La reforma constitucional que tuvo lugar en Jujuy el pasado 16 de junio afecta de manera negativa a las mujeres que son perseguidas y detenidas arbitrariamente por poner el cuerpo en las manifestaciones de “No a la reforma” y, particularmente, a las mujeres de pueblos originarios y campesinas que buscan defender las tierras y recursos naturales no sólo de sus comunidades, sino también de aquellos que nos pertenecen a todas, todos y todes y que se ven amenazados ante el avance del extractivismo que propone la nueva constitución.
Por María Florencia Vidal, integrante de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Colaboradorxs: Fernando Barrientos, Martín González, María Fernanda Rotondo y Carmela Mollinedo. Publicada en Latfem
El 7 de mayo fueron los comicios en los que se eligieron a los convencionales constituyentes, encargados de votar para la sanción de la nueva Constitución de la provincia de Jujuy. A partir de allí, se sucedieron una serie de irregularidades que desencadenaron un turbulento escenario donde se avasallaron y vulneraron derechos humanos. Es así que se llevó adelante la elección y posterior integración del actual gobernador Gerardo Morales a la convención constituyente, atentando contra la Constitución provincial, que en su artículo 100 aclara que los convencionales constituyentes no pueden desempeñar ninguna función o empleo público mientras ejerzan sus funciones. Ante esta prohibición, el gobernador burló esta restricción pidiendo licencia en su cargo como máxima autoridad de la provincia, lo que le permitió ir y venir entre ambas funciones.
Luego, el 22 de mayo, iniciaron las sesiones del proceso de reforma y en menos de tres semanas el texto quedó listo para ser aprobado, reduciendo el plazo de 90 días establecido por ley para el desarrollo de los debates en comisiones. Esas sesiones no garantizaron la participación de la sociedad civil y no respetaron el proceso de consulta previa, libre e informada, anulando la posibilidad de debatir con la sociedad civil en lo que respecta al diseño de políticas públicas y a garantizar un presupuesto real que pueda lograr su ejecución.
Durante el viernes 16 de junio se votó la reforma y, finalmente, el 20 de junio, a las 4 de la madrugada los constituyentes juraron la nueva Constitución de la provincia. El nuevo texto le fue impuesto al pueblo jujeño, a las comunidades indígenas, campesinas, a les docentes, a las mujeres y personas LGBTINB+.
El resultado de esta nueva carta magna llamó atención porque su contenido es contradictorio a los principios consagrados en la Constitución Nacional de la República Argentina y de los Tratados Internacionales —como la limitación al derecho a la protesta y a las tierras de los pueblos originarios—. Esto ocasionó que el pueblo iniciara manifestaciones sociales pacíficas con la consigna de “NO A LA REFORMA”, a las que el gobierno decidió responder con brutales represiones y privaciones ilegítimas de la libertad. La situación despertó una controversia a nivel nacional que fue alimentada por el contexto electoral y la desinformación de algunos medios de comunicación.
Las mujeres y las limitaciones al derecho a la protesta y su criminalización
Ante la brutal represión policial hacia las distintas comunidades y organizaciones que se encontraban manifestándose en distintos puntos de la provincia, la respuesta fue la organización colectiva que llevó a la implementación de estrategias donde el rol de las mujeres y de identidades feminizadas de comunidades indígenas y campesinas cobró relevancia por su histórica trayectoria en la lucha por sus territorios, por los recursos naturales, y por los múltiples tipos de violencias que interseccionalmente las afectan a lo largo de sus vidas.
“Cuando hay un conflicto, nuestras abuelas nos hablan de la responsabilidad que tenemos, no podemos volver de la lucha sin haber luchado hasta el final. Es nuestro compromiso con la comunidad, nuestros hermanos, hermanas, nuestros ancianos. Somos muy conscientes de que venimos a ofrendar nuestra vida, sabemos que, si alguna de nuestras hermanas llegara a morir, es en defensa de nuestro territorio (…) Eso tiene que ver con la importancia que le damos a la defensa de nuestra tierra, la Pachamama, nuestros recursos y el agua. Entendemos que defendemos la vida, la vida de todos, porque si no defendemos nuestro territorio no podemos vivir, es nuestro cosmo sentimiento, la espiritualidad en el territorio que nos permite ser”.
Responde Ameli, mujer indígena y referente de Purmamarca que lleva semanas poniendo el cuerpo en la protesta. Las mujeres jóvenes de las comunidades indígenas son quienes luchan en primera línea en caso de conflicto y quienes cuidan la integridad de las comunidades.
