La ley establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los distintos estamentos del Estado.
Con una carta dirigida al vicegobernador Osvaldo Jaldo y presidente de la Legislatura, circula por las redes sociales un petitorio para que Tucumán adhiera a la Ley Nacional Micela.
La Ley Micaela fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal feminicidio, en memoria y reconocimiento por su defensa de los derechos de las mujeres. La Ley establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integran los distintos estamentos del estado, en todos sus niveles y jerarquías.
Tucumán fue una de las primeras provincias en presentar un proyecto de adhesión. La iniciativa fue planteada por las peronistas Graciela Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, y Sandra Mendoza, y por los radicales Adela Estofán y Fernando Valdez, los primeros días de 2019. Luego se sumó otro proyecto de la legisladora Silvia Rojkés, del bloque Tucumán Crece-PJ, y otro más de Stella Maris Córdoba.
En la última sesión de la Legislatura estaba previsto que se trate el proyecto unificado de adhesión a la ley (Expte 427-PL-18) que cuenta con dictamen favorable de la “Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres” con fecha 29 de julio de 2019. De un momento a otro, el tema fue sacado del orden del día, lo que despertó inquietudes al respecto.
En la carta expresan la gravísima situación por la que atraviesa la provincia en materia de violencia de género; las alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios (sin registros oficiales para estos últimos casos). Además, recuerdan que Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales. En lo que va del año, ya se registraron 9 femicidios en nuestra provincia.
Por otro lado, recuerdan que la provincia tiene la obligación de ajustarse a los estándares internacionales de Derechos Humanos, y la formación en materia de género y violencia contra las mujeres es un compromiso del Estado al firmar y ratificar, hace más de 20 años, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) de Naciones Unidas ; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994).
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Hasta el momento, adhirieron a la ley la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca y se encuentran en proceso de adhesión: Jujuy, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego.
Por último, mencionan que la adhesión a la Ley Micaela viene a dar cumplimiento a Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) que contiene prescripciones vinculadas a acciones de capacitación, en cabeza de cada uno de los Poderes del Estado y Ministerios.
Le ley serviría para que quienes integran el Estado, tengan las herramientas necesarias para trabajar y lograr intervenciones más eficientes y adecuadas en torno a esta problemática que atraviesa a toda la sociedad. “El primer paso para garantizar vidas libres de violencias a las mujeres es evitar seguir reproduciendo estructuras de opresión, discriminación y/o violencia institucional, para lo cual se torna esencial que los y las agentes públicas cuenten con la información y la capacitación adecuada”, finaliza la misiva.
Para sumar adhesiones, se invita a firmar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUUBBqpYFnPJzbX-2iXsrIrJuWCzCNuFcUZIBEa55SzNeVg/viewform
