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Denuncian violencia y represión de la policía salteña hacia la comunidad diaguita

Miembros de la comunidad diaguita calchaquí La Aguada, Salta, fueron reprimidos por la policía provincial cuando cortaron la ruta y se manifestaron contra el avance de la bodega Puna en sus tierras. Hubo siete detenidos, entre ellos un menor.

“Aquí la Constitución y las leyes no corren para los pueblos originarios, casi seis siglos igual, la policía defiende intereses privados sin ninguna orden”, expresó un vocero de la comunidad al diario Página/12.

La comunidad diaguita calchaquí La Aguada, ubicada a 5 km de Cachi, se manifestó contra los avances de construcción de la bodega Puna en parte del territorio ancestral y reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), después de haberse aplicado la Ley 26.160 sobre derechos de las comunidades originarias. Sin embargo, Javier Montero, dueño de la bodega, sostiene que esas tierras son suyas tras haberlas adquirido en 2011. El proyecto de la bodega se inició en 2017, a través de un convenio con la provincia de Salta.

Ante la manifestación de la comunidad para evitar el avance de la bodega en sus tierras, según informó el medio Nuevo diario de Salta, la orden de que la policía reprima y desaloje el lugar fue de la fiscal María de los Ángeles Juárez Matar.

Además de ser reprimidos a palazos y piedras, hubo siete detenciones. “Se llevaron presos a un menor de edad y a Nemesio Fabián, el ex director de pueblos originarios que fue expulsado por el gobierno de Cambiemos. Son las nuevas estrategias de exterminio de este siglo, sumadas a las ancestrales”, expresó Ulises Yanes.

Negocio con beneficios fiscales

En una entrevista con Radio Nacional (único medio con el que ayer quiso acceder a una nota), Montero aseguró que cuando compró las tierras el conflicto era inexistente. Reiteró en al menos cinco ocasiones que el “título y la posesión eran perfectos”, al momento de adquirir las tierras. Pero al respecto, las autoridades de la comunidad sostuvieron que existe un acta en la que Montero reconocía el territorio ancestral y el respeto por la zona que pretende invadir.

Desde el 27 de junio de 2017 la Provincia benefició a la empresa M Agropecuaria SRL representada por María Carla Morizzio (según la cédula parcelaria, la esposa de Montero) para la instalación y puesta en funcionamiento de la Bodega Puna, cuyo objetivo es la producción de vinos de alta gama, con una inversión total de 23.584.593 pesos.

El gobierno salteño, entonces, decidió a través del convenio otorgar la exención del pago del impuesto a las actividades económicas y sellos por 8 años en un 100%.

Fuentes: Página 12 – Nuevo diario de Salta – El tribuno

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