“Entendemos que defendemos la vida, la vida de todos, porque si no defendemos nuestro territorio no podemos vivir”
La nueva constitución provincial establece, en el artículo 67, “el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”, un eufemismo que apunta a restringir y controlar las manifestaciones, protestas, cortes de calles y rutas, como así también a cualquier otra alteración que pueda perturbar al derecho de la libre circulación. Este artículo afectaría también a la libertad de expresión aún cuando ambos constituyen no sólo garantías constitucionales, sino que también son la base indispensable para el funcionamiento del sistema democrático. Queda claro que existe una intención de avasallar derechos ya consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales —como la Declaración Universal de Derechos Humanos—, que en su conjunto reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, de reunión y asociación pacífica. En otras palabras, la nueva constitución jujeña impide las expresiones y manifestaciones en la vía pública.
El avance de estas medidas significa quitarles a los movimientos sociales una de las herramientas más utilizadas para la defensa, el reclamo y la lucha por sus derechos. La protesta les ha permitido a mujeres, personas LGBTINB+, marrones, indígenas y campesinas encontrar en las calles un espacio de construcción colectiva, visibilidad y participación. De esta manera, la prohibición de la misma pretende acallar esos reclamos, es decir, es otra forma más de quitarles participación en la toma de decisiones.
Lo que el gobierno transmite a través de las limitaciones a este derecho es un mensaje prohibicionista y de intolerancia, el que se traduce en represión y criminalización de la protesta. Esto, sin duda, coloca a las mujeres y a las identidades feminizadas, que son las que ponen su cuerpo en la primera línea de defensa de los derechos colectivos, en una desventaja ante el poder represivo del Estado.
Es así que la participación de las mujeres en la protesta social ha quedado demostrada también en hechos previos a la reforma de la Constitución provincial, donde los reclamos docentes dieron lugar a un paro por mejoras salariales y laborales para una profesión altamente feminizada. Esto se vio reflejado en la cifra expuesta a principios de este año por la investigadora Guillermina Tiramonti: la planta de docentes en el país está conformado en un 94% por mujeres en el nivel primario, y por más de un 75% en niveles de estudio superior. Lo que significa que fue una lucha acuerpada en su mayoría por mujeres que luego confluyó con la lucha de las comunidades indígenas y campesinas en los reclamos por la reforma. Al respecto, una docente de escuela popular sostiene: “Estamos hablando de un estereotipo, porque esto se relaciona con el hecho de que las mujeres son las que se encargan de tareas de cuidado, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver con el empoderamiento que logramos estos últimos años, y con una mayor conciencia colectiva”.
Cuando queda demostrado quiénes están sosteniendo la protesta y quienes tienen a su cargo la responsabilidad sobre el cuidado social, comunitario y familiar empieza evidenciarse sobre quienes caen las consecuencias de la represión estatal.
“No hay preparación para los conflictos, charlando con las hermanas de las comunidades de Puna y Quebrada, nos dimos cuenta que las mujeres jóvenes, somos enviadas a luchar en primera línea porque intentamos preservar la integridad de las mujeres con niños, y de los adultos mayores, porque entendemos que nuestro territorio no puede quedarse sin ellos, aunque hay muchas ancianas que también vienen a luchar. Eso tiene que ver con la importancia que le damos a la defensa de nuestra tierra, la pachamama, nuestros recursos y el agua. Entendemos que defendemos la vida, la vida de todos, porque si no defendemos nuestro territorio no podemos vivir, es nuestro cosmo sentimiento, la espiritualidad en el territorio que nos permite ser”, menciona Ameli.
Les habitantes de las comunidades de pueblos originarios son conscientes de que el territorio que habitan es parte de quienes son: “venimos de la tierra y vivimos por ella”. En base a esa conciencia, las mujeres jóvenes asumen como parte de sus tareas de cuidado ser la primera línea en las luchas sobre el territorio y de ese modo resguardan a las madres, niñeces y ancianidades.
Las mujeres hablan de defensa de la vida porque saben que la respuesta a la protesta es la represión. Sobre este punto queremos reflexionar respecto a lo que entendemos son consecuencias directas del accionar de un gobierno que promueve una reforma antiderecho y antidemocrática. El contexto de represión de la protesta incrementa la desprotección a las mujeres y favorece el escenario de violencias contra su integridad física, sexual, psicológica y espiritual.
En Jujuy sucedieron distintos hechos violentos —de represión estatal/policial— contra les manifestantes en distintos puntos de la provincia. Esto resulta preocupante por las consecuencias que tiene la represión de la protesta social, cuando las movilizaciones son lideradas por mujeres e identidades feminizadas que buscan reivindicar derechos. Un ejemplo de esto es la denuncia, hecha pública el pasado 28 de junio, de la docente y folclorista jujeña Camila Müller, quien sufrió torturas y tormentos por parte de tres personas encapuchadas que irrumpieron en su domicilio bajo el mensaje correctivo de “No te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada”. Estas personas se retiraron de la casa de Camila sin llevarse nada. Sin duda, este hecho, como otros que tomaron visibilidad en estas semanas donde las víctimas fueron mujeres, niñxs y adolescentes son un claro reflejo de las persecuciones, detenciones arbitrarias y amenazas que aquejan a la provincia.
