Desde ADN presentaron un amparo tendiente garantizar el acceso al trabajo de personas con discapacidad sin discriminaciones en el Poder Judicial, luego de que una joven de 34 años, con un cardiopatía congénita, no fuera convocada a pesar de haber obtenido el tercer lugar.
El Poder Judicial de Tucumán, reconocido por las buenas prácticas de inclusión de personas con discapacidad, hoy enfrenta una acción de amparo por haber negado el ingreso a una joven discapacitada, luego de haber rendido un concurso y haber quedado en tercer lugar, junto a otra persona, que actualmente si ingreso.
Pilar Feyling tiene 34 años. Es traductora de inglés y perita traductora. En noviembre de 2017 recibió la noticia de haber quedado tercera en un concurso del Poder Judicial.
La joven tiene una cardiopatía congénita con híper tensión pulmonar, conocida como Síndrome de Eisenmenger, y utiliza una mochila de oxígeno. Esta patología nunca fue un impedimento en su desarrollo profesional. Pero el primer obstáculo lo encontró donde menos lo creía.
“Mis médicos siempre me autorizaron a trabajar. La actividad tanto intelectual, como física dentro de lo posible, es muy beneficiosa para las personas que tienen problemas de salud, porque te mantiene activo, y te permite sobrellevarlo de una mejor manera”, explicó en una entrevista.
Luego de aprobar el concurso, Pilar transitó todas las instancias correspondientes: realizó la capacitación en el mes de enero y pasó por los estudios preocupacionales. Solo estaba pendiente la reunión con recursos humanos, y Pilar ya tendría un trabajo formal.
El acceso al trabajo para las personas con alguna discapacidad está lejos de ser un tema resuelto. A pesar de que existe una normativa que establece la obligación por parte del Estado de un cupo laboral del 4%, no se aplica en todo el territorio de manera igual. A pesar de no contar con información actualizada, el Censo 2010 arrojó que hay 5,1 millones de personas con dificultades o limitaciones permanente, es decir, el 12,9% de la población. Y la población con discapacidad en edad de trabajar es el 11,8% del total, de los cuales el 55,4% está desempleado.
Al llegar a la entrevista, en el Poder Judicial le dijeron que no podría ocupar el cargo, alegando que no estaban dadas las condiciones edilicias para que se pudiera desempeñar en las funciones. “Incluso hasta llegaron a manifestarle que no podían garantizarle la posibilidad de utilizar los ascensores del edificio de tribunales, ya que con frecuencia estaban fuera de servicio y no podría, por lo tanto, cumplir tareas como llevar pilas de expedientes de un lugar a otro por las escaleras”, remarcó Augusto Moeykens, presidente de la organización Acción por los Derechos del Noroeste (ADN).
“Si ya la justicia le permitió llegar a esta instancia, y poder rendir, por supuesto que tiene un derecho adquirido. Además, pensemos que existe la Convención que protege a las personas con discapacidad. Y habla de los ajustes razonables que hay que hacer. Si las condiciones no están dadas, hay que hacer las adaptaciones culturales, sociales, edilicias, burocráticas que puedan llegar a existir”, explicó la abogada María Florencia Sanna, también de ADN, en una entrevista televisiva.
Según denuncia la organización, fue el propio Poder Judicial quién ejerció discriminación contra la joven. Por eso, en septiembre, Feyling, presentó un amparo patrocinada por ADN, contra el máximo tribunal de Tucumán. “Lo que pedimos es que la Corte sea coherente con esa política de inclusión que viene manteniéndo través del tiempo”, sostuvo la abogada.
“Hay un paraguas normativo en materia de protección de personas con discapacidad, con un nuevo paradigma social. Entonces, pedimos a la Corte que, hay un acto administrativo en donde una persona con idéntico puntaje a Pilar, ya ingresó a trabajar, y el reglamento dice que en caso de idéntico puntaje, las dos serán llamadas conjuntamente”, argumentó Sanna.
En el escrito se exige que cesen los actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos, y se dé cumplimiento al concurso público para personas con discapacidad. El planteo se tramita ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Ahora, Pilar espera una resolución de la Corte. “Es totalmente absurdo sostener que justamente uno de los poderes del Estado que cuenta con mayores privilegios en lo edilicio informe que no pueden adaptar el lugar para que Pilar pueda acceder a trabajar”, concluye ADN.
