En el juicio fueron condenados otros 21 acusados. El tribunal consideró que los funcionarios judiciales fueron un eslabón para garantizar la actividad de los represores de la dictadura. Y que no fueron culpables por “omisión”, sino por una práctica concreta.
Los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade condenaron a 25 de los 28 acusados del juicio, 12 de ellos a prisión perpetua, entre ellos a los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, simbólicos por la enorme influencia que mantuvieron en el fuero local hasta hace muy poco tiempo. Al finalizar la lectura, la secretaria del TOF leyó uno a uno los nombres de cada una de las 110 víctimas del juicio, lo que también significó para los presentes un acto de reparación. Entre ellas, Ernesto escuchó el nombre de su madre, Marcela Vega, una médica, militante del PRT con trabajo en los barrios populares cuya historia accedió por primera vez a una instancia de justicia.
La sentencia de Mendoza marca un antes y un después en la larga historia de avances y retrocesos de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Los jueces inscribieron cada condenas en la figura de los crímenes de lesa humanidad y, en diálogo con otras jurisdicciones, también lo hicieron en el contexto del “delito internacional del genocidio”. Hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y doce perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
Todos los jueces fueron condenados como partícipes necesarios. A Romano lo condenaron por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Y Miret por 9 hechos de secuestros, 3 tormentos y 7 homicidios.
De esos números se desprende un dato clave de este juicio: un cambio de criterio para entender el funcionamiento de la justicia en dictadura. Los cuatro jueces llegaron a juicio acusados por omisión de investigar y de denunciar hechos que conocían por sus roles, pero fueron condenados por participación primaria en los crímenes. Esto sucedió porque durante los más de tres años de juicio, fiscales y querellas buscaron demostrar que lo que hasta entonces se veía como una “no acción” o una omisión de investigar crímenes o denuncias, en realidad fue una acción activa que garantizó la impunidad. Otro dato del juicio es que los jueces no fueron condenados por un caso o una serie de casos, sino por la intervención en un período de tiempo: es decir, un tipo de práctica.
“Esta es la culminación de un trabajo enorme en el que el tribunal compartió todos nuestros argumentos”, dice a PáginaI12 el fiscal federal Dante Vega, con la respiración todavía agitada, segundos después de la sentencia. “Este es un juicio que tiene sentados a representantes de todo el arco terrorista estatal, inclusive civiles que formaron parte del aparato de la dictadura: y eso es el aparato judicial. El tribunal dijo que también los jueces son responsables, y merecen la máxima pena por partícipes primarios. Que el aporte que brindaron es tan importante que sin ese aporte el terrorismo de Estado no hubiese sido posible. Se pasó de la concepción errada de la omisión, de mirar para otro lado, a la participación activa. Y se puede participar activamente de distintas formas. No solo haciendo. Sino dejando de hacer cuando tenés la obligación de intervenir: las víctimas del terrorismo de Estado, el último lugar que tenían para acudir era la justicia y la justicia era partícipe del terrorismo de Estado, entonces no tenían dónde acudir. Y eso fue la máxima expresión del terror Estatal: no tener dónde acudir en busca de Justicia”.
Pablo Salinas, querellante por el MEDH y batallador incansable de estas causas, dice que fue un día luminoso de Justicia. “Todavía no puedo con la emoción”, explicó. “Creo que el tribunal estuvo a la altura del momento histórico. Y la perpetua marca que tomaron la tesis a la parte acusadora. Pero esto representa sobre todo un mensaje enorme de Justicia y esperanza para todo el movimiento de derechos humanos del país que tiene que seguir luchando para poder seguir avanzando con las complicidades civiles”.
Salinas miró en ese momento a Carlos Rozanski, que peleó por el ingreso de la definición del genocidio en las sentencias. Angela Urondo. Nino Bonoldi. Y también a su compañera, Viviana Beigel, también abogada del juicio en representación de la Liga. “Estamos emocionados, felices por la sentencia -dijo ella–: las víctimas sienten reparación por un fallo en el que la justicia federal fue condenada a prisión perpetua”.
En la sala estuvo Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Hubo funcionarios de la secretaria de derechos humanos de Nación. Estuvo el nieto recuperado Horacio Pietragalla, ahora candidato a diputado por Unidad Ciudadana. Y también la plana mayor del gobierno de Mendoza encabezada por la vicegobernadora Laura Montero y los ministros de Desarrollo Social y de Gobierno, Claudia Najul y Dalmiro Garay. Y estuvo el rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi.
“Está toda la explanada cubierta, acá hay muchísima gente esperando la sentencia”, decía temprano Espeche. “Gente de a pié, más organizaciones, gente en todos lados, esto desbordó todas las expectativas”. María Domínguez, referente de Madres de Plaza de Mayo, más temprano se sentó ante el micrófono de una radio comunitaria, FM La Mosquitera, único punto de trasmisión hacia la zona. “Este es un día histórico -comentó–. Muy ansiado para Mendoza especialmente aunque son muy pocos los que van a recibir la sentencia porque llevamos muchos años esperando y son muchos a los que todavía hay que condenar”. Por ahí estaba su nieta, Claudia Domínguez, identificada en octubre de 2015, que se acercó a las audiencias como un modo de conocer su propia historia.
“Es un fallo histórico no sólo porque se juzga a los jueces cómplices de la dictadura o porque es contundente, sino porque en el contexto de hoy existía una gran incertidumbre acerca de lo que iba a pasar”, dijo Pietragalla. “Esto abre una esperanza: nos dice que dentro de la Justicia hay funcionarios y jueces que tienen una coherencia con sus acciones y pensamientos. Hoy quedó demostrado para los negacionistas que hubo una dictadura que fue cívico militar. Y nos da coraje para seguir.”
