El 30 de octubre de 1983 comenzaba el período más largo de democracia sin proscripciones. Después de ocho años de una dictadura sangrienta, el país a Raúl Alfonsín como presidente.
Hoy, se cumplen 35 años desde que Argentina recuperó la democracia. El 30 de octubre, pero de 1983, la población acudió a las urnas luego de siete años de una dictadura que asesinó y desapareció a miles de personas. La mayoría de las víctimas, tal como estableció el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), titulado ‘Nunca Más’, eran menores de 30 años y, sobre todo, dirigentes y activistas sindicales.
En aquella elección resultó triunfador el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín, con el 51% de los votos. Su campaña electoral, a tono con el momento histórico, estuvo centrada en la defensa de la Constitución Nacional. Incluso, en muchos de sus actos, leía el Preámbulo de la carta magna como símbolo de ese compromiso. Esto se completaba con su consigna principal: “Con la democracia se come, se educa y se cura“.
Su principal adversario fue Ítalo Luder, del Partido Justicialista (PJ), que logró el 40%. Sin embargo, el recuerdo de la violencia política que habían atravesado los últimos gobiernos peronistas de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón (en su tercer mandato) e Isabel Perón, entre 1973 y 1976, le restaron apoyo.
A su vez, el hecho de que el candidato a gobernador de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quemara un cajón que simbolizaba a la UCR en el acto de cierre de campaña, también provocó un fuerte repudio.
La decepción
El Gobierno de Alfonsín generó muchas expectativas en una sociedad que, además de la represión, había sufrido un plan económico de corte neoliberal que desmanteló el aparato productivo. Según el portal Chequeado.com, en 1980 los índices de pobreza rondaban el 8%, contra un 3,8% en 1974. Sin embargo en el área metropolitana de Buenos Aires –la zona más poblada del país– ese número ascendía a 21% en 1982. La falta de datos oficiales en aquella época hace difícil tener un número certero.
Por otra parte, el fuerte impulso para juzgar a los responsables del genocidio durante la dictadura –que tuvo su punto más alto en el juicio a las Juntas Militares de 1985– se vio opacado por las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Estas normativas limitaban la capacidad judicial de continuar el proceso de memoria, verdad y justicia, al tiempo que garantizaban la impunidad de los militares y sus cómplices civiles.
Posteriormente, el Gobierno de Carlos Menem, durante la década de 1990, no hizo más que profundizar el modelo económico heredado de la dictadura. Esto tendría su descenlace trágico en la crisis de 2001, la más grande que haya sufrido la Argentina hasta el día de hoy.
Por Santiago Mayor para RT
