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Apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella de una de las familias también señaló la responsabilidad del Estado por el déficit del sistema carcelario.
A más de un año del incendio en la Brigada Femenina de Concepción, que se cobró la vida de cuatro mujeres allí alojadas, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra las policías que estaban de guardia esa tarde y la jefa de la Brigada.
En la audiencia virtual estuvieron presentes familiares de las víctimas Janette Jacqueline Squilán, Micaela Rocío Mendoza, María José Saravia y Macarena Mailén Salinas, con sus respectivas querellas el dr Diaz Augier, Jorge Muñoz, Martín Sandez y Emilio Guagnini, las imputadas Susana Rodríguez, Margarita Gutiérrez, Sandra Rivarola y Fernanda Lazarte junto a su abogado defensor Leonardo Juarez. El juez a cargo de la causa es Raúl Ruben Fermoselle y la fiscal María Emilia Lopez Delgado.
Los hechos
La fiscal comenzó leyendo los hechos que se les imputan a las oficiales que estaban de guardia el 2 de septiembre de 2021, cuando cerca de las 17hs comenzó el incendio, pero también mencionó hechos previos que habrían desencadenado el trágico final.
“Desde el ingreso de cada una de las internas al alojamiento y hasta el día 2 de septiembre del año 2021 durante las guardias en las que Saquilan, Mendoza, Sarabia y Salinas quedaban bajo su custodia, ustedes les dispensaban un trato humillante tratándolas de manera rigurosa, mortificando y agravando su situación de encierro privándolas de alimentos y momentos de esparcimiento y recreo. Prohibiéndoles salir al patio de la dependencia como así también prohibiendo las visitas y contactos con sus familiares, ya sea directa o telefónicamente”, señaló la fiscal de acuerdo a los testimonios reunidos por familiares.
También señaló que las trataban de manera denigrante mediante insultos y hasta las agredían físicamente en algunas ocasiones, “sin respetar las garantías constitucionales y convencionales de tratos digno a toda persona durante su encierro”.
Sobre el día del incendio, la fiscal puntualizó que aproximadamente a las 17, mientras las guardiacárceles se encontraban en la sala del comedor junto a la única interna que sobrevivió, las otras mujeres quemaron un colchón en el interior de la celda principal por que no las dejaban salir al patio, originando un incendio motivo por el cual comenzaron a pedir auxilio para que les abrieran la reja que estaba cerrada con candado.
“En ese contexto ustedes, escuchando el pedido de ayuda, se desentendieron e ignoraron los gritos de las internas, omitiendo en ese momento prestar el auxilio que les era requerido. Una vez que el incendio comenzó a propagarse dentro de la celda y avanzando hacia el pasillo que comunica la sala, el humo que se generó alcanzó a ser advertido por los vecinos y ocasionales transeúntes y llegó hasta donde se encontraban ustedes, quienes en ese momento salieron a pedir colaboración debido a la imposibilidad ya de acceder al sector donde se encontraban las internas para abrir la puerta de la celda”, acusó López Delgado.
Ante la falta de auxilio Janette Jacqueline, Micaela Rocío, María José y Macarena Mailén fallecieron a causa de asfixia por inhalación e intoxicación por humo de la combustión de un incendio asociado a quemaduras.
Imputaciones
En ese sentido, la fiscal las imputó por “apremios ilegales en su modo comisivo de severidades en concurso real con el delito de abandono de persona”. Las policías hicieron uso de la palabra y negaron todos los hechos por los que se las imputa.
Sobre Lazarte, el Ministerio Público fiscal consideró, que en su carácter de jefa de la Brigada femenina “incumplió con su deber de controlar el desempeño de sus subalternas no adoptando las medidas necesarias para asegurar y garantizar la integridad física de las personas detenidas bajo su custodia y el cumplimiento de las garantías constitucionales y convencionales de un trato digno”.
Tampoco realizó el debido control respecto del mantenimiento del establecimiento el cual no cumplía con las medidas básicas de seguridad para alojamiento de personas privadas de la libertad ya que las celdas en las que eran alojadas las internas no tenían colchones ignífugos, como así también los extintores que tenían estaban vencidos desde 2019, por lo que fue acusada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Responsabilidad estatal y crisis carcelaria
Las cuatro jóvenes no superaban los 26 años. Tres de ellas llevaban casi 8 meses detenidas en la brigada, mientras que Saravia había ingresado hacía pocas semanas. Debian haber sido trasladadas a única cárcel de mujeres que existe en Tucumán, pero no había cupo.
Más allá de las responsabilidades particulares de las oficiales a cargo de la Brigada, el hecho se enmarca en el colapso que existe en el sistema carcelario de Tucumán. Ya en 2015 la Corte Suprema de Justicia de las Provincia emitió una resolución ante un Habeas Corpus presentado por el fiscal Diego López Ávila y ex fiscal Adriana Giannoni a favor de las personas privadas de su libertad, alojadas en dependencias policiales, y del personal policial que los custodia por graves violaciones a normativa con rango constitucional en la condiciones de alojamiento y detención.
En ese sentido, Emilio Guagnini, quien forma parte de la organización de derechos humanos Andhes, como querellante de la familia Saravia, inició una acción civil en la que se reclama al Estado por su responsabilidad.
El año pasado, a pocos días de sucedido el incendio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de las cuatro jóvenes e instó al Estado argentino a investigar los hechos “con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente”.
