La liberación de personas encarceladas injustamente fue anunciada por el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero. Se asumió compromiso de revisar los centenares de casos faltantes.
Bajo un programa de amnistía anunciado desde el comienzo de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se han liberado a 16 presos políticos hasta el momento y continúan estudiándose otros 352 casos.
La liberación de personas encarceladas injustamente fue anunciada el día martes por el presidente y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Al mismo tiempo, se asumió el compromiso de revisar los centenares de casos faltantes.
La mayoría de las personas que fueron liberadas no poseían pruebas suficientes en su contra y tampoco contaban con una sentencia luego de encontrarse durante varios años en prisión.
“En todos los casos hemos encontrado rezagos importantes de la impartición de justicia”, expresó Sánchez Cordero.
Según la funcionaria, entre las personas que se encuentran encarceladas hay activistas del medio ambiente, opositores del fracking (técnica de extracción de hidrocarburos, en inglés “fraking”) y de la Reforma Educativa del ex presidente Peña Nieto (actualmente revocada por López Obrador), así como también muchos más de orígenes muy humildes que no tuvieron acceso a un defensor público.
En el marco del compromiso por no criminalizar la protesta social y en la búsqueda de justicia para los inocentes, el Gobierno conformó una mesa especial para analizar uno por uno los casos de las personas privadas de su libertad ilegítimamente. La mesa funcionará de manera permanente como respuesta a la falta de actuación del sistema judicial tanto a nivel local como federal:
“En la estructura de la secretaría de gobernación se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en nuestro país. Esta unidad está compuesta básicamente por dos direcciones generales, una de las cuales es una dirección general para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas, a través de convenios de colaboración de las procuradurías estatales y los tribunales superiores de justicia”, informó López Obrador.
A partir del proceso de investigación de todos los casos sin sentencia, el presidente declaró que los principales beneficiarios serían: mujeres, indígenas, ambientalistas, maestras/os, dirigentes sociales y políticos.
“Queremos que la Cuarta Transformación signifique justicia. No podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres”, señaló.
Estas detenciones arbitrarias, no poseen elementos probatorios para llegar a materializarse como condena, por lo que desde el Gobierno aseguraron que son personas que no pueden ser procesadas. El presidente declaró entonces que el objetivo principal es que no haya más presos políticos y que ninguna persona sea castigada por su manera de pensar o por su postura política.
Señaló además que, si bien estas prácticas ilegales tenían lugar antes, esta nueva etapa abrirá el espacio para la justicia y reparación de daños para que los inocentes puedan salir de las cárceles.
