Un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma indica que 1452 personas fueron detenidas en el marcos de protestas sociales, la mayoría relacionadas a lo salarial o los despidos.
Durante los primeros tres años de gobierno de Mauricio Macri, al menos 1452 manifestantes fueron detenidos en el marco de manifestaciones sociales y al menos cinco personas fueron asesinadas en hechos de violencia estatal a manos de fuerzas federales.
Así lo señala el “Informe sobre criminalización de la protesta social en la Argentina (2016-2018)”, que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto con Liberpueblo.
Los contextos de las detenciones también son alarmantes. El 53% de ellas fueron cuestiones del ámbito laboral, no sólo de trabajadores formales como pueden ser despidos o aumentos de salarios, sino también la de los trabajadores de la economía popular por programas sociales, mejoras en el monto, o para denunciar su quita. Le siguen el 22% de los detenidos fueron por reclamos de tierra y vivienda.
El informe además afirma que estas detenciones son una política del gobierno de Maurcio Macri. “Durante los últimos cuatro años la represión física, las detenciones de manifestantes y la apertura de causas penales en el marco de conflictos sociales fueron asumidas como deseables y avaladas por las más altas autoridades del Estado. Ya no se trataba de acciones que inevitablemente forman parte de la intervención estatal y que están expuestas a tensiones y mediaciones entre las distintas instancias políticas que las llevan adelante, sino que fueron asumidas como un fin deseable de la política pública a la par que se intentó transformar a quienes se manifestaban en enemigos que debían ser combatidos” explicaron.
El objetivo de las detenciones “tuvieron la clara intencionalidad, por un lado, de amedrentar, amenazar e infundir miedo en la población a fin de que no se organice y demonizar a quienes sí lo hacían, en especial a las organizaciones sociales, sindicales, políticas o de derechos humanos”.
Hasta fines del 2018, al menos 1452 personas fueron detenidas en el marco de protestas sociales de las cuales el mayor porcentaje fueron dirigentes sociales y sindicales. Según se determinó no se prolongaron los tiempos de detención, en muchos casos “incomunicaron a los detenidos” y se “obstaculizó el accionar de los organismos de derechos humanos en las comisarías”.
Infogram
Durante el 2017, se presentaron uno de los casos más emblemáticos de la represión del estado. Una fue la desaparición por más de 78 días seguida de muerte de Santiago Maldonado, producida en el marco de la represión de Gendarmería Nacional a una comunidad mapuche en el Pu Lof Cushamen, y tiempo después el asesinato de Rafael Nahuel, a manos de la Prefectura Nacional.
Ese año las represiones más brutales fueron las del “8 de marzo, del 1/09 por la desaparición de Santiago Maldonado, y contra la reforma previsional en 14 y 18 diciembre de 2017”, y en el 2018 fueron en “las jornadas de octubre contra el G20 y contra la aprobación del presupuesto”.
Las armas usadas por parte de las fuerzas de seguridad fueron gases tóxicos, balas de goma, piedras y una feroz persecución y cacería.
Doctrina Chocobar y el asesinato del niño Facundo Ferreira
El policía de la provincia de Buenos Aires Luis Chocobar que mató Juan Pablo Kukoc en el contexto de un robo fue un precedente para exhibir el apoyo del gobierno de Macri a la violencia policial. Es que el policía fue tratado como “un héroe” y brindó un aval explícito para que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad pueda disparar y matar en cualquier circunstancia, con presunción de legalidad de su accionar. Es decir, “vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por vía del arma reglamentaria”. En el 2018, lejos de ser un caso aislado,”el asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán, de tan sólo 12 años, el asesinato de Marcos Soria, militante de la CTEP, a manos de la Policía de Córdoba y el asesinato de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte pocos meses más tarde” son muestra de garantizarle la impunidad a las fuerzas.
La objetivo de este informe es “resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, no sólo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social”.
Por último señala que las consecuencias sociales y económicas de estos cuatro años de gestión se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y en una fuerte caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores. En tanto, afirmó que “ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedades”.