El pasado 7 de julio, la Justicia Contravencional de la provincia publicó un listado de protestantes condenadxs con multas de hasta más de $2.000.000 de pesos y trabajo comunitario, detallando además que había 100 causas más en trámite y que estas serían publicadas con posterioridad. La persecución e intimidación que viene utilizando el gobierno excede lo legal, lo físico y lo psicológico, y ahora también se busca persuadir, desalentar y amenazar la economía personal y familiar de lxs manifestantes.
Estos escenarios son los que facilitan que el Estado, a través del accionar violento de sus agentes, instrumentalice los cuerpos de mujeres —manifestantes, perseguidas o detenidas— para enviar mensajes correctivos y represivos que pretende amedrentar y acallar el reclamo. Sin embargo, las mujeres siguen resistiendo en las calles y cuidándose unas a otras.
El extractivismo que propone la reforma
La reforma de la constitución de Jujuy cobra otro sentido al enmarcarse en el negocio del litio, escenario en el que el gobierno provincial tiene el “dominio originario” y la “titularidad exclusiva” sobre los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes sobre su territorio.
“Venimos de la tierra y vivimos por ella”, afirma la referente indígena cuando explica el artículo 94 de la nueva constitución que postula que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia”, “la tierra es un bien de trabajo y producción”.
Esto claramente es uno de los puntos reformados sin la consulta y participación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la provincia de Jujuy y que, a su vez, se traduce en otra forma de apropiarse de los territorios originarios, dado que muchos de estos aún no fueron reconocidos como territorios ancestrales o se encuentran en conflicto porque figuran como tierras fiscales. Así, la reforma niega el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que los pueblos originarios tradicionalmente ocuparon y que la Constitución Nacional les reconoce en su artículo 75, inciso 17. Por otro lado, silencia la opinión de las comunidades pasando por encima de la consulta previa, libre e informada, un procedimiento previsto por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, donde se les garantiza el acceso igualitario a las oportunidades de toma de decisiones.
La mirada extractivista de los recursos naturales que contiene esta reforma puede desembocar fácilmente en una contaminación ambiental sin precedentes para el suelo jujeño. Preocupa la contaminación del agua dulce y los humedales de la zona, que pueden verse altamente afectados por lo que las sequías severas y las altas temperaturas y son las principales causas del hambre, la pérdida del hogar y de los medios de vida de las comunidades de la Puna. La catástrofe tendría como principales víctimas a los habitantes de esos territorios e impactaría de forma desproporcionada en las mujeres indígenas y campesinas de la zona, ya que son ellas las que en sus propios pueblos encabezan los procesos de defensa y cuidado de los territorios frente al avance de la industria extractivista y la minería, jugando un importante rol frente al cambio climático, específicamente en la seguridad alimentaria.
Al respecto, ONU Mujeres vincula la desigualdad de género y el cambio climático e indica que “en todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, pero tienen menos acceso a ellos. En muchas regiones, las mujeres cargan con una responsabilidad desproporcionada cuando se trata de garantizar alimentos, agua y combustible. La agricultura es el sector laboral más importante para las mujeres de los países de ingreso bajo y mediano. Durante las épocas de sequía y precipitaciones irregulares, las mujeres, como trabajadoras agrícolas y productoras primarias, trabajan más arduamente para obtener los ingresos y recursos para sus familias. Esto representa una mayor presión para las niñas, quienes a menudo deben abandonar la escuela para ayudar a sus madres a sobrellevar la carga adicional”.
Asimismo, la imposición de la actividad minera en pueblos indígenas modifica dinámicas de la vida cotidiana que terminan por sobrecargar a las mujeres e identidades feminizadas encargadas de los trabajos de cuidados y agrícolas. Las empresas de explotación minera emplean mayormente varones que abandonan sus tareas en búsqueda de un salario para la subsistencia. El trabajo que las masculinidades dejan de realizar es asumido por una mujer, como afirma un operario de Sales de Jujuy, “el sueldo no alcanza y la casa hay que mantenerla”.
Los pueblos originarios son guardianes de la tierra, conciben al territorio ancestral más allá de su materialidad, con un fuerte contenido simbólico y basan sus vidas en proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. Arrebatarles la tierra para fomentar el extractivismo, además de ser un atentado contra el ambiente, es un despojamiento de la vida. Por eso, la defienden con semejante contundencia, por eso llevan siglos resistiendo. Los pueblos originarios no están defendiendo sus intereses, están cuidando la humanidad.
