Se terminó el 2022 y, a más de 10 años de su primera presentación, la Ley de Humedales no se trató en el Congreso de la Nación. Si bien fue trabajada en comisiones y obtuvo dictamen, desde las organizaciones sociales, ambientales y científicas sostienen que la propuesta de Juntos Por el Cambio, que obtuvo dictamen de mayoría, hace hincapié en evitar restricciones a la actividad productiva en vez de proteger a los ecosistemas.
En ese sentido, la ley de humedales se enfrenta a los intereses del agronegocio, de la minería transnacional, y a especulación inmobiliaria, responsable de la destrucción de miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y countries náuticos. Así lo afirma Maristella Svampa y Enrique Viale en una nota titulada “Tenemos derecho a una buena ley de humedales”.
Los humedales son ecosistemas muy ricos que albergan una gran diversidad de flora y fauna, pero también de minerales codiciados como el oro, en las vegas de la cordillera, y el litio en los salares del norte argentino.
¿Y el ambiente pa´ cuando?
Una Ley Nacional de Protección de Humedales es una herramienta que, si bien por sí sola no resolverá lo que años de extractivismo ya dañó, puede proteger y conservar uniformemente estos ambientes.
El diputado por el Frente de Todos, Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados) impulsó y presentó formalmente el llamado “proyecto consensuado”, que recoge los lineamientos de las discusiones y dictámenes en los anteriores debates legislativos y tiene el respaldo de científicos y expertos, y unas 400 organizaciones, entre asambleas, multisectoriales y colectivos de defensa del territorio.
La votación en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto resultó 59 a 49 a favor de la iniciativa opositora, mientras que la del Frente de Todos (FdT) consiguió el dictamen de minoría.
De este modo, el proyecto impulsado por Ximena García y Jorge Vara, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, tendrá prioridad. La inclinación a favor del texto de JxC se concretó con el apoyo del bloque Córdoba Federal y la ausencia de diez representantes del oficialismo, luego de que gobernadores del Norte Grande se expresaran a través de un comunicado en rechazo de la ley, convencidos de que una ley de humedales afectará sus economías productivas. Ninguna mención realizaron sobre cómo el extractivismo dominante está dañando de manera irreversible al medio ambiente.
¿Cuáles son las diferencias entre ambos proyectos?
Si bien ambos proyectos toman la misma definición de humedales, el dictamen de mayoría no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan.
Por su parte, el dictamen de minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.” Además, establece que el proceso de ordenamiento territorial debe incorporarse en un plazo máximo de dos años, mientras que el de mayoría 1 año desde la publicación del inventario, o sea 4 años desde la sanción de la ley.
El proyecto de minoría también dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental. El de mayoría los omite.
Sólo el proyecto de minoría establece un monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales.
Por otro lado, el dictamen de mayoría permite que, en la transición de la sanción de la ley y el ordenamiento territorial, se realicen cambios en el “uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.
El proyecto de minoría sostiene que se deberá realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales.
Son más amplias las exigencias de la EIA en el despacho de minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de:
f) La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;
g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;
c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;
h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;
k) La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.;
l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.
n) El cambio de uso del suelo;
p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.
La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una EIA previa.
El Dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.
El dictamen opositor le asigna la autoridad de aplicación al Ministro de Ambiente pero también al de Economía con su área de Agricultura y “la participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”.
También le da intervención a las provincias en el relevamiento a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que integraría un Comité Federal de aplicación junto a otros organismos públicos para seguir de cerca el inventario. Participaría además la Cámara Minera, lo que es fuertemente cuestionado por las organizaciones ambientales.
El dictamen de la oposición crea un fondo fiduciario para los Humedales con el 0,05% del presupuesto nacional y asigna un 70% a los titulares de los predios donde sean localizados. El resto se derivará a las autoridades competentes de las provincias.
El de minoría le da el rol de autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente con una coordinación interjurisdiccional. Crea un fondo con el 0.3 del presupuesto, que destina a implementar el inventario y sólo una porción pequeña a compensar a las jurisdicciones que conservan humedales.
También hay diferencias en la conformación del Comité Nacional de Humedales. Mientras que el de la oposición incorpora al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos, el de minoría le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas).
El mundial que nunca ganamos
Desde la Multisectorial Humedales publicaron un comunicado en estos primeros días del año. “El delta arde sembrado de maquinarias, terraplenes, cazadores furtivos, construcciones ilegales, fiestas electrónicas, fumigaciones y desmontes”, dicen. “El territorio está siendo saqueado, destruído, explotado y/o envenenado con una irracional y total negación de la finitud geofísica de nuestro planeta”.
Allí denuncian que, en un contexto alarmante de crisis climática y pobreza endémica, “los cambios en el uso del suelo a favor de la megaminería y el monocultivo, la expansión ganadera e inmobiliaria, la explotación forestal y la obtención de hidrocarburos son cambios que destierran derechos humanos básicos como el acceso al agua, al aire limpio, al alimento y a la salud”.
Para ganar este mundial, el que nos compete a todos, todas y todes, “se necesita legislación, control y un modelo de país acorde a la conservación de los ecosistemas y la salud humana”. En un año electoral, estos posicionamientos son claves para diseñar un futuro posible.
