A más de una década del final de su segundo mandato presidencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este 10 de junio la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la llamada “Causa Vialidad”. La sentencia, que la pena a 6 años de prisión y la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, fue interpretada por amplios sectores como el punto culminante de un proceso de proscripción política. Lejos de cerrar una etapa, el fallo de la Corte profundiza las tensiones en el sistema democrático argentino y consolida el uso del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento político.
¿De qué se la acusa?
La ex-presidenta fue condenada por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Si bien el fallo inicial la había también acusado de asociación ilícita, la Corte descartó esa figura y ratificó la condena original del Tribunal Oral Federal N° 2. El perjuicio estimado por el Estado, según la acusación, asciende a 84.000 millones de pesos.
La condena se dictó sin pruebas directas que vinculen a Cristina Fernández de Kirchner con órdenes específicas sobre las obras cuestionadas. No hubo mails, llamados, audios ni documentos que la involucren de forma directa. Sin embargo, el fallo sostuvo que, por su posición de liderazgo, debía asumir la responsabilidad de lo ocurrido.
Es notable destacar que la justicia Argentina absolvió a Mauricio Macri en la causa de escuchas ilegales a Familiares del Ara San Juan precisamente por no encontrar pruebas directas que vinculen a Macri con quienes desde los servicios de inteligencia actuaron. Esto marca como ante hechos similares la justicia actúa de modo contradictorio.
La sentencia como proscripción
La condena no es sólo jurídica: es también política. Con la ratificación por parte de la Corte, Cristina Fernández de Kirchner, la figura más fuerte de la oposición quien ya había anunciado su candidatura a las elecciones de medio término de octubre, queda legalmente inhabilitada para competir en las elecciones legislativas, aunque podría continuar apelando ante organismos internacionales.
Desde diversos sectores del campo popular, se interpreta esta decisión como una proscripción judicial, disfrazada de legalidad, que busca eliminar del tablero electoral a una figura central del peronismo contemporáneo. Como en 1955 con Perón o en 2003 con Lula da Silva en Brasil, el lawfare vuelve a operar como mecanismo de control social y exclusión política.
Y no es menor el hecho de que se trate de una mujer que llegó a los más altos cargos de decisión, en un país marcado por el machismo estructural. La figura de Cristina ha sido históricamente atacada con una virulencia que supera lo político: su ropa, su tono de voz, sus gestos, sus decisiones personales y familiares fueron cuestionados con una vara que rara vez se aplica a sus pares varones. La sentencia de la Corte debe leerse también en esa clave: como castigo ejemplar a una mujer que se atrevió a conducir y transformar.
Las reacciones: entre el festejo y la indignación
Mientras sectores de la derecha política y empresarial celebraron el fallo como “histórico” y “necesario para cerrar la era K”, miles de personas se movilizaron en repudio al veredicto en las afueras del departamento de Constitución de la ex mandataria y en diversas ciudades del país. Para referentes de La Libertad Avanza y del PRO, la decisión de la Corte reafirma la independencia judicial. Para el kirchnerismo, representa la confirmación de una Justicia adicta al poder político.
Diversas organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos feministas y espacios de comunicación han emitido comunicados denunciando la sentencia como un golpe a la democracia. Incluso el Frente de Izquierda llamó a movilizar. “Tres personas de un tribunal que nadie eligió y llegaron por diferentes componentes, se arrogan para sí mismo diciendo quien puede o no puede ser candidato”, manifestó Myriam Bregman. “Hay un avance antidemocrático y proscriptivo. Siempre he sido opositora a CFK, pero en este caso se hace un recorte de la realidad para proscribir a una candidata política. Son momentos donde se ve quienes tienen principios, la única manera en que se para esto es con una gran movilización.”
¿Quién celebra y quién acusa?
El mismo día en que la Corte dejó firme la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri salió a festejar en redes sociales. Su euforia no fue casual: el fallo judicial se convirtió en una victoria política para los sectores que desde hace años apuntan a borrar del mapa a la dirigenta que más votos cosechó desde la recuperación democrática.
Las sospechas sobre la orquestación judicial no se basan solo en conjeturas. Se comprobó que Macri mantiene vínculos personales con varios de los jueces y fiscales que participaron en causas clave contra el kirchnerismo. Entre ellos, jueces con los que compartió partidos de fútbol, viajes a la Patagonia e incluso encuentros en propiedades privadas. Una escena insólita, pero reveladora, fue la de jueces y empresarios cercanos al macrismo pasando un fin de semana de relax en la estancia de Joe Lewis, el magnate británico que se apropió de tierras fiscales en la Patagonia y mantiene su acceso restringido al Lago Escondido. Las imágenes de ese viaje, reveladas por medios independientes, muestran que el entramado político-judicial-mediático que sostiene el lawfare en Argentina es real, y tiene nombres propios.
Paradójicamente, mientras la maquinaria judicial avanza con velocidad contra Cristina Fernández de Kirchner, las múltiples causas de corrupción que involucran a Mauricio Macri y su entorno permanecen congeladas o directamente archivadas en Comodoro Py. Desde el escándalo del Correo Argentino —donde intentó condonar una deuda millonaria a favor de su grupo empresarial— hasta la estafa de los parques eólicos, la venta de MacAir a Avianca, la causa de peajes con Ausol, y el caso Panamá Papers, los delitos imputados incluyen tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, y lavado de dinero.
El contraste es brutal: mientras una ex presidenta es condenada sin pruebas directas por presunta administración fraudulenta, un expresidente acumula pruebas documentales, testimoniales y periodísticas que lo involucran en maniobras multimillonarias, sin que la justicia se atreva a tocarlo. No es solo impunidad: es la demostración de cómo se manipula el poder judicial para castigar a quienes enfrentan los intereses del poder económico real.
¿Y ahora?
El futuro político de Cristina Fernández de Kirchner es incierto, pero su lugar en la historia no lo es. La proscripción no borra su liderazgo, sino que lo reafirma. En un país atravesado por la crisis económica, la violencia institucional y el desmantelamiento de derechos, la persecución a quienes encarnan proyectos populares y feministas es un síntoma preocupante.
Más allá de nombres y cargos, lo que se juega es el modelo de país. Y en esa disputa, el fallo de la Corte no pone punto final: abre un nuevo capítulo de resistencia y memoria.
