secretario General de la Unión, quien fue secuestrado en un barrio perteneciente a la Fábrica de Azúcar y actualmente se encuentra desaparecido.
El caso de Fidel Jacobo Ortíz y el Ingenio Fronterita, demuestra la complicidad existente entre parte del tejido empresarial argentino y quienes comandaron el aparato represivo ilegal durante el terrorismo de Estado, y constituye un valioso avance en la consolidación del proceso Verdad, Memoria y Justicia. en nuestro país.
