Denuncian falta de acceso a la salud, alimentos y condiciones inhabitables en las cárceles de Tucumán. La acusación fue realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La Procuración Penitenciaria de la Nación fue invitada a participar de la capacitación a integrantes de los Juzgados de Ejecución Penal de Tucumán sobre estrategias de monitoreos de lugares de detención, organizada por la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán. Los días 9,10 y 11 de agosto la comisión de la Procuración, integrada por el Director General de Protección de Derechos Humanos, Dr. Ariel Cejas Meliare; el Subdirector de Legal y Contencioso Penal, Dr. Rodrigo Borda; y la Lic. Josefina Alfonsín del Equipo de Género y Diversidad Sexual, capacitó al personal de los referidos juzgados y participó de visitas a las unidades penitenciarias N° 3 de Concepción, Nro. 4 de Santa Ester y la Unidad de Villa Urquiza.
En el marco de las recorridas a las unidades se pudieron constatar serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Se advirtió la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también pésimas condiciones materiales de alojamiento. Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo régimenes de aislamiento y sectorización.
Por otra parte, a partir de los relatos de las personas detenidas, se pudo tomar conocimiento de la grave situación de una persona, cuya existencia no había sido informada por las autoridades dado que se encontraba alojada en un sector no habilitado para el alojamiento. Durante la entrevista se constató que el detenido presentaba disparos de goma en la espalda, estaba esposado a la pared y en situación de aislamiento desde hacía tres días. Consecuentemente se presentó un habeas corpus ante el juzgado de turno.
Frente a la gravedad de la situación verificada, se está trabajando en la elaboración de un informe y recomendaciones que serán presentadas a la brevedad a las autoridades de la provincia. La intervención será realizada en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y la Fiscalía Federal Nro. 2 de Tucumán.
