La Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer dictaminó de manera positiva y en mayoría el proyecto presentado por el Bloque Justicialista de Todos que cuenta con 34 firmas. Establece a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como las encargadas de controlar los contenidos.
Este jueves, la Legislatura de Tucumán será la última provincia en votar la adhesión a la Ley Nacional Micaela nº 27.499, a casi un año y medio de su sanción. La misma establece la capacitación permanente y obligatoria en materia de género y violencias de género.
A pesar de ser una ley muy simple, generó gran controversia dentro del recinto por las resistencias del bussismo, parte del radicalismo y también del mismo peronismo.
Para lograr la sanción, el oficialismo acordó un proyecto que desde esta mañana cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer y fue firmado por 34 de los 49 legisladores.
Por otro lado, se dictaminó en minoría, solo con la firma de la bussista Sandra Orquera (Fuerza Republicana) las iniciativas de su colega de bloque, Nadima Pecci, y del alfarista Raúl Albarracín.
El jueves pasado, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se comprometió frente a Néstor García, padre de la joven asesinada por quien se bautizó la ley, a adherir a la norma.
Allí anunció que “bajo la premisa de respetar la división de poderes, le adelantamos que pondremos la responsabilidad de las capacitaciones en las autoridades de cada Poder del Estado con la obligatoriedad de que todos los funcionarios y empleados públicos estén preparados para atender la temática”.
El articulo 3 de la ley nacional señala al Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como autoridad de aplicación.
“El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad”, enfatiza el artículo 5°, mientras que el 6° deja en claro que “la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres“.
El proyecto que redactó el jaldismo y que será tratado en la sesión de este jueves, establece a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como las encargadas de controlar su aplicación e implementación. Solo Chaco y Formosa incorporaron esta modificación en su proyecto de adhesión.
Llama la atención que, contando la provincia con una Secretaría de la Mujer, que forma parte del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, máxima autoridad en el tema, no haya sido nombrada como partícipe en la implementación de las capacitaciones.
Una vez que la Legislatura adhiera a la ley, habrá que esperar la reglamentación para conocer cómo será la real implementación.
