Hace cinco año que Ana Reales exige justicia por su hijo Miguel Reyes Pérez, un joven de 26 años que vivía en el barrio San Cayetano. El 24 de diciembre de 2016 dos policías de la patrulla motorizada del 911 le dispararon en la cabeza con una itaka y lo golpearon hasta dejarlo en coma. Estuvo internado 23 días en estado de coma, hasta que finalmente falleció el 16 de enero.
“Mi hijo fue perseguido porque era un chico adicto, quebrado por el paco. Ocho años he golpeado puertas para que me ayuden con ‘Reyes’ y nadie me ayudó. Esos policías me dijeron que me lo iban a traer en un cajón a mi hijo, y así fue”, relata Reales en la puerta de Tribunales al lado de un cartel gigante con el rostro sonriente de su hijo. Exige que se fije fecha para el inicio del juicio oral.
“Tenia que robar para Gerardo Figueroa y Mauro Navarro. Robaba para la policía para que lo dejen caminar. Fue perseguido constantemente por estos policías”, asegura la mujer acompañada por el abogado querellante Ginés Aráez, de la organización Andhes.
Figueroa y Navarro están imputados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por personal policial en abuso de su función. Ambos esperan el juicio en libertad.
“Es un caso testigo. El caso nos habla de la proporción en el uso de la fuerza que debe tener la policía, y también nos habla del consumo problemático y de qué políticas públicas nos damos como Estado frente a esta problemática”, apunta el letrado.
Además, Aráez señala que “a la muerte de Reyes la precede un hostigamiento policial muy puntual e individualizado, sumado a que la causa presenta amenazas de la policía hacia Ana Reales”.
“Pido justicia, no solamente por Reyes. Atrás mío hay un montón de madres que venimos constantemente a tribunales a pedir justicia”, sostiene Reales quien desde un primer momento salió a las calles a exigir justicia y comparte la lucha con familiares de Facundo Ferreira, Raúl Robles, Ceferino Nadal, Luis Espinoza, entre otros.
