Luego de la promulgación de la Ley 27.610, la misma entrará en vigencia en un plazo no mayor a los 9 días.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entrará en vigencia a más tardar el 23 de enero. Hoy fue publicada en el Boletín Oficial.
“La ley entrará en vigencia dentro de los ocho días corridos luego de su publicación en el Boletín Oficial, que será mañana”, dijo hoy la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Lo anunció ayer en conferencia de prensa en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, tras el acto de promulgación de las leyes de IVE y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Plan de los 1000 días)-, encabezado por el presidente Alberto Fernández.
La ley de IVE pone énfasis en el derecho de las mujeres a resolver la interrupción del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicite.
El texto de la normativa establece que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional“.
Más allá de ese plazo se podrá interrumpir si la gestación fuera producto de una violación, mediante el solo requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional o personal de salud interviniente; o también si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la embarazada.
Gómez Alcorta indicó que las mujeres “podrán acceder a la práctica en cualquiera de los tres subsistemas, es decir el público, el de obras sociales y el de prepagas“.
En cuanto al Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral consistente en el pago anual de una Asignación Universal por Hijo (AUH) con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida.
Aclaración acordada con senadores
Además de estas dos leyes, el presidente firmó otro texto adicional, por el
cual hizo una aclaración sobre el articulado, acordada tras la aprobación
de Diputados y en el marco de su debate en el Senado.
Esa negociación a último momento, permitió que la iniciativa recibiera los
votos de Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos
Somos Rio Negro).
Durante el tratamiento en la Cámara alta, la miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había explicitado que se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral” de los textos de la ley. Se trata de los artículos 4 y 16.
El artículo 4 establece finalmente que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional”.
También dice que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
El Poder Ejecutivo Nacional dispuso “observar” la palabra “integral”. “El agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso”, fundamenta el decreto, que también señala que “la ‘salud’ como concepto es autosuficiente por lo que, a los fines de guardar consistencia normativa y de asegurar que la atención de la salud se realice de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales asumidos para la protección de ese derecho”.
El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional”. En este artículo inicialmente también figuraba la palabra “integral”, pero se produjo la supresión como en el caso anterior.
También aclara el Gobierno que “la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso”.
